La semana pasada se habilitó una escuela secundaria en el Instituto de Recuperación de Adolescentes de Rosario (Irar), y para el gobierno es una muestra del trabajo encarado que los lleva a declararse "satisfechos por igualar para estos jóvenes la oferta educativa que tienen fuera del régimen de encierro, aunque la pérdida de libertad es el último recurso", en palabras de la subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia, Débora Cotichini. Y reveló que últimamente perciben, en los casos que la Justicia penal deriva al instituto de Cullen y Saavedra, un aumento significativo de jóvenes que cursan el nivel secundario, o que lo han hecho en algún momento. Esta particularidad, antes que preocuparla, es para la funcionaria la prueba de que "la mayoría de estos jóvenes tienen otros circuitos armados, no viven en función del delito, y tienen deseos, sueños, necesidades y derechos como cualquier otro joven, sólo que sin el mismo acceso: ese es nuestro desafío como Estado, y el desafío de la sociedad debe ser asimilar esa realidad: los chicos del Irar son ciudadanos", dijo.

El jueves, cuando se inauguró el anexo de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos N 1311, la breve explicación de uno de los 32 chicos alojados en el instituto, fue tan simple como elocuente: "Me llamo Cristian, tengo 16 años, y llegué al Irar el domingo. Estaba por empezar la secundaria, y quiero continuar la escuela para poder estudiar electricidad y entonces ayudar a mantener a mi familia y a mi sobrina", dijo delante de medio centenar de funcionarios, docentes y operadores del establecimiento que lo miraban, entre ellos los ministros de Justicia, Juan Lewis, y de Educación, Claudia Balagué.

La escuela que desde ahora impartirá la currícula secundaria a 15 jóvenes de entre 16 y 18 años "otros 15 cursan grados de nivel primario allí mismo" depende de la Eempa 1311 que ya funciona en las unidades penitenciarias N 3 (Zeballos al 2900) y N 5 (de mujeres, en Thedy al 300). Incluye la escuela primaria N 13 "Carlos Aguado", y ahora suma el nivel secundario de manera definitiva. Hasta el año pasado, la opción era el plan Fines, la posibilidad diseñada por el Ministerio de Educación de la Nación para que que los jóvenes pudieran concluir el secundario. Pero la habilitación del anexo constituye "completar la oferta educativa obligatoria como forma de igualar el derecho al acceso al sistema educativo, como lo dispone la ley 26.206, de Educación Nacional", precisaron. Además, brindan talleres en oficios sobre instalaciones eléctricas domiciliarias, herrería, serigrafía y carpintería.

"Nada más importante que abrir una nueva escuela, a veces es un edificio, a veces es en la gran ciudad, otras en la ruralidad, y otras en hospitales o en un contexto de encierro. Además de educar en disciplinas, trabajamos en valores, por un proyecto de vida: queremos que ustedes salgan con un proyecto de vida pensado junto a los docentes y a las personas que los acompañan todos los días", les dijo Balagué a unos veinte jóvenes internos en condiciones de cursar.

"Desde hace unos 3 años para acá empezamos a ver un aumento sustancial de los chicos que ingresan al sistema y que vienen ya escolarizados en el nivel secundario. Como desde 2011 la respuesta que se le daba a esta situación era el plan Fines, decidimos junto con Educación regularizar este cursado ante el incremento de la matrícula, de manera que la privación de la libertad no signifique para estos jóvenes interrumpir su derecho a la educación. Que la oferta sea la misma aún dentro del Irar", señaló Cotichini.

La responsable de Asuntos Penales confrontó esta realidad con el clamor generalizado que justifica la violencia colectiva hasta extremos como el linchamiento, a cuento de la reciente masacre de David Moreira, en barrio Azcuénaga. "No debemos resignar espacio a la estigmatización social que ejerce gran parte de la población contra jóvenes que no tienen el mismo acceso a lo que la cultura del consumo les impone. Estigmatización que marca diferencias y hace perder de vista las cualidades humanas. Aunque muchos nos critiquen, nuestra responsabilidad de gobierno es generar políticas públicas de inclusión. Todos somos ciudadanos, y debiéramos tener las mismas posibilidades, mal que les pese a tantos", definió.

Por la sensibilidad social que tiene el tema de juventud y delito por estos tiempos, Cotichini eludió entrar en cifras sobre población juvenil bajo encierro. "Son personas, sometidas al mismo tiempo a un proceso de justicia, pero lo están por un acto determinado, que no explica a la persona integralmente. Hay jóvenes que ingresan por primera vez, y otros que están en situaciones más complejas que no admiten reduccionismos simplistas. De todos modos, que nadie pierda de vista que es muy pequeño el porcentaje de jóvenes que ingresa al sistema penal", recomendó.

Una promesa del gobierno había sido cerrar el Irar de manera progresiva, un reclamo permanente de organizaciones civiles y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Hoy la posición oficial difiere: "Nos dimos la tarea de transformarlo, porque si bien los ladrillos hacen a un instituto, más importantes son las prácticas que se dan en él, y en eso hoy estamos satisfechos, porque pudimos equiparar la oferta educativa, porque logramos pensar un abordaje diferente con los operadores, con el personal ampliado, con equipos profesionales y la apertura de espacios pensados para jóvenes, aspecto que no estaba contemplado en la concepción original del Irar", valoró Cotichini. Y citó como ejemplo una instancia de formación laboral en metalurgia con la participación de un centro tecnológico privado (ver aparte). El ministro Lewis remarcó que "la privación de la libertad no es una solución, muchas veces conspira contra la auténtica solución que puede haber a los problemas de inseguridad, por lo que el único camino a recorrer es el de la inclusión".