Las concejalas María Eugenia Schmuck (Unión Cívica Radical) y Norma López (Frente para la Victoria) presentaron un proyecto para que el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), de la municipalidad y la provincia, produzcan misoprostol para uso ginecológico. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) recomiendan su inclusión como parte de los medicamentos esenciales de uso obstétrico, considerando que el Misoprostol es un medicamento que aporta enormemente en el mejoramiento de la calidad de atención en salud de las mujeres en el mundo", dicen las edilas en la argumentación del proyecto para que el Estado fabrique una droga fundamental para evitar muertes de mujeres. Las edilas justifican sobre todo su uso para la inducción del parto, promovido por la OMS.

En el caso del LEM, el proyecto plantea que el municipio comience a producir el medicamento. En el caso del LIF, que queda fuera de la jurisdicción del Concejo, plantean que el municipio lo solicite al gobierno provincial.

La idea surgió de Verónica Marzano, trabajadora social, activista feminista, integrante del grupo Macacha Güemes de Buenos Aires y ex vocera de la línea "Aborto, más información, menos riesgos" y fue lanzada en el programa "La Noche Impertinente", de Radio Nacional. Allí, consideró que el movimiento de mujeres podría reclamar que "el LIF, que fabrica Viagra, produzca Misoprostol". Schmuck recogió el guante, y entusiasmó también a López. El uso de esta droga, que en la Argentina se comercializa como Oxaprost, reduce a cero la mortalidad por aborto. Se trata de pastillas que, administradas correctamente por vía oral o vaginal, provocan la interrupción del embarazo sin complicaciones en la salud de la mujer hasta la semana 12. Hay tres métodos: vaginal, sublingual y bucal. En todos los casos, las aplicaciones son tres, de cuatro pastillas por vez, aunque varía el lapso entre cada aplicación.

Sin meterse en la discusión sobre la legalización del aborto, pendiente en el Congreso nacional, las concejalas toman como antecedente que en el año 2003 la OMS publicó "Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud".

En la Argentina, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en 2012 hubo 289 muertes de mujeres gestantes, de las cuales 33 fueron consecuencia de abortos. La tasa de mortalidad materna en el país asciende a 3,5 cada 10.000 nacidos vivos, una cifra que la Argentina se comprometó a reducir para diciembre de 2015. En la provincia de Santa Fe, la tasa es de 3 cada 10.000. En 2012 --las últimas estadísticas disponibles en la página del Ministerio-- hubo en la provincia 16 muertes maternas, de las cuales una fue por aborto. Y se debe considerar el subregistro que implica la clandestinidad del aborto.

"América Latina ha tenido un rol fundamental respecto a la utilización del Misoprostol en obstetricia", dicen Schmuck y López en los fundamentos del proyecto. Recuerdan además que "tanto la OMS como la FLASOG (Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) han indicado que la droga Misoprostol puede ser prescripto como un abortivo medicamentoso seguro, aplicable a los casos contemplados en el Código Penal". Y ponen su iniciativa en el marco de las leyes vigentes, como la nacional 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La letra legal tiene para Schmuck y López un correlato concreto: "Esto implica un pensamiento colectivo que nos permita construir acciones transformadoras de la realidad, mejorando el acceso a los servicios de salud sexual".

Un punto crucial de los considerandos del proyecto apunta que "es fundamental extender las conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos a todos los sectores sociales que habitan las diferentes regiones, territorios y barrios". Las legisladoras también recuerdan la ordenanza 8027 de 2006, que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación responsable en el ámbito municipal.

La iniciativa toma en cuenta el artículo 86 del actual Código Penal, que establece como no punibles a los abortos terapéuticos y por causa de violación. La aplicación de estas excepciones quedó claramente establecida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012. "De acuerdo a este amparo legal en ambos casos las mujeres tienen derecho a practicar una interrupción legal de su embarazo. Por cuanto es responsabilidad del Estado proporcionar los servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo", dice el texto del proyecto.

Allí también recuerdan que el LEM tiene como "finalidad social producir medicamentos desde el Estado con el objetivo de ampliar los derechos a la salud y al mismo tiempo, abaratar los costos de su producción. De igual modo el LIF apunta a satisfacer la demanda de la salud pública y sus expectativas, mediante el uso eficaz y eficiente para atender a los más necesitados". Además de hacer un exhaustivo racconto de los medicamentos que producen los dos laboratorios estatales, recuerdan que el LIF fabrica Sildenafil, más conocido por la famosa marca Viagra.