[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Tras abstenerse a declarar en el juzgado de Javier Beltramone, los responsables de la administración del edificio de Salta 2141, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, quedaron imputados por "falta de control frente a su deber legal tendiente a la custodia y mantenimiento de los bienes del edificio". Por otro lado, los administradores, con patrocinio del abogado Víctor Corvalán, presentaron una nueva recusación a Beltramone por presunta "falta de imparcialidad", frente a declaraciones del magistrado a la prensa. Antes del mediodía, el juez resolvió el rechazo y elevó el planteo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal -donde se resolverá también la recusación de Litoral Gas- para que decida si el juzgado se queda o no con la causa por "estrago culposo agravado", que tiene otras indagatorias previstas.

Los administradores del consorcio del edificio siniestrado el 6 de agosto pasado, fueron citados por el juez después de recoger testimonios de víctimas, deudos y damnificados por el hecho, durante dos semanas. Algunos testigos aportaron datos clave para que la Justicia avance en las responsabilidades.

Muchos testimonios apuntaron al cambio de regulador del edificio. Fuentes externas al juzgado, pero con acceso al expediente, señalaron que cuando se advirtió del cambio de regulador que debía realizarse, frente a los problemas que iban desde las pérdidas de gas hasta la escasa presión en el suministro, Litoral Gas "pedía dos reguladores para que el edificio pudiera llegar al caudal necesario, pero esto demandaba un gran costo para la administración, por lo que se decidió comprar un solo regulador más grande". En aquel momento, los administradores plantearon que "ésa sería la solución, y se lo informaron al gasista (Carlos García) sabiendo que dicho cambio era irregular", expresó la fuente consultada.

Es más, el 25 de julio pasado Calvillo Propiedades envió un correo electrónico a los copropietarios del complejo de departamentos en el que comunicó que Litoral Gas "habilitará el servicio una vez terminado el trabajo", pero advirtió: "Hay que seguir la normativa". Para los investigadores, ello da cuenta de que "tenían conocimiento de la misma".

En tanto, el 31 de julio, una semana antes de la catástrofe que terminó con la vida de 21 personas, enviaron otro correo: "El gasista (García) dijo que para cambiar el regulador habría que ir departamento por departamento para controlar el gas"; pero lo que resultó "llamativo" fue que la administración pusiera "al gasista como controlador".

Dos días después, avisaron que el matriculado "planteó que no sería necesario controlar las viviendas una por una", pero que lo había aconsejado como "conveniente". Sobre ello, un testigo dijo que "avisaron que se cobrarían 150 pesos a cada uno por esa revisión; pero plantearon que no era obligatorio".

Por esos días, ante el planteo de "escaso caudal de gas", la administración decía "que no se llame a Litoral Gas". Dos de los habitantes que resultaron fallecidos, habían enviado correos electrónicos a los responsables del consorcio, solicitando mayor información sobre los arreglos que estaban previsto realizar en la instalación; incluso "plantearon dudas sobre las operaciones; preguntaron por qué había que cambiar el regulador y si el problema era del edificio o de Litoral Gas". Las respuestas no trascendieron.

Para realizar las imputaciones, los investigadores se valieron también de documentación secuestrada en las oficinas de la administración, en España 55, allanadas por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

En tanto, la nueva recusación se sumó a la de Litoral Gas, y las dos fueron rechazadas por el juez con los mismos argumentos: "Improcedentes e inadmisibles". Sobre todo porque lo que hizo el magistrado al adelantar que serían indagados los dos administradores "fue informar una decisión, no adelantar opinión".