Las videocámaras de la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional II dejaron de funcionar el domingo 20, pocas horas antes de que un detenido escapara en circunstancias curiosas para el sentido común de la jueza y la fiscal que investigan el caso. Por eso, el sistema no registró imágenes que ayuden a elucidar cómo el preso salió de su celda y llegó hasta el portón de Francia al 5200 con el pretexto de recibir un paquete. El cese del dispositivo de videoseguridad se debió justo a un corte activado por una llave térmica. En el seno de la pesquisa casi aseguran que el incidente fue un sabotaje destinado a facilitar el escape sin dejar evidencias. Por eso ayer el jefe de la Alcaidía declaró en Tribunales y volvió a prisión preventiva, imputado de cargos como facilitar la evasión del convicto y no acatar instrucciones judiciales sobre el aseguramiento de pruebas. Un suboficial idóneo en sistemas también está involucrado, aunque en una situación menos comprometida.

La hipótesis del sabotaje al sistema de cámaras fue el epicentro de las preguntas que la jueza de instrucción nº 6, Raquel Cosgaya, y la fiscal Nora Marull, le plantearon a quien hasta ayer era el jefe del presidio situado en el predio de la Jefatura de la URII, Walter Demarco, y al sargento Fabián Villalba, entendido en ese dispositivo tecnológico.

El comisario arrancó su indagatoria con la intención de ejercer su derecho de negarse a declarar, y sólo decirse inocente y lego en informática. Pero al final permaneció en el juzgado por alrededor de una hora y media, brindando su versión en torno a la fuga de Brian Cáceres, preso por homicidio, hacia las 18.30 del domingo pasado.

Cosgaya y Marull quisieron saber porqué no hubo constancia escrita de una serie de instrucciones que le impartieron luego de la fuga. Entre ellas, requisar la celda del fugitivo, y preservar las videocámaras sin alteraciones. Un perito enviado por la jueza había revisado los artefactos y notó que por un incidente eléctrico interno las cámaras 2, 6 y 3 habían dejado de grabar a las 13.49, y que permanecieron así hasta después de las 18.30, hora en la que se produjo la evasión. Cuando el sistema se reinició, las imágenes captadas resultaron defectuosas. El perito regresó esta semana al penal para continuar con el análisis del hardware y de sus archivos de video, y descubrió que alguien había suprimido algunas grabaciones. La maniobra resultó burda a los ojos del técnico, por cuanto puede determinarse el día y la hora exacta en la que esos archivos fueron borrados.

De Marco dijo que los domingos acostumbraba a ir por las mañanas a la Alcaidía. Y al preguntársele si estaba allí en el momento de la fuga de Cáceres, el comisario sorprendió: "No voy a contestar esa pregunta", dijo. Por lo demás, aseguró que obedeció la orden de la jueza y mandó a requisar la celda, aunque sólo lo hizo de manera verbal, y dio "instrucciones vía telefónica" de que ningún detenido saliera de su celda mientras se desarrollaban las primeras averiguaciones. En cuanto al celo que debía poner en preservar la integridad del sistema de video, alegó que lo dejó en manos de la Dirección General de Asuntos Internos. En efecto, estos agentes estuvieron en Alcaidía, pero la eliminación de archivos habría sido posterior, de todos modos.

"Hicieron saltar la llave térmica, es fácil y luego esa maniobra provoca un error en las grabaciones. Lo mismo pasó en Newell's", relacionó una fuente judicial. La mención aludió a los incidentes violentos ocurridos en enero pasado, adentro y en los alrededores del Coloso del Parque, en ocasión del clásico que debía jugarse contra Central en Arroyito. Esa vez un policía y un hincha fueron baleados durante aquella gresca. El peritaje arrojó que hubo un sabotaje para hacer saltar un disyuntor y apagar así las cámaras de seguridad del estadio. De esa manera, se eludió adrede la captación de imágenes que, precisamente, justifica la razón de ser de las cámaras.

La fuga de Cáceres ocurrió durante un trámite curioso: dos agentes lo acompañaron hasta el portón exterior de la Alcaidía para recibir un paquete de manos de una joven que lo aguardaba en una moto. Los guardias no tomaron previamente ni la identidad de la visitante. Y el paquete en cuestión resultó una pistola con la que Cáceres apuntó a sus custodios y escapó con simpleza. Cuando le preguntaron a De Marco si no le parecía por lo menos absurdo que para entregar un paquete a un detenido se lo lleve a éste hasta el portón de salida, el ex jefe respondió que sí, "pero se hace así desde siempre, y yo estaba desde hacía tres meses nomás".

Por el lado del sargento Villalba, su situación es menos apremiante. Quedó imputado por el presunto encubrimiento de maniobras destinadas a inutilizar evidencias de interés para la investigación penal. El suboficial contestó todas las preguntas y se declaró ajeno a las maniobras realizadas para desactivar el sistema. El día de la fuga, dijo, él no estaba en la ciudad.

Tanto De Marco como Villalba fueron desplazados de sus funciones y puestos en disponibilidad, antes que anteayer la jueza ordenara su detención. Por si fuera poco, el jueves a la tarde escapó otro preso, Víctor Suárez, procesado por estafas. Al parecer, cuando lo llevaron a una oficina para un trámite de ingreso y le quitaron las esposas, el reo golpeó al policía y corrió hasta el portón de avenida Francia. Encima, logró abrirlo y esfumarse sin más esfuerzo que agitarse un poco.

Ayer, después de ser interrogados, la jueza ratificó su condición de imputados y el estado de prisión preventiva para ambos.