Cuatro personas se sumaron ayer al grupo de involucrados en el atentado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti en octubre pasado. Entre ellas, un joven que habría tenido participación directa en la balacera del 11 de octubre contra la vivienda de Darragueira y Gallo, y también un agente del Comando Radioeléctrico que vendía armas y otro que revistaba en la comisaría 10 hasta ayer. La investigación acumula seis detenidos en una hipótesis que ubica el ataque como el episodio más explícito de la disputa de dos bandas enfrentadas por el territorio de zona norte, y en el afán de socavar la figura del jefe de la seccional de barrio Alberdi para provocar su remoción.

Siete allanamientos casi simultáneos desplegaron agentes de las Tropas de Operaciones Especiales entre la mañana y la tarde de ayer, con órdenes libradas por la jueza de instrucción n 5 María Luisa Pérez Vara, a cargo de la causa que hasta ahora contaba con dos detenidos. Irrumpieron en siete viviendas de zona norte, de las que apresaron a tres hombres y a una mujer. Esta, de 45 años, es la madre de Emanuel Sandoval, quien fue apresado el 7 de noviembre pasado en el Shopping El Portal, tras una pelea con otros jóvenes, pero involucrado de antemano en la investigación. Lo llaman Ema Pimpi, tiene 22 años y cuando la jueza lo indagó se declaró inocente del ataque a la casa de Bonfatti y atribuyó su posición a una acusación armada por el jefe de la seccional 10, Ronald Cuñé.

La madre de este muchacho fue detenida en su casa de Cavia al 1200, pero liberada horas después por falta de pruebas que justificaran su arresto. El 25 de octubre, cuando las TOE allanaron la comisaría porque un llamado anónimo había denunciado que el arma de la balacera estaba allí -dato que resultó falso y que la pistola encontrada había sido plantada-, la jueza mandó secuestrar los teléfonos de todos los policías de esa seccional. Del análisis de esos aparatos, dijo la policía, surgieron indicios que involucraron a esa mujer en las relaciones del grupo que comandaba su hijo, entre ellas con el suboficial Pablo Espíndola, un policía de esa misma comisaría y que estaba sancionado y fuera de servicio el 6 de diciembre cuando cayó detenido en Empalme Graneros, con una pistola no declarada en su Peugeot 206. El peritaje posterior descubrió que esa Colt 11.25 se usó para abrir fuego contra la casa del gobernador, también para asesinar a un ex convicto el 7 de octubre y para tirotear el 19 de noviembre la casa del comisario retirado Alejandro Franganillo, en Granadero Baigorria.

Una fuente de la investigación explicó que la captura de Espíndola precipitó las detenciones que se dieron ayer. Cerca de la casa de Ema Pimpi terminó aprehendido un joven de 20 años, de quien se sospecha que integra la organización y que fue uno de los sujetos en moto que pasó frente a la casa del gobernador y disparó 14 balazos. A éste le secuestraron el teléfono, una computadora y algunos pendrives sobre los que los agentes esperaban hallar información de valía para continuar la pesquisa. "La investigación todavía no termina, incluso hay un hombre que está identificado y que se encuentra prófugo", señaló la fuente bajo reserva de identidad.

Por aquellos peritajes en teléfonos secuestrados a los policías de la 10, las TOE llegaron hasta la vivienda de un suboficial que revista en el Comando Radioeléctrico y que hasta ayer estaba en servicio. Le decomisaron su arma reglamentaria y, además, una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y municiones. Sospechan que este policía, cuya identidad no fue revelada, vendía armas y proyectiles a delincuentes con los que tiene relación en la zona norte.

El raid de las TOE siguió en el domicilio de otro policía, un suboficial que hasta ayer pertenecía al personal de la comisaría 10. Lo involucran en la maniobra de plantar una pistola adentro de un auto secuestrado en esa seccional y que motivó el allanamiento del 25 de octubre a esa dependencia policial.

En el seno de la pesquisa interpretan que un motivo probable del atentado contra la vivienda familiar del gobernador obedeció a la intención de desestabilizar al responsable inmediato de la seguridad pública en esa zona, el jefe de la comisaría 10, Ronald Cuñé. Esta hipótesis se encuadra -según la impresión de investigadores consultados- dentro de una disputa de bandas enfrentadas por el control de la zona norte para la venta de estupefacientes. Para otros allegados a la causa, en cambio, los civiles imputados son chivos expiatorios. El atentado se explica, dicen, en una interna dentro de la propia policía.