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Tras la defensa que hizo Litoral Gas, en una solicitada que salió ayer en los diarios, sobre el accionar del personal que estuvo abocado a los trabajos en el edificio de Salta 2141, antes de la tragedia, ayer la fiscal Graciela Argüelles aclaró que "hay pruebas para imputar" y recordó que la empresa "rehabilitó el servicio cuando no estaban dadas las condiciones de seguridad". En tanto, Carlos Buffarini, abogado del gasista Carlos García, a quien la empresa acusó por la explosión del 6 de agosto, cuestionó el cambio de actitud de la empresa frente a reclamos similares al que se realizó en el edificio siniestrado. "La empresa debería explicar por qué ahora hace controles que antes no hacía", lanzó el letrado. Hoy continúan las declaraciones de personal jerárquico de la distribuidora en la Justicia.

La solicitada que se publicó ayer en los medios gráficos rosarinos marca en cinco puntos el accionar de la prestataria, relacionado con el suceso de calle Salta, en los que se deslinda de cualquier responsabilidad. Además, concluye que la responsabilidad de la explosión es del gasista y su ayudante, quienes a pedido de la administración del consorcio hicieron el trabajo de cambio de regulador "sin avisar" a la empresa.

La primera en salir a responderles fue la fiscal Argüelles. Según indicó a Rosario/12, "hay elementos" por los que la Justicia hace la imputación puntual a cada uno de los acusados; además, remarcó que todavía "no queda claro" por qué el primer inspector que cortó el servicio el 25 de julio hace una marca amarilla en la vereda para realizar otro trabajo, incluso se pidió autorización "urgente" a la Municipalidad y esa tarea que nunca se hizo. "¿Había otro trabajo más importante que se frustró? ¿Cuáles eran los trabajos proyectados", se preguntan por estas horas los investigadores.

"Si hemos realizado imputaciones y vamos a continuar, es porque tenemos pruebas para poder convocar a una persona a prestar declaración. El juez tiene que tener lo que se denomina el grado de sospecha de que esa persona tuvo alguna participación en ese hecho. Hay pruebas que permiten esa convocatoria y nos permiten pensar en una responsabilidad penal probable de esas personas que estuvieron operando y tuvieron intervenciones en ese gabinete de Salta 2141", dijo la fiscal en LT8.

Además, la funcionaria consideró que la solicitada "es parte de la estrategia de la defensa, y está bien, pero la fiscalía tiene otra mirada sobre la causa. Entiende que hubo incumplimiento de la normativa tal como se ha imputado a las personas que prestaron declaración indagatoria. No se han cumplido las normas básicas de seguridad denominadas NAG 100, ni tampoco la normativa NAG 200 que son las normas a las que deben ajustarse los procedimientos de la empresa según la normativas vigentes", detalló. "De modo que consideramos que hay responsabilidad penal a título probable", agregó.

La fiscal recordó también que mañana llegan los peritos de Mar del Plata que han pedido acceder a documental reservada.

En tanto, el abogado del gasista imputado se preguntó "por qué ahora (la empresa) toma tantos recaudos" y hasta "se dejan a los edificios treinta días sin gas" ante reclamos por fugas de gas. La empresa le contestó que no hubo ningún cambio.