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Miércoles, 13 de noviembre de 2013

CIUDAD › ORDENAN QUE LA HIJA DE UNA DESAPARECIDA OCUPE EL PUESTO LABORAL DE SU MADRE

Reparación que va más allá del salario

En una resolución sin antecedentes, el juez federal Héctor
Zucchi hizo lugar al amparo de María Laura Megna Tasada, quien
reclamó ser incorporada en la Aduana, donde trabajaba su madre.

 Por Lorena Panzerini

En un fallo "novedoso", que "no tiene antecedentes", la Justicia Federal de Rosario hizo lugar a la acción de amparo de María Laura Megna Tasada, hija de una empleada de la Aduana local, que fue secuestrada en 1977, y reclamaba su derecho a ocupar el puesto laboral de su madre. El juez Héctor Zucchi ordenó a la Dirección General de Aduanas su "inmediata designación en la planta permanente" del organismo. Aunque todavía la Aduana podría apelar la resolución, el abogado patrocinante Marcelo Abaca, consideró que "debería cumplirse" lo ordenado por el juez. María Laura tenía nueve meses cuando secuestraron a sus padres el 4 de septiembre de 1977. Después de reclamar su derecho por la vía administrativa, fue a la Justicia a fines de agosto pasado, y ayer obtuvo respuesta favorable. "Es un reconocimiento a medias, porque todavía estoy esperando que rectifiquen el legajo de mi mamá", dijo María Laura, quien se manifestó "muy feliz" por la resolución, y subrayó su carácter inédito.

"Tengo expectativas de que no se dilate más esta situación. Es impresionante, no me lo esperaba porque había muchas formalidades, trabas burocráticas que son muy difíciles de sortear", dijo la joven hija de desaparecidos, quien subrayó: "Hubo un reconocimiento a medias de Afip, que admitió el estado de desaparición de mi mamá pero aún no lo rectificaron en el legajo".

Mediante cédula de notificación con fecha del 12 de noviembre, María Laura Megna Tasada, hija de Hugo Alberto Megna y Adriana Tasada, recibió ayer la noticia que esperó durante años. En el expediente que se resolvió en el marco de la ley 16.986, el magistrado decidió "hacer lugar a la acción de amparo interpuesta".

Abaca consideró que "la cuestión no debería haber llegado a la instancia judicial, porque se trata de una víctima del terrorismo de estado". Y agregó que María Laura "está contenta. Esperamos que esto sea suficiente para que la convoquen" desde la Aduana.

La joven era una beba cuando las fuerzas armadas ingresaron en una casa de Villa Gobernador Gálvez, donde la familia estaba escondida de la persecución política. Su padre era empleado en una fábrica; y su mamá trabajaba en la Aduana de Rosario. El grupo comando secuestró al joven matrimonio de militantes del PJ y prometió volver por la beba al otro día. Aunque lo cumplieron, su abuela la recuperó poco después.

A 36 años de la desaparición de sus padres, María Laura reclamó su derecho a ingresar a la Aduana, como hija de una empleada declarada fallecida. Rosario/12 publicó su reclamo en agosto pasado, cuando la "falta de respuestas" la llevó a Tribunales Federales con un recurso de amparo para hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo aduanero número 56/92.

El abogado Marcelo Abaca, que patrocina a María Laura en su reclamo, recordó que la normativa mencionada apunta a que los hijos de empleados fallecidos de la Aduana deberán ser tomados para ocupar el puesto que dejaron sus padres. Sin embargo, a cuatro meses de haber iniciado el trámite administrativo, María Laura no obtuvo respuestas del organismo, y fue a la Justicia.

Los trámites para el ingreso comenzaron el 19 de abril, cuando Abaca presentó el pedido de ingreso de María Laura -﷓de profesión abogada-﷓, en el marco del artículo 24 del convenio colectivo de trabajo 56/92. Frente a la falta de respuestas, el 5 de junio ingresó un pronto despacho en el que se intimó a la Aduana para que en 72 horas resolviera la situación. Sin embargo, el reclamo no fue escuchado.

Agotada la vía administrativa, Abaca -﷓que fue empleado aduanero durante 15 años-﷓ preparó un recurso de amparo que fue presentado a la justicia en agosto. Fue la primera vez que un hijo de desaparecidos con presunción de fallecimiento recurrió a esa vía para que se reconozca su derecho como tal.

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Para el abogado Marcelo Abaca "debería cumplirse" la orden judicial.
Imagen: Andrés Macera.
 
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