El gobierno anunciará hoy la creación de la Dirección General de Policía de Investigaciones, un equipo especial de agentes que funcionará por afuera de la fuerza y bajo el control directo del Ministerio de Seguridad y del nuevo Ministerio Público de la Acusación que comenzará a operar a partir del 10 de febrero, cuando entre en vigencia en el nuevo Código de Procedimiento Penal. El comisario mayor Luis Bruschi dejó ayer la jefatura de la Unidad Regional II para encabezar desde hoy este cuerpo de investigadores que trabajará en la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública. Su autoridad política directa es el subsecretario del área, el abogado penalista Víctor Moloeznik. En Santa Fe funcionará en el ex liceo militar de Recreo, y en Rosario lo hará, a futuro, en dependencias del ex Batallón 121.

El gobernador Antonio Bonfatti y el ministro Raúl Lamberto darán a conocer esta mañana en la capital provincial el decreto que establece el primer cambio de los previstos en el plan "Bases para una seguridad democrática", que el Ejecutivo había anunciado en noviembre de 2012, y que habilitó la ley 13.297, de emergencia en seguridad pública. La Policía de Investigaciones se irá nutriendo de oficiales que el Ejecutivo y el fiscal general Julio De Olazábal empezaron a seleccionar el año pasado en base a entrevistas personales y sugerencias del jefe provincial de Policía, Omar Odriozola. Ayer una fuente de la cartera que conduce Lamberto explicó que la idea es instalar este cuerpo en forma paulatina, con el consenso de los fiscales que luego lo requerirán para que lleven adelante la investigación de los casos más sensibles en cuanto a delitos complejos. Por ahora, indicaron, la premisa es "construir una relación de confianza entre el nuevo equipo y las fiscalías, y priorizar el factor cualitativo, antes que el cuantitativo".

Esta nueva unidad no implica el fin de las tradicionales brigadas como Investigaciones, Homicidios, Sustracción de Automotores o Seguridad Personal, que seguirán funcionando. Hasta que el nuevo órgano complete su plantel -una versión especula con que podrían sumar unos 250 investigadores para toda la provincia- convivirán ambas estructuras. En el gobierno se ponen un horizonte de "dos o tres años" en los que este equipo irá reemplazando en forma paulatina la actividad de las viejas brigadas de las unidades regionales. En este primer momento, cuando el número de seleccionados aún es reducido, el flamante organismo trabajaría como nexo entre la demanda del Poder Judicial y la estructura convencional de las policías departamentales. Estos investigadores no cumplirán órdenes de la policía ordinaria, sino de los fiscales del nuevo sistema. Por eso no tendrán su sede en las jefaturas de unidad. En Rosario empezarán en oficinas policiales externas, hasta que se acondicione el sector del ex Batallón 121 donde funcionará el laboratorio criminalístico y su sede. "Será una transición paulatina hasta conformar un órgano profesional, transparente y eficiente a las órdenes de los fiscales del nuevo sistema penal y apuntando a los delitos más trascendentes", resumió una alta fuente de Seguridad.

El objetivo impuesto es formar un cuerpo profesionalizado de investigadores. A eso apuntó el curso de capacitación que les impartió en los últimos meses el ex ministro del área, Daniel Cuenca. Por cierto, la intención del gobierno es que se dediquen a esa tarea ciento por ciento, y que no hagan servicios adicionales de vigilancia, recurso habitual de los uniformados para engrosar su salario. Al respecto, una fuente del ministerio reveló que los que revisten en esta división percibirán un plus salarial similar al que cobran los agentes de Asuntos Internos, de alrededor de 2.000 pesos mensuales. Su jefe policial, Bruschi desde hoy, tendrá el mismo rango y remuneración que el titular de la Policía provincial. El lugar que ayer dejó Bruschi pasa a ser ocupado por quien hasta ahora estaba como subjefe, el comisario mayor José Luis Amaya.

A la creación de la Policía de Investigaciones le seguirá luego la de un cuerpo táctico que reemplazará a la actual Tropas de Operaciones Especiales, "como apoyo a las fuerzas territoriales o su participación en situaciones especiales o de emergencia". A posteriori se eliminará la estructura de 19 unidades regionales por departamento, para reorganizar la fuerza en "unidades territoriales más pequeñas que permitan mayor control político de la fuerza", según el plan gubernamental.