Seis policías del Comando Radioeléctrico fueron condenados a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por haberle exigido 60 mil pesos a un comerciante de origen chino, durante un procedimiento irregular. El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2011, alrededor de las 4 de la madrugada, en Avellaneda al 1600, donde los oficiales llegaron con tres móviles, subieron a la planta alta del local, ejercieron "abuso de su investidura de funcionarios públicos" y "amenazaron" a los ciudadanos orientales para que les dieran el dinero que había sobre la mesa. De esa manera se apoderaron de la suma aproximada de 50 mil pesos. El juez de Sentencia Nº 1, Ismael Manfrín los condenó por los delitos de "robo por empleo de violencia sobre las personas, agravado por ser sus autores integrantes de fuerzas policiales, estando afirmado un obrar doloso dirigido al apoderamiento ilegítimo de dinero, con violencia intimidatoria sobre las personas".

Los acusados son los policías Gustavo González, Oscar Gatti, Hernán Vélez, Diego Leguizamón, Cesar Pestaña Oviedo y Darío Horacio Perezlindo, quienes "utilizaron violencia intimidatoria" contra las personas de origen oriental que estaban en la planta alta del local, y luego hicieron pasar el procedimiento como un problema intrafamiliar por el que concurrieron, presuntamente alertados, al lugar.

Las víctimas fueron los orientales Li Cheng, Lin Shnei, Lin Zhixiong y Chen Fu He, quienes al día siguiente presentaron la denuncia en la División Judiciales de la Unidad Regional II. Los agentes fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad provincial, y detenidos por orden de la jueza Roxana Bernardelli.

Según el denunciante, en el lugar se organizaban reuniones habituales de la comunidad, de las que participan varios ciudadanos chinos, aunque no se dieron los motivos de los periódicos encuentros entre miembros de la comunidad. Trascendió que podrían compartir juegos de azar.

Según expresa la resolución, "se comprobó el ingreso no consentido de por lo menos seis agentes policiales uniformados, quienes mediante violencia se apoderaran de una suma de dinero no precisada (aproximadamente 50 mil pesos, dice el fallo), que se hallaba sobre la mesa de la vivienda y en los bolsillos de los nombrados".

Uno de los patrulleros con cuatro uniformados llegó a las 3.52 a la estación de servicios de Avellaneda y Pellegrini, y permaneció allí hasta las 4.33. En el expediente aparece como dato que los GPS indicaron que otras dos patrullas "recorrieron casi cuarenta cuadras en dos minutos y cuarenta y cuatro segundos; es decir, acudieron a dicha estación de combustible con marcada premura, lo que constituye un serio indicio de la actividad delictiva que luego desplegarían". Enseguida se colocaron "en un lugar apropiado para visualizar los movimientos de aquel domicilio" donde estaban reunidos los ciudadanos chinos. Cuando estaban todos, "irrumpieron para apoderarse ilegítimamente de una suma de dinero, empleando violencia intimidatoria (amenazas) y las armas de fuego que portaban", reza la resolución.

Aunque los acusados habían aludido a un llamado al 911 de parte de vecinos que daban cuenta de una pelea entre orientales en la vivienda, para justificar la presencia de patrulleros en el lugar, luego se constató que no existió tal comunicación. Para el juez Manfrín, "los procesados buscaron por los medios a su alcance justificar su presencia en el domicilio", donde llegaron "sin motivo funcional alguno".

Para el juez suena extraño que "concurran tres móviles policiales para "apaciguar" una situación intrafamiliar, y que permanezcan en el sitio por espacio de cuarenta minutos".

En el mismo fallo, Manfrín resolvió la absolución de otros dos efectivos acusados que estuvieron escasos minutos en el lugar del suceso.