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La Alcaidía de la Unidad Regional II volvió a ser escenario de muerte tras sus muros, como sucedió hace menos de un mes. Ayer por la tarde, una pelea entre presidiarios del pabellón B terminó con uno de ellos asesinado y un número no determinado de heridos, según la información proporcionada por la policía. Las fuentes consultadas negaron que lo ocurrido haya tenido relación con el incendio en el que fue ultimado, aparentemente por encargo, Miguel Angel Saboldi y otros dos reclusos más.

En la jefatura de Ovidio Lagos al 5200 ayer no terminaban de sopesar aliviados que una protesta de presos en la comisaría 4ª hubiera concluido sin mayores consecuencias, cuando el alerta les sonó cerca y a sus espaldas, al otro lado del extenso predio policial, sobre la avenida Francia. En el patio de uno de los pabellones de ingreso, asignado a los convictos más conflictivos, según especificó el jefe de la UR II, Raúl Ardiles, poco antes de las seis de la tarde hubo una pelea de la que participaron varios reclusos por circunstancias no precisadas. En esa reyerta, Edgardo Daniel Olivera cayó herido de muerte, con un profundo chuzazo entre las costillas, entre la axila y el omóplato derechos. El jefe de guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, José María López, indicó que el hombre llegó sin vida al centro médico, a bordo de una vehículo de la Alcaidía policial.

La víctima tenía 31 años y, según el comisario Ardiles, hacía un año que se encontraba alojado en el penal de zona sur, "antes había estado en la cárcel de Coronda", purgando una condena por robo calificado.

Las fuentes consultadas no brindaron mayores detalles de la pelea ni sus circunstancias. Sólo se limitaron a señalar que el pabellón B, con capacidad para albergar a 100 internos, ayer contenía a 60, "y no más porque son de alta conflictividad y su control requiere de medidas de seguridad extra", explicó el jefe de la UR II.

Luego de la pelea, el personal secuestró varias facas, tal como se denominan los objetos punzocortantes que los detenidos improvisan para defensa personal intramuros.

Por otro lado una orden judicial para desalojar el penal de la comisaría 4ª disparó ayer por la tarde la reacción de la mayoría de los detenidos de la seccional situada en La Paz 450, y generó momentos de tensión ante la posibilidad de que la protesta derivara en un amotinamiento. La situación, finalmente, se controló al retrotraer la medida que la jueza de instrucción Irma Vilota había expedido a partir de un hábeas corpus que habían presentado familiares de los mismos presos.

El conflicto se suscitó cuando desde la jefatura de la Unidad Regional II se dispuso hacer cumplir la orden judicial de trasladar a los 33 encausados recluidos en la seccional 4ª a penales del Servicio Penitenciario. La jueza había tomado esa decisión debido a un planteo judicial en ese sentido, presentado por familiares de detenidos contra el personal de esa seccional. El detonante había ocurrido el 16 de abril, durante un enfrentamiento del personal de guardia con reclusos en el interior del penal. Según contó la hermana de un detenido, un oficial de la comisaría disparó una escopeta con postas de goma que impactaron en el rostro del preso Sebastián Galiano. Por ese incidente, Galiano habría perdido la visión en un ojo.

El comisario Silvio Marciani, inspector de Zona 7ª, confirmó esa versión, aclaró que ese recluso fue trasladado luego de aquel episodio y añadió que en esa refriega también resultó herido un agente de la seccional. El funcionario policial relató que ayer se disponían a trasladar a los internos, quienes sin embargo se plantaron detrás de las rejas y se negaron a abandonar ese lugar de detención.

Sobre la vereda de La Paz al 400 pronto se apiñaron familiares de los presos, mujeres en su mayoría. Una de ellas, en diálogo con este diario, aseguró haber escuchado disparos y gritos en el interior del establecimiento. Llegaron más policías de refuerzo, pero --según la versión oficial-- la situación no salió de cauce. "Ante la negativa de los internos al traslado, consultamos con el juzgado y procedimos a firmar un acta por la que los que no querían irse, aceptaban quedarse, y así el hábeas corpus correctivo quedó sin efecto", contó Marciani. Uno solo de los 33 detenidos manifestó deseos de ser trasladado y ayer mismo fue ubicado en la cárcel de Piñero. El resto no.

"La mayoría de ellos son de esta zona, y nosotros no tenemos medios para viajar a Coronda ni a otro penal. Por eso es la resistencia a que los trasladen", resumió una de las mujeres que ayer se plantaron durante horas en el portón de la comisaría, para acompañar a sus familiares cautivos.