El gobernador Antonio Bonfatti mostró ayer los logros del megaoperativo policial sobre la banda de los Monos, es decir la familia Cantero, cuyo barrio La Granada fue sitiado durante de la jornada del viernes con doscientos efectivos policiales y de Gendarmería. Armas, vehículos y eletrodomésticos fueron desplegados sobre el piso en el área de la División Judiciales de la UR II, el grupo policial elogiado. Fue un primer gesto. El resto fue un esfuerzo para opacar la escandalosa traición de un hombre de la Secretaría de Delitos Complejos, vendiendo legajos de sus pares antinarcóticos a las bandas en pugna. Pero sin dudas, las palmas se las llevó el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre. Según Bonfatti "el articulador del nuevo rol de los fiscales" en causas complejas como son estas asociaciones ilícitas organizadas para delinquir. Por su parte, Barraguirre expresó que "el problema central es que hay principios constitucionales que versan sobre la división de poderes o de la independencia judicial que por una mala lectura están impidiendo articular una política criminal única por parte de las distintas agencias estatales, ya sea ejecutivas o judiciales. Esto es lo que tenemos que reveer, interpretar la Constitución de otra manera a la que venimos haciendo". Pero no fue solo eso: le pidió al Ejecutivo información clara: "queremos los análisis de criminalidad, trabajos de inteligencia criminal. Nosotros vamos a poner fiscales en la calle, pero es lógico que nuestros funcionarios sepan con qué se enfrentan. La investigación prevencional es la placenta del sistema, pero si la placenta no alimenta bien, es lógico que las investigaciones que se realicen no terminen bien. Y la placenta es la tarea policial".

Palo y a la bolsa. El discurso quedó en medio de un rasgo llamativo: no hubo jefes policiales a excepción del comisario Luis Bruschi, segundo de UR II. Ayer en tanto hubo dos nuevos detenidos --sobre una docena de órdenes de captura-- aunque ninguna de las cabezas de los clanes familiares, Cantero/Bassi. También se especuló con nuevas detenciones en el marco de la investigación sobre connivencia y venta de información.

Bonfatti resaltó ayer el trabajo conjunto entre la justicia y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y la policía provincial, lo que derivo en operativos como el del viernes. "Hace rato que venimos articulando con el Procurador de la Corte, con los fiscales y la inteligencia de la policía santafesina, para abordar el narcotráfico. Los resultados están a la vista: son operativos que se realizaron con mucho éxito y que siguen hoy. Vamos a seguir trabajando en forma articulada que es la mejor manera de combatir este delito", aseguró.

En tanto, no pudo obviar el otro elemento de este megaoperativo: la detención de un sargento de la Secretaria de Delitos Complejos ("El Chavo" M.) acusado de entregar a las bandas los legajos de policías antinarcóticos. Bonfatti prometió hacer caer sobre estos policías "todo el peso de la ley porque están para custodiarnos y prevenir el delito. Por eso aquellos merecen una doble sanción desde el ético".

Y si bien dijo "no conocer los nombres" (lo que abrió un abanico de suspicacias, ya que solo hay un detenido) remarcó: "No vamos a permitir que un solo policía este actuando en contra de la ley".

De igual modo, el mandatario negó cualquier cambio en la cúpula policial, luego de conocerse las filtraciones, que permitieron entre otros puntos que uno de los miembros del clan Cantero escape a bordo de un Mini Cooper segundos antes de ser apresado.

En tanto, al momento de justificar su postura, Barraguirre destacó que desde hace cuatro meses "hemos visto demasiada fragmentación, demasiadas agencias estatales y principios constitucionales como la división de poderes, y también el federalismo judicial, que impiden en algunas cuestiones trascendentes, que se intercambie información entre fiscales federales y provinciales. Por eso venimos conversando con el fiscal Félix Crous (Procunar) y el fiscal Juan Murray, porque nos parece fundamental y necesario articular con las distintas agencias estatales, para que podamos terminar con la impunidad".

Barraguirre remarcó que "el objetivo de los fiscales no es terminar con la inseguridad, eso es tarea de la policía, pero sí nos cabe terminar con esa sensación de impunidad, que desde hace tiempo ha generado hasta literatura académica. Estamos en una situación en la cual hay que terminar con esta excesiva fragmentación. Por eso dimos la instrucción particular del último lunes, y que reproduce nuestra primer orden", dijo en referencia a la tarea mancomunada del grupo de fiscales.

"No puede ser que no tengamos la acumulación de causas por el problema de competencias y de competencias por turno. Así un juez investiga a A cuando está ligado con B, con C y con D pero estas otras investigaciones están en manos de otros jueces y fiscales. Esto se profundiza con la competencia territorial que tiene una comisaría, lo que termina fragmentando la investigación".

Por su parte la fiscal de Cámara, Cristina Rubiolo, remarcó a su turno la coordinación entre los fiscales que actuaron en el megaoperativo: Lucía Aráoz, Adriana Camporini, Graciela Argüelles y Donato Trotta, todos presentes.

En ese mismo orden, explicó que la investigación avanza sobre "una asociación ilícita para cometer distintos crímenes, como el comercio de estupefacientes, homicidios, amenazas, encubrimientos, lavado de activos y tenencia de armas".

A su turno, el otro fiscal, de Cámara Guillermo Camporini, destacó que el detenido es un suboficial sobre el cual se tendrá que probar si tenía autonomía suficiente para entregar la documentación requerida o si jerárquicamente puede haber alguien con más responsabilidad" en el ilícito.

En esta línea, Camporini remarcó que "este es el inicio de una investigación, que recién empieza. Son asociaciones ilícitas organizadas para cometer distintos delitos, algunos de competencia federal y otros de competencia provincial".