"El éxito del nuevo sistema procesal penal estará en los juicios alternativos", dijo ayer la flamante presidenta del Colegio de Jueces de la segunda circunscripción, la camarista Carina Lurati. Se trata de los juicios abreviados, las probations, mediaciones y otras alternativas a las que se podrá apelar desde el sistema de la acusación, a cargo de los nuevos fiscales. Los nuevos miembros del Colegio fueron elegidos la semana pasada, con más del 80 por ciento de los votos por parte del resto de los jueces de la región, y estarán en actividad durante un año. De allí surgen dos jueces coordinadores, que trabajarán junto a la Oficina de Gestión Judicial para administrar la agenda de los jueces. Los magistrados plantearon que el nuevo sistema es "un compromiso a pulmón", y señalaron el desafío, ya que no sumaron nuevos cargos como sucedió con la Fiscalía y la Defensa, aunque el gobierno se comprometió con el nombramiento de más jueces.

Entre los puntos salientes del nuevo sistema, el vicepresidente del Colegio, José Luis Mascali --juez de Sentencia 7-﷓, destacó que "habrá una simplificación en la cantidad de veces que los denunciantes tengan que prestar declaración en un proceso judicial; las víctimas, testigos y acusados deberán participar en audiencias orales y públicas; la víctima y el testigo, que estarán en la misma audiencia que los imputados, deberán decir bajo juramento lo que les pasó o vieron, delante de ellos".

En cuanto a la salida alternativa al juicio, Lurati planteó que la sociedad "no está acostumbrada sociológicamente a estos sistemas (que se implementarán en algunos casos). Acá habrá una impronta distinta, que busca evitar el juicio, pero no las reglas de conducta sobre los imputados", aclaró.

Según detalló Mascali, la probation, ﷓﷓o suspensión del juicio a prueba﷓﷓ "significa que un acusado está sometido a prueba por un plazo y con reglas de conducta que debe cumplir; si las cumple el proceso se extingue". También existen alternativas como el proceso abreviado, donde el fiscal y el imputado "ceden una parte de sus pretensiones, y llegan a un acuerdo (en la pena) que será homologado por un Juez". Además, se podrá apelar a los llamados principios de oportunidad.

Para ejemplificar, Lurati planteó que una situación como la de los intentos de saqueo que se generaron anteayer, "se podría buscar que la gente imputada le repare el lugar a los comerciantes y se comprometa a alguna otra regla de conducta para evitar el juicio", dijo.

En tanto, el juez coordinador de la instancia de apelación, Daniel Acosta, planteó que "habrá gente que esté de acuerdo o no con este paradigma. Somos jueces democráticos que queremos que esto funcione".

Desde el 10 de febrero, la tarea del magistrado será "llegar, sentarse escuchar y resolver", con las pruebas presentadas por las partes. Luego tendrá 24 horas para fundamentar una resolución.

Sobre los cargos, Lurati señaló que el gobierno se comprometió a seguir llamando a concurso de jueces. "Tanto los que quedan en el sistema de conclusión de causas, como los que pasan al nuevo sistema, tienen un compromiso a pulmón. Estamos listos y capacitados, pero harán falta jueces, aunque entendemos que los del nuevo sistema no tendrán trabajo administrativo, como ahora. Hubiésemos preferido que se incorporaran nuevos magistrados, como arrancan Fiscalía y Defensoría", dijeron.

Al mismo tiempo, destacaron la "transparencia" del nuevo sistema. Además, apuntaron al principio de oralidad. "La ciudadanía no está acostumbrada a prestar declaración donde está presente la persona que podrá señalar como autor del hecho. Por eso, es necesario formar conciencia de ello. Todos deberán sortear los temores de represalias. La experiencia de los lugares donde los juicios se desarrollan ante el imputado y el público indica que ese temor no tiene base cierta, salvo en casos excepcionalísimos, que de antemano se conocen y en los que se aceptan institutos como los testigos de identidad reservada".