El ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, presentó ante la Cámara Penal de Rosario un recurso de hábeas corpus preventivo al considerar un "hostigamiento" y una "amenaza" el decreto del juez Javier Beltramone (Instrucción 9°) que ordenó citarlo como testigo para que declare en la causa de la represión policial de Empalme Graneros por sus críticas al magistrado que publicó en Rosario/12 ("Círculo de impunidad"), el 17 de mayo. "Es una represalia por mis opiniones", "una maniobra para amedrentarme" y silenciar sus denuncias sobre la violencia institucional, dijo el criminólogo. Y le pidió a la Cámara que "cese la amenaza a su libertad personal y, en sentido amplio, la afectación de la misma como resultado del hostigamiento" de Beltramone y revoque la resolución del juez.

Font criticó a Beltramone por su "manera de conducir la investigación" y descartar que la Policía santafesina hubiera utilizado balas de plomo para "desalojar por la fuerza un predio ocupado en Empalme Graneros". Y fundó su crítica en "las múltiples declaraciones públicas del juez", que en lugar de mantenerse neutral "respecto de ilícitos que debiera investigar", descartó de plano la posibilidad de uso de fuerza letal por parte de funcionarios policiales. En razón de ello --agregó-﷓, la crítica se basó en el "contraste" entre lo que dijo el juez y "los testimonios de víctimas de la violencia policial, sus familiares, vecinos y referentes sociales y políticos, publicados en distintos medios". "Existe una larga tradición de poca disposición por parte del Poder Judicial de Santa Fe para investigar delitos cometidos por policías, ya sea que se trate de casos de torturas, uso ilegal de la fuerza letal o corrupción. En algunos casos, más que de poca predisposición puede hablarse de claras connivencias judiciales con las ilegalidades policiales", escribió Font. "Por eso, las declaraciones del juez Beltramone, descartando el uso de fuerza letal por parte de los policías que reprimieron a los ocupantes del terreno de la monja Jordán legitiman sin más la versión policial y oscurecen más de lo que aclaran", agregó.

El 17 de mayo, el mismo día que salió la nota, Font dijo que dos periodistas se comunicaron con él para preguntarle si tenía "alguna repercusión" porque "el juez Beltramone estaba visiblemente molesto" y "había manifestado" que lo llamaría a declarar en la causa. "Ambos periodistas me solicitaron que mantuviera en reserva sus nombres", precisó. Font recordó cuando investigaba en la Universidad de Rosario las "ejecuciones sumarias cometidas" por policías, en una causa que tramitaba el juez Juan José Pasos (Instrucción 8°). Beltramone era el secretario del Juzgado y "ya había realizado comentarios críticos de nuestras investigaciones y de mi persona". "Tanto los comentarios críticos al enfoque y a los que expresaban cierta animadversión hacia mi persona los interpretamos como, por un lado, la expresión de una opinión personal crítica y, por otro, como notas de campo sumamente valiosas para caracterizar una de las subculturas organizacionales dominantes en el poder judicial provincial respecto de la violencia policial".

El 22 de mayo, Font recibió una citación del juez de Beltramone y luego un empleado del Juzgado, Carlos Ortigoza, lo llamó por teléfono para informarle que debía declarar en la causa. "Ante esta situación, le informé a Ortigoza que yo no era testigo de los hechos", que consideraba "la citación absolutamente improcedente" y la "atribuía a una reacción infundada del juez, eventualmente constitutiva de abuso de poder". La respuesta la recibió el 24 de mayo: "La medida ya está ordenada". Por lo que Font, presentó el habeas corpus ante la Cámara Penal, con el patrocinio de su colega Francisco Broglia.