El déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que en el primer cuatrimestre del año llegó a 450 millones de pesos, y la inmensa distancia que hay entre el haber máximo ($ 96.727) y el mínimo ($ 4.375) abrió el debate en la Legislatura a partir de un proyecto de ley que apunta a ponerle un tope a la jubilación más alta. Es que cada mes, sólo 28 personas cobran del sistema solidario de reparto 2.442.353 pesos, dentro de un conjunto de 76.000 beneficiarios. "Así no hay Caja que aguante", sintetizó la diputada provincial Verónica Benas, del partido PARES, autora de la iniciativa que ingresó la semana pasada y que desde hoy empieza a transitar el circuito de comisiones y polémica. Los más altos magistrados del Poder Judicial serían los principales afectados por el recorte.

La Caja previsional desembolsa 745 millones de pesos por mes para abonar las 54.111 jubilaciones y 21.917 pensiones del sistema. El año pasado cerró con un déficit de 960 millones de pesos, cubierto por el Tesoro provincial. Y con el esquema salarial vigente, en el Ministerio de Economía estiman que este año el saldo negativo superará los 1.000 millones de pesos.

Como telón de fondo está el reclamo que Santa Fe le hace al gobierno nacional, que desde 2006 le detrae un 15 por ciento de lo que debería aportarle a la Caja por coparticipación. Desde la cartera que conduce Angel Sciara afirman que desde aquel año, el Tesoro provincial giró 3.000 millones de pesos para cubrir el rojo de la cuenta previsional.

El proyecto de Benas puso de relieve el dinero que percibe un mínimo grupo de pasivos: 17 jubilaciones de $ 96.726,89 por mes, y 11 pensiones a $ 72.545,17 mensuales. Las primeras corresponden a ex ministros de la Corte Suprema y ex jueces camaristas, las segundas pertenecen a viudas y familiares directos de ex magistrados de ese mismo nivel. Estos 28 beneficiarios acaparan unos $ 30 millones al año, lo mismo que percibirán 6.700 jubilados con la mínima. "No olvidemos que el sistema público de reparto es de carácter solidario, y esta relación, obscena si se quiere, no parece demostrarlo. Además, hay que contemplar las limitaciones de recursos y las políticas públicas de distribución", argumentó Benas.

Su iniciativa, entonces, propone modificar la Ley N 6915 para que la forma de calcular el haber máximo de jubilación ordinaria sea equivalente a 10 haberes brutos mensuales de la mínima: es decir, que el jubilado que cobre más perciba hasta $ 43.750. No más. "Yo no creo que este monto sea insuficiente, máxime cuando los beneficiarios pertenecen a un sector que se autoexime del pago del impuesto a las Ganancias", chicaneó la diputada. Sería, observó, superior incluso al sueldo del gobernador, hoy fijado en 40.581 pesos mensuales. Muy distinto es el ingreso de un miembro de la Corte de Santa Fe: $ 131.300 al mes, y exento de impuestos, además.

El contrasentido que sustenta la intención de cambiar la ley es que los sueldos del Poder Judicial de Santa Fe los determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la llamada "Ley de Enganche", pero esos salarios y jubilaciones los paga el Estado provincial. El promedio de las jubilaciones en el Poder Judicial hoy es de unos 30.000 pesos mensuales.

La directora de la Caja, Alicia Berzero, aclaró en el diario El Litoral que las jubilaciones máximas que gozan los jueces retirados representan apenas el 0,02 del total. Pero la iniciativa que se empezó a discutir en la Legislatura pretende cambiar el enganche que ata al fondo previsional con los aumentos salariales que define la Corte Suprema de la Nación. Como hasta ahora el haber máximo de jubilación ordinaria se calcula como el 80 por ciento de la remuneración que percibe el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, con 30 años de antigüedad, eso da la dulce cifra de 96.726,89 pesos. El cálculo que Benas pretende aplicar por ley recortaría la jubilación máxima a menos de la mitad. Es de esperar que a quienes les afecte el achique -ex magistrados, encima- la idea los movilice en los mismos tribunales que supieron fatigar.

"El proyecto nace a partir de la preocupación que suscita la situación financiera de la Caja Provincial y las jubilaciones exorbitantes que se están pagando. El déficit que está apareciendo no tiene que ver con la mala administración sino con el incumplimiento del Gobierno nacional, que originó una demanda judicial, a lo que se suman, jubilaciones que rondan los 100 mil pesos. Esto es imposible de sostener en una caja con déficit", abundó la diputada que integra el interbloque del Frente Progresista Cívico y Social.

Y, como anticipándose a reproches venideros, recordó que la Corte nacional "ha considerado la fijación de haberes máximos mensuales como una contribución solidaria a la seguridad social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica".

El proyecto ingresó a las comisiones legislativas de Asuntos Laborales y Previsionales, y de Asuntos Constitucionales, avalados con la firma de los diputados Oscar Urruty (Partido del Progreso Social), Germán Mastrocola (Unión Pro Federal) y Alicia Gutiérrez (SI﷓ Frente Progresista).