El juez de la causa por la explosión del edificio de Salta 2141, Juan Carlos Curto, y el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, volvieron ayer al escenario de la catástrofe. El magistrado aseguró que "no se descarta ninguna hipótesis, incluso que pudiera haber otra persona imputada". Junto al fiscal concurrieron la zona de Oroño y Salta para supervisar la tarea de peritos de Gendarmería Nacional, que volvieron a seleccionar distintos elementos para posteriores peritajes que deberán aportar a la tarea de determinar responsabilidades penales y civiles. "Seguimos con el acopio y clasificación de material. Ya tenemos imágenes de dos bancos en los que se ve que hay héroes que se pararon delante del tránsito y lo desviaron. Si no fuera por ellos, hubieran pasado por el frente del edificio al momento de la explosión", destacó el juez. "Acá se ha hablado de que hay 700 víctimas en un radio de dos o tres cuadras, y es el universo posible a llamar a declarar. La fiscal pidió una serie de medidas diversas, se están revisando videocámaras, hay muchas cosas pendientes como para no descartar nada", agregó Curto.

Antenoche, luego de tomarle declaración informativa a los gerentes de Litoral Gas Conrado Bianchi, Viviana Leegstra y José María González, se le preguntó al magistrado porqué ya había elementos para imputar al gasista Carlos García, y nada para involucrar aún a la empresa prestadora del servicio. Curto contestó: "Porque la ubicación y vinculación del gasista fue más sencilla, y la sospecha de que había participado en la maniobra de trabajar sobre los conductos de ingreso de gas estaba bastante acreditado como para vincularlo a la causa. Para hacer eso con otras personas hay que reunir más pruebas, y eso podrá suceder o no en el futuro, tal vez surja de la prueba pericial". Al respecto, Camporini reveló que a su entender "hay un obrar imprudente del gasista, y no puede descartarse la (posibilidad de que haya incurrido en) impericia".

Tras la declaración que el juez Curto le tomó el viernes por más de cinco horas a tres gerentes de Litoral Gas, la fiscal Graciela Argüelles había ratificado su inconformidad con el sistema de inspecciones de la empresa concesionaria del servicio. "Son deficientes y limitadas", dijo. Los ejecutivos expresaron que la empresa no capacita ni examina a los gasistas, aunque sí les otorga la matrícula para intervenir en reparaciones como la que precedió a la catástrofe del martes en Salta 2141. Por ahora, nadie en la distribuidora está imputado pero las preguntas de la fiscal aún no entraron en terreno de dirimir responsabilidades. El juez confirmó la detención del gasista Carlos García, y excarceló al ayudante, Pablo Miño, quien igual seguirá vinculado a la investigación.

El magistrado a cargo de la investigación de la devastadora explosión fue consultado sobre el valor que tuvieron las declaraciones de los funcionarios de la empresa Litoral Gas en el día viernes. "Aportaron elementos. Respondieron a un amplio cuestionario que preparó la Fiscalía y siguen aportando elementos. Habrá otras declaraciones. Se les pidió documentación complementaria de lo que se secuestró en un primer momento", agregó.

Camporini aclaró que las declaraciones del directivos de Litoral fueron en carácter de informativas, es decir que existe un grado de sospecha que si bien no llega a ser suficiente para imputarles un delito tampoco alcanza como para que sean considerados simples testigos. "Es una declaración intermedia con garantías como si fuese una indagatoria, es decir pueden abstenerse de declarar y pueden nombrar un abogado defensor, cosa que así hicieron", agregó el fiscal.

"El tribunal en cuatro días ha avanzado mucho. Se tomaron cualquier cantidad de declaraciones, se secuestró documental, ya comenzaron las pericias. El doctor Curto tiene programado para el lunes un montón de nuevas medidas", añadió Camporini.