Desde Santa Fe

La Legislatura reaccionó ante el dictamen de oficio de un perito forense del Poder Judicial de la provincia que puso en duda el embarazo de Liliana Montenegro, la mamá que denunció que había dado a luz a dos bebés mellizos que desaparecieron. Siete diputados justicialistas presentaron un pedido de informes para saber si en la causa que investigan las fiscales de Casilda Marianella Luna y Lorena Aronne "existe algún informe del médico Luis Carlos Alonso que asegura que Montenegro no estuvo embarazada en los últimos cuatro meses" y si "consta en el expediente" que el doctor Alonso hubiera examinado a la mujer "en algún momento". "Este es un hecho muy grave que debe esclarecerse", advirtió el diputado Roberto Mirabella, uno de los autores del proyecto.

Alonso es uno de los forenses que depende de la Corte Suprema de Justicia y después de revelar su dictamen, los abogados defensores de los dos matrimonios imputados en la causa recusaron a las fiscales Luna y Aronne y pidieron que se aparten de la investigación. El argumento era que no habían incorporaron al expediente ese informe de un médico que "según fuentes judiciales﷓ no intervino en el proceso.

Mirabella planteó en el recinto esa contradicción. "El doctor Alonso asegura que la señora Montenegro no estuvo embarazada", pero al mismo tiempo admite que "en el legajo fiscal" no está su informe porque él "no intervino en ninguna evaluación médica realizada" a la mujer. Es decir, que "no sólo no examinó a Liliana sino que tampoco tuvo en su poder documentación aportada por la Fiscalía para hacer algún análisis al respecto", dijo el legislador.

"Esto es muy grave" porque genera "demasiada confusión" en un caso que es necesario esclarecer. "Por eso, presentamos este pedido de informes", dijo Mirabella y solicitó que pase a la comisión de Asuntos Constitucionales" en la que el justicialismo tiene mayoría. Los otros firmantes de la minuta son los diputados Mario Lacava, Alejandra Obeid, Rosario Cristiana, Pablo Di Bert, Oscar Daniele y Adriana Panella.

El proyecto pide informes sobre dos puntos: 1) "Si en el legajo de la investigación que llevan a cabo las fiscales Marianela Luna y Lorena Aronne por la mencionada causa existe algún informe del médico forense doctor Carlos Alonso en el cual se asegura que la señora Liliana Montenegro no estuvo embarazada en los últimos cuatro meses". Y 2) "Si consta en el expediente de la causa que el doctor Alonso examinó a la señora Montenegro en algún momento".

Ya la semana pasada, la abogada de Hijos, Lucila Puyol y su colega de la Red de Infancia Robada, Liliana Loyola, denunciaron ante la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados a la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo por que "investigó" a Montenegro y al subdirector general de Acceso a la Justicia, Ricardo Lamas, por que les dijo que "no representaría" a la víctima. En la audiencia participó también la militante de Hijos, Valeria Silva.

"Colombo investigó a Montenegro", dijo Puyol. Y Lamas "manifestó que el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) no representaría a la señora Montenegro" en la causa judicial "porque él no le cree, que no hay caso, no hay delito porque Liliana nunca estuvo embarazada y que es mitómana. Esta charla terminó con la advertencia de que si Puyol o Loyola contaban esta charla, él se ocuparía de decir todo lo que sabe de la víctima Liliana Montenegro". Colombo ya fue citada por la Cámara para dar explicaciones, el 14 de octubre próximo.

El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Eduardo Toniolli, coincidió que otros "actores institucionales del gobierno de la provincia que prefiero no dar los nombres" también agitaron sospechas sobre víctima. "Nos consta que funcionarios del Ministerio de Seguridad llamaban a los medios de comunicación y decían: "Ojo, porque esta señora tal cosa" Tiene antecedentes, etc.". Esta señora en este caso es víctima de un delito gravísimo. Acá lo que importa es que aparezcan los niños", dijo el legislador en el programa de televisión "Zona Crítica".

Toniolli impugnó "esta idea de que el gobierno está haciendo todo lo posible para que aparezcan los mellizos". "Vamos a intervenir sobre esto porque la denuncia que hacen las abogadas de Hijos y de la Red de Infancia Robada es que el disparador de esta idea de investigar a la víctima y poner en duda si estuvo embarazada o no, era la actuación del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que, en realidad, está para asistir a las víctimas y no para investigarlas", concluyó.