Tras quince meses de investigación, la Justicia resolvió archivar la causa iniciada a raíz del desmoronamiento parcial del Parque España, incidente ocurrido el domingo 13 de marzo del 2005 en el cual cuatro personas resultaron heridas. En su resolución, el juez Edgardo Bistoletti (Correccional 8º Nominación) destacó la imposibilidad de individualizar a los responsables del derrumbe -habida cuenta de la cantidad de organismos y jurisdicciones involucradas-. Al mismo tiempo, el magistrado señaló que de haberse comprobado el delito de estrago culposo agravado, el mismo estaría prescripto ya que debiera imputarse las irregularidades a las autoridades que inauguraron el muelle en el año 1994. La fiscal Elida Rivoira anunció, extraoficialmente, que apelará la decisión de Bistoletti.

En total fueron 500 los metros cuadrados que cedieron aquella jornada de marzo del año pasado, en la zona lindera a los galpones del Centro de Expresiones Contemporáneas. Cuatro personas resultaron con heridas leves pero pudo haber sido una tragedia si en el lugar había más transeúntes.

Inmediatamente después del desmoronamiento, la municipalidad clausuró la zona afectada. Días después, el juez Bistoletti ordenó la clausura de gran parte de la costanera central, incluyendo a la mayoría de los clubes de pesca del área. Incluso instó a los gobiernos municipales y provinciales a encontrarles soluciones habitacionales a las personas que vivían en las barrancas del río, a la altura del Parque Sunchales.

Gran parte de la zona vedada al público ya fue habilitada a excepción del área que cedió y uno de los restaurantes de la zona. El municipio aún no recibió los fondos nacionales necesarios -30 millones de pesos- para lanzar la licitación tendiente a reparar el muelle.

La investigación estuvo marcada por un debate en torno a la competencia: finalmente la Cámara de Apelaciones entendió que le correspondía investigar a la Justicia Correcional y no a un magistrado de Instrucción. Semanas después de haber sido confirmado en el caso, Bistoletti resolvió archivar la causa, de acuerdo al artículo 200 del Código Procesal Penal.

Bistoletti instó a no olvidarse que "la construcción de toda la zona del Puerto de Rosario, responde a principios del siglo XIX, y fue inaugurado en el año 1902". Citando al ingeniero Dante Seta señala que "la explotación del puerto tenía previsto (una duración de) cuarenta años de concesión y su duración lleva más de cien años, y con la mayor parte de sus estructuras iniciales en uso". También menciona las conclusiones del informe de los profesionales del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE), según las cuales "el bajo grado de fiabilidad de los pilotes, a pesar del mantenimiento efectuado por la Municipalidad, hace que sea difícil estimar el mecanismo de falla, la que puede producirse al intervenir una acción exterior cualquiera (empuje de suelo, oleaje, erosión) en forma aleatoria, individual o combinada, actuando sobre una estructura con pocas reservas de resistencia".

De allí que el juez concluyó sobre la imposibilidad de individualizar la responsabilidad penal, la que se diluye por la multiplicidad de factores causantes del derrumbe y la cantidad de organismos intervinientes. Incluso plantea que, de corroborarse la comisión del delito imputado, estaría prescripto ya que el estrago culposo agravado debiera endilgarselo a las autoridades con poder de policía que inaguraron con irregularidades el muelle que se desmoronó en marzo del año pasado.