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Desde Santa Fe

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, manipularon la Mac del empresario asesinado Luis Medina a la medianoche del doble crimen, el 29 de diciembre, a las 23.59, según el acta de Pericias Informáticas de la Policía. La fiscal de Cámara, María Eugenia Iribarren llegó a las 0.20, veinte minutos después, para gestionar la autorización judicial. La jueza Raquel Cosgaya --que actuaba en ese momento-﷓ informó esta semana a cuatro diputados de la comisión de Seguridad, que ella recibió el primer llamado a las 0.40 --cuarenta minutos después-﷓ y ratificó lo que ya había dicho en público, que "nunca" autorizó la supuesta "intervención técnica" de Echaniz y Degrati. Cosgaya les dijo a los legisladores que su celular registró la llamada entrante el 30 de diciembre, a las 0.40, con lo cual ratificó lo que dice el acta policial, pero amplió la brecha, que ya no es de 21 minutos sino de 41 minutos, desde que Echaniz y Degrati intervinieron la computadora hasta que Cosgaya fue anoticiada por teléfono por el abogado Mariano Ríos Artacho, secretario de la jueza María Luisa Pérez Vara, que estaba de turno pero no intervino.

El presidente de las comisión de Seguridad, Héctor Acuña y sus colegas Eduardo Toniolli (PJ), Oscar Urruty (PPS) y Germán Mastrocola (Pro) entrevistaron en los Tribunales de Rosario a los dos jueces que subrogaron a Pérez Vara en las horas siguientes del asesinato de Medina y de su pareja. Primero, se reunieron con el juez Gustavo Pérez de Urrechu (Instrucción 13) -que ordenó el secuestro de la Mac y el celular del empresario- y luego con Cosgaya (Instrucción 6), que les confirmó que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo". Hoy, la causa está a cargo de la jueza Alejandra Rodenas (Instrucción 2), quien al día siguiente del doble homicidio cuando se enteró que la computadora y el celular de Medina estaban en Santa Fe, en oficinas Echaniz y Degrati, ordenó suspender la pericia y se la encargó a Gendarmería. El teléfono de Medina no pudo ser desbloqueado: "No pudieron hacer nada con el celular", les dijo el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, a los diputados que lo interpelaron en la Cámara, el 6 de febrero.

Galassi aseguró en la Legislatura que la "intervención técnica" de Echaniz y Degrati fue "convalidada" por Cosgaya. La fiscal Iribarren llamó al secretario Ríos Artacho, quien "convalidó esta actuación", dijo el ministro. Y agregó: "Yo digo lo que dijo la fiscal Iribarren después de comunicarse con el doctor Ríos Atacho, quien según relata la fiscal, habló con la jueza Cosgaya, quien convalidó lo que se había hecho hasta ese momento, que era reiniciar la computadora y como el sistema no se podía peritar por las características, se propuso su traslado al otro día a Santa Fe". Según el acta policial, esa medianoche del 29, Degrati no sólo reinició la Mac: hizo un backup, "un respaldo completo del directorio en formato comprimido, que luego fracciona en archivos de 1gb por si fuera necesario copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el del archivo en cuestión", dice el documento. Y al día siguiente, en Santa Fe, "se realizó una vista general del contenido del equipo" y se almacenaron los archivos en un "disco extraíble" provisto por Echaniz, hasta que la jueza Rodenas ordenó "suspender la pericia" y llevar de vuelta la Mac y el celular de Medina, a Rosario.

Rosario/12 informó que Galassi, en su relato en la Legislatura mencionó seis veces a Ríos Artacho, por el nombre o el cargo. En realidad, fueron siete veces. Esta semana, Urruty y sus colegas de la comisión de Seguridad fueron a los Tribunales de Rosario para preguntarle a la doctora Cosgaya si había autorizado el desbloqueo de la Mac. "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso", dijo Urruty.

Toniolli coincidió: "La doctora Cosgaya nos habló de un celular (de Medina) y que ella dio la autorización para que se pasara a una unidad especial porque los que tenían en sus manos aducían que no tenían la capacidad técnica para desbloquear ese teléfono. Pero en todo momento habló un celular", relató el legislador.

-¿Nadie le dijo que ya habían revisado la computadora?

-La jueza en ningún momento habló de una computadora.

-¿Y ustedes deducen que no dio la orden para intervenir esa computadora?

-No lo deducimos. Es lo que dijo ella, que no dio una orden para desbloquear una computadora porque nadie le habló de una computadora. Eso es importante. Pero más importante es el horario de la llamada, que es 0.40 porque ya hay un dato objetivo que nadie discute, que la computadora se abrió a las 23.59.

-¿El horario quedó registrado en el teléfono de la doctora Cosgaya?

-Sí, nos dijo que no tiene problemas en presentarlo porque tiene el registro de la llamada entrante. Lo más contundente de la reunión fue eso. Acá, nos planteó que la primera llamada la recibió a la 0.40 (del 30 de diciembre).

"La jueza Cosgaya zanjó la polémica", dijo Toniolli. "¿Para qué dio la habilitación? ¿Para un celular o la computadora? Ella nos dijo que fue para el celular", agregó. "Ahora, más allá de eso, no existe orden judicial, aunque ella la hubiera dado, cosa que no sucedió, no existe orden judicial que convalide un peritaje a posteriori. No existe en ningún Código. Cuando uno solicita una orden judicial, se designan peritos y éstos aceptan el cargo. Acá nada de eso ocurrió. Acá hubo una intervención previa a cualquier pedido de la justicia".

Los legisladores entrevistaron también al juez Pérez de Urrechu, que ordenó el secuestro de la computadora y el celular de Medina. "Fue muy claro", dijo Urruty. "Contó que lo llamaron ese día 29, alrededor de las 11 de la mañana. Lo llamó el secretario de la doctora Pérez Vara, Ríos Artacho, porque la jueza tenía una indisposición, cosa que el juez confirmó porque llamó a la casa de la jueza y le dijeron lo mismo. Ríos Artacho le planteó que estaban en poder de la policía las llaves de una habitación del hotel Pullman, en el City Center, donde se había alojado Medina, que había unos elementos y necesitaban una orden de allanamiento. El juez firmó esa orden, y a partir de ese momento no tuvo ningún contacto más con la causa. Fue claro, lo repitió dos o tres veces. Cuando le dijimos lo que habían dicho Galassi y el ministro de Justicia (Juan Lewis) en la Cámara, lo que comentó es que no podía decir nada más, que su actuación era la relató", agregó Urruty.

-¿Ya tienen alguna conclusión de las entrevistas con los dos jueces?

-Oscurecieron el relato de los ministros (Galassi y Lewis) en la Cámara. Hay un proyecto para crear una comisión investigadora, creemos que tiene que ser aprobado y desentrañar los hechos. Esto revela cómo está la provincia de Santa Fe, que el poder político se interrelacione de la manera que lo hizo con el Poder Judicial nos preocupa porque también les preocupa a los ciudadanos -concluyó Urruty.