El Poder Judicial abrió una investigación administrativa sobre el accionar de la jueza María Luisa Pérez Vara en la causa por el doble homicidio de Luis Medina y su pareja Justina Pérez Castelli, perpetrado el 29 de diciembre pasado. Aquel día, la magistrada estaba de turno, pero no llegó al lugar del hecho ni se hizo cargo de la investigación. Ni siquiera atendió el teléfono. Frente a esa ausencia, el Colegio de Jueces asignó las primeras horas de la pesquisa a la jueza Raquel Cosgaya, y al día siguiente, su par Alejandra Rodenas recibió el expediente que, de todos modos, le sería asignado en febrero, frente a los cambios que prevé el nuevo sistema procesal penal. La investigación sobre la titular del juzgado de Instrucción 5, que se jubila a fines de febrero, surge de un pedido que hizo el procurador de la Corte Suprema santafesina, Jorge Barraguirre, durante la primera semana de la feria judicial. La Corte le dio curso y estableció un plazo de 20 días para que la Cámara Penal presente un informe.

A Medina y su novia los asesinaron el último domingo de 2013, mientras circulaban en un Citroën DS3 rojo, por Circunvalación, a la altura de Ayolas. Al lugar del hecho llegó la policía luego de un aviso al 911. Sin embargo, nunca llegó la magistrada que estaba de turno hasta ese día inclusive. La ausencia fue algo inesperada, pero cobró fuerza cuando los pesquisas comenzaron a llamar al teléfono del turno de Instrucción, que nunca fue atendido.

Frente a la confusa situación, los primeros días de enero la Procuración General de la Provincia ingresó un pedido de investigación contra la magistrada por su ausencia en una investigación de alto impacto público.

El faltazo de la jueza --para el que alegó, hasta ahora informalmente, un problema de salud-- generó otras cuestiones que provocaron polémica dentro de tribunales. Es que, en medio del traspaso de la causa de una jueza a la otra, se dio el confuso episodio con la notebook de Medina, que fue secuestrada del hotel Pullman, donde se estaba hospedando con la chica. Mientras se precintaba para ser peritada cuando lo ordenara la jueza, la computadora llegó a manos de un técnico del Poder Ejecutivo, para poder desbloquearla. Al día siguiente, cuando Rodenas tomó el caso y leyó el acta en la que se advertía tal situación, mandó retirar la computadora Mac de la oficina santafesina y ordenó que sea peritada por Gendarmería Nacional.

Un primer informe de la Cámara, sobre el comportamiento de Pérez Vara, fue elevado el lunes 30 de diciembre a la Corte. A ello se sumó otra escena: días después, la Alzada --en feria-- recibió la caja del teléfono de turno y el cargador del mismo, pero no así el aparato.

Si bien desde el año pasado se venía diciendo que Pérez Vara se jubilaría en este 2014, al final de la primera semana de enero, el gobernador Antonio Bonfatti dijo en una entrevista en la capital provincial que había recibido al renuncia de la magistrada, y que fue aceptada el 30 de diciembre, para hacerse efectiva desde marzo. Luego, desde la Justicia indicaron que también la había presentado al Poder Judicial el 22 de noviembre. Con lo cual comenzó a cuestionarse la posibilidad de iniciar un jury a quien ya presentó su dimisión al cargo.

El trabajo de Pérez Vara fue reprochado más de una vez en el fuero penal, situación que llevó a iniciar sumarios. Rosario/12 publicó el 5 de enero pasado un raconto de la situaciones que pusieron la lupa sobre la magistrada: en 2010, fue recusada por la defensa de Martín Santoro, único acusado por los crímenes de ancianas de barrio Parque. El entonces procurador Agustín Bassó emitió un dictamen con el que solicitó el apartamiento de Pérez Vara de la investigación, que termino con la condena del verdulero, en diciembre. El pedido fracasó y la jueza siguió con la instrucción, frente a las críticas de los vecinos por la "pérdida de pruebas" que consideraban útiles para enjuiciar a otros involucrados por los crímenes.

En marzo de 213, la jueza procesó a Luis "Pollo" Bassi y a Diego "Panadero" Ochoa como presuntos autores de un ataque a tiros contra un patovica el bar de Balcarce al 200. Dos meses después, revocó la resolución con un falta de mérito.

También instruyó la causa por la muerte de tres detenidos de la Alcaidía de Jefatura, que se incendió en abril pasado. Norma Acosta, viuda de Miguel Angel Saboldi --una de las víctimas--, apuntó a Bassi como quien ordenó esa muerte; pero éste no fue citado. Pérez Vara también estaba de turno el 11 de octubre, cuando atentaron contra la vivienda familiar del gobernador, en Darragueira y Gallo.

A la jueza le tocó investigar también una denuncia anónima que llegó a manos del fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini, en febrero de 2012 donde se acusó a una docena de jefes policiales por enriquecimiento ilícito, a partir del narcotráfico, según acusa el texto. Sin embargo, poco se avanzó, luego de que el expediente estuviera seis meses esperando ser fotocopiado, para ser entregado a Asuntos Internos.