La defensa de Ariel "Guille" Cantero y Norberto "Chino" González, procesados por asociación ilícita en la causa que investiga a Los Monos, pidió que se revoque la prisión preventiva de los acusados. Los argumentos fueron jurídicos pero se coló la política. Hubo críticas a la causa que instruyó el juez Juan Carlos Vienna y al accionar de los policías de la División Judiciales, a los que llamaron "la génesis del mal". El acento del abogado Carlos Varela en la audiencia estuvo puesto en denunciar que "el gobierno debía darle una respuesta a la sociedad", y por eso "armó" la causa para "calmar el clamor popular". Por su parte, los fiscales Guillermo Camporini y Cristina Rubiolo rechazaron esa afirmación y defendieron el accionar de Vienna. Además, consideraron que los imputados deben seguir presos, y recordaron que aún hay prófugos. Las audiencias continúan toda la semana por los planteos de otros procesados en la causa; y el juez Rubén Jukic resolverá la semana que viene.

Pasadas las 9 de ayer, "Guille" Cantero y el "Chino" González llegaron a Tribunales con chalecos antibalas, esposados y con un fuerte despliegue policial, que se había visto en audiencias anteriores con imputados como Milton César y Milton Damario. Mariano Ruiz estuvo en la sala, pero fue la excepción, ya que está libre desde hace unas semanas tras pagar una fianza de 200 mil pesos, por lo que desistió del plateo. González estuvo sospechado de ser el autor material del homicidio de Martín "Fantasma" Paz, que originó la causa, pero llegó a la audiencia acusado de ser parte de la asociación ilícita en la que "Guille" está procesado como "jefe".

El abogado Adrián Martínez recordó que "debe primar el principio de inocencia", por lo que el encierro previo a la condena "debe ser la excepción". Y se quejó de que "el fallo de procesamiento de Vienna tiene mil fojas, y solo diez líneas hacen referencia a la prisión preventiva. Hay pobreza argumental, y amerita la revocación", dijo. Además, consideró que "no hay explicación" para presumir la peligrosidad procesal de Cantero. Al mismo tiempo, pidió que se tenga en cuenta que "Guille" se entregó "por su voluntad" a la Justicia.

El letrado trajo a colación la causa por el homicidio del sindicalista Abel Beroiz, cuyo imputado pidió la libertad y se la denegaron, pero tras apelar la Sala III de la Cámara --que Jukic integraba-- ordenó que se sustituya la medida por una menos gravosa. "Espero que se mantenga el criterio", le dijo al juez.

Varela fue más allá: "Todos sabemos que el gobernador, el ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto y los de Judiciales armaron esta causa", dijo. Y habló de una "operación con funcionarios de la administración, policías y funcionarios judiciales que quizá compraron pescado podrido". Varela se quejó de que la defensa no tuvo acceso al control de testigos, y de que sus propios celulares fueron intervenidos con los de los implicados en la causa. "Se dijo que era para dar con el autor del homicidio de Paz, y en el fallo de procesamiento no hay nadie acusado por el crimen. Fue una excursión de pesca", lanzó.

Por otro lado, planteó que "se advirtió que se estaban inmiscuyendo donde no les tocaba", por el tema drogas; y agregó que "es una causa plagada de violaciones a las garantías constitucionales". Luego volvió al plano político: "(El ex jefe de la División Judiciales, Cristian) Romero tenía íntima relación con el monje negro (aludió a un ex funcionario) del ex gobernador (Hermes) Binner, que llenó de amigos el Poder Judicial. Les dieron los lineamientos a (Luis) Quevertoque y (Ariel) Lotito (dos ex agentes de Judiciales) para inventar esta causa. Sicarios del poder político de turno", los llamó. "Los fiscales no pidieron la detención de Romero porque ello envenenaba la causa Monos", añadió.

También sostuvo que el testigo de identidad reservada que declaró en la causa fue quien luego "quiso dar muerte a Camporini y Vienna" por "sentirse decepsionado al no ser beneficiado".

El abogado de González, Fausto Yrure, planteó que no se reunieron los requisitos necesarios para la intervención de los teléfonos. "No había más elementos que la mera conjetura policial de un organigrama", se quejó. Y aseguró que "ninguna de las escuchas, consideradas la prueba más importante de la causa, compromete a González".

En respuesta a ese planteo, Camporini señaló que "se admiten excepciones --con respecto a intervención de teléfonos-- cuando es necesario garantizar la seguridad pública"; y recordó que las órdenes de escuchas partieron de la obtención de datos del teléfono del "Fantasma".

Sobre el "beneficio" para Aaron Treves --testigo protegido investigado por presunto plan para matar a Vienna y Camporini--, el fiscal señaló que "desde la Fiscalía nunca se le hizo promesa alguna para que declarara". Y sobre el tema drogas, insistió con que se dio intervención a la Justicia Federal.

Camporini rechazó el plateo de "armado" de la causa, y dijo que de ser así, "corre por cuenta de quien haya querido sacar rédito". Además, planteó que la magnitud de la pena en expectativa de Cantero --habló de 16 años por los delitos de asociación ilícita y cohecho--, que demandaría un cumplimiento efectivo; y el peligro de fuga, ameritan que continúe detenido. "No se puede dejar de adoptar medidas necesarias en casos graves", expresó.