El salón de la Corte Suprema estuvo colmado. La cantidad de fiscales y aspirantes a fiscales del nuevo sistema procesal penal que llegaron el jueves a la tarde al tercer piso de Tribunales provinciales para participar del curso "La palabra del niño/a como prueba en los procesos judiciales" dio cuenta del interés en una actividad que nació de un caso concreto: la persecución judicial a la mamá de una nena que fue abusada por su papá, y no quiere verlo. Aunque no muchos jueces usan el nombre pseudocientífico de Síndrome de Alienación Parental, se basan en sus presupuestos para garantizar la impunidad de padres denunciados por abusar de sus hijas o hijos. "Fundamentalmente estamos para esclarecer que esta supuesta teoría no es una teoría científicamente aprobada, el SAP es una maniobra urdida en algún momento por un propio pedófilo y que hoy es utilizada como reacción al avance normativo en esta materia de protección a los niños. Para muchos no es políticamente correcto decir que están a favor del abuso y entonces se valen de esta teoría. Santa Fe no es ajena a la realidad general del país, donde existe una reacción de sectores del Poder Judicial contra la aplicación de esta normativa protectora de los niños y utilizan esta teoría para justificar delitos como el abuso sexual", expresó Juan Pablo Gallego, abogado, especialista en abuso sexual infantil y querellante en la causa contra el sacerdote Julio Grassi.

El SAP fue creado en 1985 por el oficial del ejército estadounidense Richard Gardner, acusado él mismo de abusador. Ese supuesto síndrome jamás fue reconocido por ninguna asociación profesional y fue rechazado tanto por la Asociación Americana de Psiquiatría como por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Gardner publicó sus libros en su propia editorial, Creative Therapeutics, y las universidades estadounidenses lo desconocen.

En las jornadas del jueves también participaron la perito de la Corte Suprema de Justicia Virginia Berlinerblau y la jueza de paz de Villa Gesell, Graciela Joffre, entre otras autoridades en la materia. Fue organizada por el Ministerio de Justicia, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, el Instituto Municipal de la Mujer, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Tantas instituciones dan cuenta de la preocupación que genera una corriente de opinión que en Rosario tiene su principal impulsor en el Grupo de Padres Alejados de Sus Hijos (Gapadeshi). "Este tipo de agrupaciones, en las cuales a veces hemos comprobado que hay personas inculpadas por estos delitos, no dejan de responder a los sectores ideológicos que reaccionan. Yo creo que en alguna medida hay una reacción al hecho de que estos delitos se investiguen y se esclarezcan. Quizás no es políticamente correcto, para algunos, decir que están de acuerdo con que se puede abusar, entonces, una forma distinta de decirlo son estos ataques a las víctimas y la utilización de pseudoteorías", puntualizó Gallego.

Por su parte, Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, hizo la lectura local: "Acá en Rosario se han formado asociaciones de señores que defienden a los padres abusadores y que a la hora de defender sus derechos en tribunales alegan que hay un supuesto síndrome de alienación parental, que da por supuesto que la madre es la que le llena la cabeza a los chicos para que denuncien el abuso, como si se pudieran inventar lesiones físicas y cosas de ese tipo. Entonces, lo primero que hacen algunos jueces es pedir un examen psicológico a la madre. O sea la loca es ella, la que miente y cambia los datos es ella".

Esta situación se repite en Tribunales de todo el país: ante una denuncia, los defensores del abusador piden una pericia psiquiátrica a la madre de la niña o niño abusado. "No ocurre en todos los casos, pero digamos que esta teoría del SAP y este tipo de actitudes judiciales se enrolan prácticamente en la estrategia defensiva de los abusadores, corriendo el foco de quién es el sujeto a proteger, un niño presuntamente abusado debe ser protegido desde ese momento porque así lo impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto ocurre poco en los procesos judiciales y en nombre de la garantía de la defensa de un imputado se hacen barbaridades que a veces derivan en graves situaciones de revictimización", apuntó Gallego.

