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Los concejales Roy López Molina (PRO) y María Fernanda Gigliani (PPS) fueron designados presidente y vicepresidenta de la Comisión Investigadora de las 32 concesiones municipales. Con la elección de sus autoridades, se puso formalmente en funcionamiento el órgano investigador que a partir de ahora tendrá 90 días para analizar los expedientes y posteriormente 10 días hábiles para emitir un dictamen final. "Avanzamos en la redacción del reglamento interno y realizamos el pedido puntual al Ejecutivo para que envíe copia de los 32 expedientes de las concesiones sobre espacios públicos vigente, ya que es un material voluminoso y lo vamos a necesitar cuanto antes", explicó el edil macrista a Rosario/12.

La Comisión Investigadora, una iniciativa del concejal Jorge Boasso (UCR), tiene amplias competencias para pedir informes y solicitar documentación al Departamento Ejecutivo. También podrá citar a funcionarios para brindar explicaciones sobre aspectos relacionados a las concesiones municipales. Si bien existió un planteo para que las reuniones de las comisiones sean periódicas, López Molina dijo que la idea, al menos en el primer mes, es realizar encuentros semanales, para avanzar con el análisis de los expedientes y además conformar un cronograma de trabajo en el que se establecerá la convocatoria de funcionarios, entre ellos la directora de Concesiones municipal, Hilda Gontín.

Además de designar a los ediles López Molina y Gigliani como presidente y vicepresidenta de la Comisión Investigadora de concesiones municipales, fue propuesto como secretario el funcionario de la Comisión de Planeamiento, Gerardo Marcos. Los concejales Jorge Boasso (UCR), Manuel Sciutto (PS), Diego Giuliano (Encuentro por Rosario), Alberto Cortés (PSA-Proyecto Sur), Norma López (FpV); Aldo Poy (PDP), Oscar Greppi (Ari-CC), Daniela León y Gonzalo del Cerro (UCR) son los representantes de los bloques políticos designados para integrar la comisión.

El titular de la Comisión Investigadora de concesiones municipales adelantó que podrán nombrar como asesores a un abogado, un contador y un arquitecto, con el objetivo de "abarcar la cuestión administrativa, las fórmulas para establecer canones, y las cuestiones urbanísticas que impiden realizar una obra de una concesión a cargo".