El intento por reconstruir las rutinas de quienes sobrevivieron a la catástrofe en Salta al 2100 empezó a asomar en los trámites iniciados para obtener la ayuda estatal, recuperar documentos y planificar la reparación de los inmuebles y la limpieza de la cuadra devastada. Hasta ayer, 139 familias solicitaron el subsidio de 20.000 pesos para alquilar una vivienda. Concluyó el relevamiento sobre las necesidades de familias y comerciantes que ocupaban las 232 propiedades de la cuadra, y comenzó la inspección edilicia de los edificios y las viviendas afectadas. Mañana se sabrá cuántos edificios habrá que demoler, y de qué manera, siempre y cuando lo autorice la Justicia.

Desde el lunes, el gobierno provincial habilitó la atención a los damnificados para que tramiten los subsidios que le permitan alquilar vivienda mientras duren los trabajos de reparación edilicia en Salta al 2100. La ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, señaló que se presentaron 139 solicitudes en la sede de Gobernación. Hay 232 propiedades relevadas en la zona crítica, pasibles de merecer una de esas ayudas, lo que supone unos 4,6 millones de pesos disponibles para atender esa necesidad inmediata. Aunque la demanda en este punto no llegará a tanto porque entre los inmuebles afectados había algunas unidades deshabitadas.

La ministra consideró que estas gestiones se irán desarrollando según la situación particular que esté atravesando cada familia. Del total, hay unas 27 --que suman 57 personas-﷓ alojadas en hoteles costeados por el Estado, y la mayoría se reubicó en domicilios de familiares y amigos. Otro de los emergentes que asoman tras lo peor de la tragedia es el rescate de documentación sensible. Se realizaron más de 100 DNI pero hay más: escrituras, títulos de propiedad automotor, certificados, licencias de conducir, credenciales y un sinnúmero de papeles cuya ausencia queda en evidencia para sus dueños a medida que se disipan las lágrimas más pesadas. "Es el caso de los títulos universitarios. Mucha gente empezó a registrar esa falta y apareció la demanda, por eso se gestionó que la Universidad Nacional de Rosario arme un centro especial para expedir de nuevo esos títulos para los damnificados que lo requieran", contó Bifarello.

El Banco Municipal montó una oficina móvil en el Centro Cívico para asesorar sobre los créditos a tasa subsidiada de hasta 50.000 pesos para adquirir muebles y enseres domésticos a los residentes de la cuadra, a excepción de los sobrevivientes de Salta 2141, para quienes ese importe con ese fin va en calidad de subsidio no reintegrable.

Los damnificados serán convocados telefónicamente cuando empiece en estos días el operativo de limpieza, con los residentes presentes para acompañar al personal que ingrese a las propiedades a limpiar. El titular de Protección Civil, Marcos Escajadillo, indicó que la cuadra siniestrada sigue restringida a la circulación, pero los residentes pueden volver previo aviso a recuperar más pertenencias de sus domicilios. Menos los de la torre donde se produjo la explosión, claro.

Técnicos de la Dirección de Obras Particulares y de la Secretaría de Hábitat, y de empresas constructoras contratadas por decreto provincial, empezaron ayer a relevar los daños edilicios en las torres de Balcarce 208, 188 y Salta 2108, y en los locales de la pizzería Anajuana y del banco Macro, sobre bulevar Oroño. Ya suma un centenar las unidades examinadas, y hoy continuarán con las propiedades siguientes, hacia el centro de la cuadra por ambas veredas. "Empezamos por los casos de menor complejidad, donde haya que reponer vidrios, aberturas, puertas, hacia donde están los daños más graves y estructurales", explicó el subsecretario de Planeamiento municipal, Eduardo González.

Las autoridades dan por sentado que las ruinas del edificio estallado serán demolidas, pero resta el informe técnico que determinará si será menester eliminar otras propiedades linderas. González no descartó esa posibilidad, pero la dejó supeditada al examen profesional. "Este jueves tendremos los datos necesarios para tomar la decisión. Esa conclusión se la elevaremos al juez, quien debe autorizarlo porque se trata de propiedad privada", dijo el funcionario.