La jueza Alejandra Rodenas definirá hoy la situación procesal de Juan Cabrera, alias el Indio Blanco, detenido en la madrugada del sábado en el cabaret La Rosa, acusado de facilitamiento y promoción de la prostitución con fines de lucro, un delito contemplado en el Código Penal argentino a partir de la ley de profilaxis, de 1936. Pero que después de la modificación de la ley de trata, en diciembre del año pasado, significó el endurecimiento de las penas como así también un dato nuevo: se descarta el consentimiento de las mujeres para su explotación sexual. Al mismo tiempo, del material colectado en el procedimiento, en la madrugada del 25 de mayo, aparecieron nuevas pruebas que ahora la justicia deberá valorar. Rodenas debe definir también si otorga a Cabrera la medida de sustitución de prisión preventiva pedida por su abogado, Paul Krupnick, quien ayer adelantó que "los plazos están casi vencidos".

Cabrera fue encontrado en una de las habitaciones del hotel lindero al cabaret. Intentó escaparse por los techos, pero efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales lo atraparon. Esa noche, se encontraron en el lugar 18 mujeres y un número similar de clientes. Esa misma noche, en el Instituto de la Mujer, algunas mujeres contaron ante profesionales de la Dirección Provincial de Trata que el propio Cabrera les daba, al final de la noche, la mitad del dinero pagado por los clientes por las relaciones sexuales.

Ayer, Krupnick salió a los medios para defender la posición de Cabrera. Adelantó que hoy "puede haber una resolución en cuanto al fondo de la cuestión y en relación al pedido de sustitución de prisión que se hizo la semana pasada y que tiene vista favorable de la fiscal de la causa".

La jueza deberá decidir si procesa a Cabrera y también si lo deja en libertad, y en qué condiciones. La fiscal Nora Marull ya emitió su dictamen favorable a la medida.

En el marco de la resolución, Rodenas podría remitir las actuaciones a la justicia federal para que se investigue si existe el delito de trata de personas, como así también a la Municipalidad, por la abundante prueba de la conexidad entre el hotel y el cabaret, que está prohibida por la ordenanza 8667, de 2010. También podrían enviarse copias de la causa a la Afip, debido a los registros de operaciones de dinero en negro que se encontraron en los dos locales. La magistrada podría decidir, además, nuevas indagatorias y medidas de prueba.

Por su parte, Krupnick explicó que la jueza podría ordenar la sustitución de la prisión preventiva en la que se encuentra su cliente "por otras medidas sujetas a ciertas restricciones, que pueden variar desde una fianza hasta presentarse con cierta frecuencia al Tribunal o no salir del ámbito de la ciudad".

Al mismo tiempo, Krupnick cuestionó que desde diciembre pasado, tras el fallo que resolvió dejar en libertad a los acusados por el secuestro de Marita Verón, "se convirtió en delito algo que antes no era delito en el Código Penal". De esta manera, ahora "se reprime la facilitación o promoción de la prostitución, aún de personas mayores de edad y aún con su consentimiento".

El profesional adelantó una estrategia defensista: "Entendemos que es una norma de dudosa constitucionalidad. No es un planteo que debamos hacer en esta etapa preparatoria. Pero es inconstitucional en tanto y en cuando prohíbe a personas mayores de 18 años y con libre consentimiento pactar sobre una cuestión que no es punible, como el ejercicio de prostitución".

Y resaltó que "el Estado autoriza la apertura de un local bajo el rubro cabaret o whiskería. Y rubrica y certifica contratos de alternadoras o coperas. Y por el otro lado el mismo Estado sale a reprimir el favorecimiento de la prostitución. Y ahí hay una contradicción", se quejó Krupnick.