En un fallo muy claro de abril del año pasado, la jueza de paz de Villa Gesell, Graciela Jofre, señaló que el SAP "es una siniestra creación pseudocientífica" descalificada "por la comunidad científica internacional", que "instala la sospecha sobre la víctima, devalúa la palabra del testimonio infantil y de todo aquel adulto que le cree y busca protegerlo, cuando en la casi totalidad de los abusos sexuales en la infancia, la palabra de los niños es la única prueba para iniciar la investigación".

Para la directora del Instituto de la Mujer, Andrea Travaini, se trata de poner las cosas en su lugar. "Hasta ahora nos encontramos con muchas dificultades en algunos procesos judiciales en la provincia. Por eso, pensamos estas jornadas para dejar algunos mensajes en claro: que queremos que se escuche la voz de los niños y las niñas y que vamos a acompañar a las mujeres en estos procesos", dijo.

Justamente, hacer foco en la madre del niño denunciante es una manera de desoír al niño o la niña, un derecho que tienen garantizado por la Convención Internacional de Derechos del Niño. Además, la ley 25852 indica que los chicos deben ser protegidos para poder contar el abuso sufrido, y por eso, no se los puede enfrentar a los agresores ni someterlos a interrogatorios judiciales clásicos, sino que deben declarar en Cámara Gesell, ante un especialista que no los revictimice. "Nuestra sociedad por un lado dice que el niño está ante todo, habla de proteger el interés superior del niño, y a la hora que llega a los Tribunales alegando que ha sido abusado, se piensa que los niños y las niñas mienten, que su palabra no es creíble, que fantasean, que fabulan. Esto es un problema gravísimo porque entonces le estamos negando al ser más indefenso la protección que requiere", apuntó Chiarotti.

Para magistrados y magistradas, a veces, lo importante es proteger la estructura familiar y el rol del padre, aún cuando haya cometido un delito. "La figura del pater familiae y toda la situación cultural que nos atraviesa durante siglos de machismo, por supuesto que también aparece integrada en sectores judiciales, donde justamente prevalece... incluso ante la necesidad de una protección por una situación violenta que puede ser inminente y comprobada, a veces se privilegia al padre... Y esto tiene que ver con quitarle la palabra al niño, con dejar de reconocer el niño como sujeto de derecho y decir, en definitiva, el señor es el padre, tiene derecho a ver a su hijo, hasta tiene derecho a pegarle, hasta tiene derecho a tal cosa. Hay una subversión de los valores que desconoce el interés superior del niño que por aplicación de la convención debería prevalecer", apuntó Gallego.

Los efectos de esas teorías y esas prácticas judiciales sobre la vida de niños y niñas son concretos y persisten en la adultez. Cuáles son los efectos en los casos que Gallego atendió como abogado? "Creo que tiene efectos destructivos y no porque simplemente lo crea, uno lo ha visto en distintos procesos judiciales y lo he visto en casos donde a veces es muy común que estos delitos se denuncien muchos años después, y quien denuncia es una persona quizás ya de 20 años, de 25, de 30. A veces el entorno le cuestiona para qué va a denunciar, por qué 'le va a hacer esto' al abusador. Mi experiencia con víctimas de esta naturaleza es que hasta que no pueden ponerle voz, que no lo pueden expresar, y que alguien los escuche y respete esa voz, y esa historia, es como tener algo adentro con lo cual es casi imposible vivir. Lo he visto incluso con víctimas de edades importantes", expresó el especialista.

Justamente, la jornada del jueves se pensó para "desmontar falsedades y ver cómo garantizando el debido proceso para todas las personas acusadas, porque eso es la base de nuestra democracia, a la vez se garantiza la debida atención para niños o niñas que han sido víctimas de abuso", detalló Chiarotti y aclaró: "La legislación es excelente. Tenemos leyes y convenciones maravillosas para niñez, tenemos las instituciones, el problema es la interpretación sesgada y maliciosa que algunos sectores han hecho y que incluso está obstaculizando la carrera de aquellos peritos psicólogos y psicólogas que diagnostican el abuso sexual infantil, sobre todo cuando los acusados son personas poderosas, y luego son denunciados ante el Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos. Entonces, ante un caso de abuso no quieren intervenir por temor a este tipo de represalias".