Cinco fiscales federales reclamaron al ministro de Seguridad Raúl Lamberto una reunión urgente: "Como responsables de la acción penal contra el narcotráfico, tenemos cuestionamientos que deben ser atendidos para proteger los intereses generales de la sociedad", expresaron en la solicitud. En ese sentido, pusieron en evidencia las falencias que sufre la policía provincial en la lucha contra el narcotráfico. "Hay solo doce hombres en la brigada Rosario con solo cinco autos, que muchas veces aportan las cámaras con que realizan las tareas de inteligencia". También cuestionaron duramente "la política de demolición" de bunkers sin identificar a sus responsables judicialmente. Para los representantes del Ministerio Público, el colmo de esta operatoria fue "un kiosco derrumbado que iba a ser allanado por la justicia federal", a pedido de la propia brigada de inteligencia local antidrogas. Finalmente, los federales reprocharon la falta de coordinación entre los investigadores, que terminan abortando operaciones contra eslabones más importantes de la cadena de comercialización de estupefacientes.

Los firmantes son el fiscal de Cámara Claudio Palacín, y los fiscales de instrucción Juan Patricio Murray, Federico Reynares Solari, Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni. El grupo le recordó a Lamberto su "preocupación por la falta de respuesta a la nota de 13 de febrero en que nos excusábamos de asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Provincial y lo invitábamos a reunirnos para tratar temas relacionados a delitos complejos, motivados estrictamente en causas de competencia federal". En rigor, los fiscales declinaron sentarse en la misma mesa que algunos jefes policiales a los que --más que intercambiar ideas-- pretenden investigar.

Los fiscales entienden que "la crisis que en materia de seguridad vive nuestra provincia y que ha motivado la declaración de la emergencia por la ley 13.297, merece de parte del ministro prestar atención a quienes somos los encargados de las investigaciones en materia de narcotráfico, y que tenemos cuestionamientos que deberían ser atendidos".

En ese punto, señalaron que "preocupa la insuficiencia de los recursos humanos y materiales de los que adolecen las diversas Brigadas Operativas de Drogas, que dependen de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones de la Policía de Santa Fe. La BOD II de Rosario contaba en abril de 2013, según su jefe el oficial Principal Juan José Castañeda, con sólo doce funcionarios policiales y con cinco vehículos en condiciones regulares de funcionamiento, los que hace mucho tiempo que son utilizados en la Brigada, por lo que resultan fácilmente reconocibles al momento de encarar cualquier investigación. Con esto cuentan para atender la problemática de casi un millón y medio de habitantes, con una complejidad y conflictividad social que se ve reflejada en hechos de violencia cada vez más cruentos y cotidianos".

Algo similar ocurre en la Brigada Operativa de Drogas X con sede en Cañada de Gómez: "Informa su jefe, el subcomisario Juan Villanueva, que cuenta solamente con cinco efectivos, entre los que se encuentran el Jefe y Subjefe, para realizar investigaciones en todo el Departamento Iriondo, como también con solo dos móviles no identificables para ejecutar las investigaciones que se les encomienda desde estas Fiscalías Federales de Rosario".

En igual sentido, los fiscales denunciaron en una carta entregada por mesa de entradas de la cartera de seguridad, anteayer, que "en los expedientes en trámite está documentado que muchos de los materiales que los funcionarios públicos utilizan (tales como máquinas fotográficas y filmadoras e, incluso, automóviles) son de uso particular y de propiedad de los mismos, los que aportan desinteresadamente en pos de llegar a resultados exitosos en las pesquisas en que intervienen, ello a pesar de las condiciones desfavorables en que se desarrollan su labor".

Los referentes del Ministerio Público Fiscal reprocharon la "política de demolición de lugares donde se expenden sustancias estupefacientes, sin realizar investigación previa alguna".

"Se ha llegado, incluso, al extremo de proceder a la demolición de estos sitios cuando había pedidos de órdenes de allanamiento que estaban por ser libradas por jueces federales, siendo que esos pedidos habían sido realizados por la Sección Inteligencia Sur de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fuerza que obviamente depende de ese Ministerio de Seguridad a su cargo. En otro supuesto se ha llegado a allanar sin orden y por la fuerza un lugar de expendio de sustancias ilícitas, rompiendo la puerta de ingreso con la probable nulidad a plantear sobre tal modo de proceder".

Finalmente se quejaron porque "desde finales de 2012 vemos una cantidad cada vez mayor de procedimientos realizados por diversas dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe, con órdenes de allanamiento expedidas por jueces de instrucción de Rosario, en los que se procede contra domicilios donde se expenden sustancias estupefacientes y se produce el secuestro de las mismas, frustrando en algunos casos investigaciones que se venían realizando en sede federal, abarcativas de otros sitios y personas vinculadas con aquel y que de este modo impiden llegar hacia estamentos mas elevados dentro de la cadena de narcotráfico".