Juan Ignacio ignora que su papá no puede verlo cuando juega al fútbol. Vicente igual le dice que sí, y festeja sus jugadas. Pero no. Vicente Isidori se va quedando ciego a medida que su tumor oprime el nervio óptico y su obra social se rehúsa a cubrir los costos de la única intervención que puede salvarlo. Eso, a pesar de que un juez federal falló a favor del derecho a la salud de este joven, y emplazó a la prestadora a cumplir con su deber en el término de 10 días. Ya pasaron dos meses, y Vicente siente que el tiempo se agota como la luz que no alcanza para ver jugar a su hijo, ni para pescar moncholos en Puerto Aragón con su padre, ni para volver a trabajar en su estudio contable de la localidad de Díaz, donde hace un mes tuvo que dejar de hacerlo. Quienes se niegan a brindar el debido servicio de salud y desobedecen la orden judicial son los directivos del Departamento de Servicios Sociales (DSS) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara 1, en el que este contador público de 28 años está matriculado.

A los 14 le diagnosticaron un tumor llamado cráneofaringioma, que está alojado cerca de la hipófisis y comprime el quiasma óptico ﷓la unión de los nervios de cada ojo﷓, lo que de manera inexorable le deteriora su capacidad visual. Aparece en 1 o 2 casos cada 100.000 personas. Fue operado tres veces, entre 2000 y 2002, pero el problema retornó cada vez porque tiene característica embrionaria: las células que quedan vuelven a generar y agrandar el quiste. Después de la última intervención, el tumor dio tregua por algunos años, que incluso le permitió a Vicente graduarse en 2011. Los problemas retornaron al año siguiente. Su neurocirujano ya planificaba una nueva operación cuando Isidori se enteró casi por casualidad de un tratamiento que hace 20 años se practica en Alemania, específico para patologías como la suya: la protonterapia.

Consiste en el empleo de un acelerador de partículas para bombardear de manera controlada protones sobre el tumor y no sobre tejidos sanos del paciente, como sí ocurre con otros tratamientos de radioterapia ofrecidos, además, por la obra social demandada. "En la protonterapia, el rayo llega hasta el tumor, y no pasa de ahí. En los otros tratamientos que hay en Argentina eso no ocurre", explicó Isidori, inevitablemente empapado de las características de su mal y de las alternativas para enfrentarlo.

La doctora en física e investigadora del Conicet Mariel Galassi ﷓fue quien enteró a Isidori﷓ ha revelado que esta práctica lleva 20 años de trayectoria en Heidelberg, Alemania, y más de 100 mil pacientes tratados. "La alta probabilidad de recuperación es notable", dijo la científica. Para Vicente representa la eliminación del tumor y entre 70 y 80 por ciento de posibilidades de recuperar buena parte de la visión. Sus médicos, aunque hasta entonces desconocían la protonterapia, la avalan como única solución real.

El problema entonces ha sido el costo de este tratamiento, que implicaría entre la intervención, las aplicaciones, traslados y estadía, más de 100 mil euros.

"Fui por las buenas a la obra social a plantear mi situación, en julio o agosto del año pasado. Ni siquiera pedí que me pagaran todo el tratamiento, pero sí una colaboración. En Heidelberg analizaron mis estudios y resolvieron que tienen que intervenirme, por el tamaño del tumor, para reducirlo todo lo posible, y luego sí aplicarme la radioterapia. A la obra social llevé el presupuesto completo y nunca tuve respuesta. Que 'vení después', que 'esperá'; luego me ofrecieron un tratamiento en Argentina que incluso representa un riesgo para mí. Me pidieron muchísima documentación, y le presenté todo. Incluso mi neurólogo, Miguel Garrote, emitió un informe escrito que indica que el tratamiento adecuado para mi caso es la protonterapia. Ellos pidieron eso pensando que ningún médico se iba a involucrar, y no fue así".

Ante la negativa del DSS del Consejo profesional, Isidori acudió a la vía legal en febrero de este año. Presentó un recurso de amparo por la situación ante la Justicia Federal. El juez Reynaldo Rodríguez lo admitió y en julio dictó una medida cautelar que ordena a la obra social cubrir el 100 por ciento de la intervención, más los gastos de traslado y estadía para el paciente y un acompañante. Y fijó un plazo de 10 días hábiles para cumplir la orden. Pasaron dos meses.

Este diario consultó al Consejo de Ciencias Económicas santafesino, donde sus autoridades no quisieron explicar razones sobre su negativa a respetar el derecho a la salud de Vicente Isidori. Sólo pudo averiguar que la entidad apeló la medida cautelar y ahora la decisión está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Vicente tiene desde entonces otro frente de lucha además del tumor: la pulseada judicial contra la entidad colegiada que lo acogió como matriculado y que le debe la cobertura de salud. "Están dilatando todo para ganar tiempo ﷓señaló﷓ y mi calidad de vida es cada vez peor. Hace un mes que no puedo trabajar, y hace tres meses que no puedo leer una página, por lo tanto no puedo capacitarme. El tiempo corre en mi contra".