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La Justicia procesó a Eduardo Delmonte, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) local, y a otras ocho personas, entre militantes de la corriente y familiares, por "entorpecimiento de circulación de los servicios públicos" durante el acampe de ocho días en Rioja y Sarmiento, en febrero pasado. La protesta se judicializó tras la denuncia del Municipio para que se liberara la calle. "La única respuesta que obtuvimos por el reclamo fue la criminalización de la protesta social", lamentó Delmonte al confirmar la resolución judicial de la que ya estaba notificado, y consideró que el fallo del juez Correccional Nº 2, Juan José Alarcón, "ataca, mandando a juicio, a los más débiles, en lugar de pedir a los gobiernos que resuelvan la situación". En tanto, el abogado del dirigente, Amílcar Monti, adelantó que apelará la resolución en la Cámara Penal.

El 22 de febrero pasado, la CCC decidió iniciar una medida de protesta por reclamo de becas para los estudiantes, aumento de 600 pesos mensuales para mujeres en calidad de subsidio municipal por zanjeo y desmalezamiento, y planes de Argentina Trabaja que reciben integrantes de la CCC en otras provincias. La protesta llevó a que la oficina céntrica de la Ansés cerrara sus puertas por varios días, situación que derivó en al paralización de unos cuatro mil trámites; el desvío de colectivos, y quejas de los comerciantes de la zona. Incluso, el gobernador Antonio Bonfatti calificó la medida como "extorsiva".

Dos días antes de que fuera levantada la medida, y tras la denuncia de la Municipalidad, la Justicia ordenó detenciones en el lugar, y tenía preparada la orden de desalojo. Mientras tanto, los manifestantes reclamaban una mesa de diálogo con funcionarios de nación, provincia y municipio. Ese día fueron apresados seis jóvenes, que según Monti "no tenían antecedentes". Además, horas antes de que el acampe terminara, el juzgado de Alarcón había ordenado la detención del líder local del movimiento, que finalmente no se realizó.

Sin embargo, con la orden de desalojo saliendo del juzgado, y la liberación de los seis arrestados, al día siguiente se levantó la protesta. Uno de los hechos que fue determinante para que ello ocurriera fue la intervención del Colegio de Abogados, que se ofreció a mediar en el conflicto.

Ofuscado, ayer Delmonte aseguró: "No vamos a dejar pasar esta criminalización de la protesta, porque encima seis de las personas procesadas son, además, miembros de organizaciones de pueblos originarios, que mañana (por hoy) conmemoran su día".

Delmonte señaló que entre los acusados hay dos personas que no pertenecen a la corriente. Dijo que "Marisabel Rodríguez y Omar Gómez no son miembros del movimiento, sino familiares de uno de ellos, que fueron a sacar al preso de la comisaría", cuando se produjeron las detenciones que calificó como "arbitrarias".