La isla El Espinillo, ubicada frente a la costa rosarina y de la cual un sector del territorio pertenece a la provincia de Santa Fe, es el lugar en el que eligieron vivir alrededor de veinte familias que ya atraviesan hasta su séptima generación. Toda una historia frente a la ciudad, que incluso integra al proceso educativo en la escuela a la que asisten 22 chicos. Pero incluso allí, en la tranquilidad de la naturaleza, irrumpen los conflictos interpersonales. Como si no bastase con el problema generado por los cambios climáticos y las crecidas del río que trae como consecuencia el anegamiento de las tierras, los habitantes de la isla protagonizan hace más de quince años la disputa con un supuesto dueño del territorio que ya ha generado varios escenarios violentos. Si bien históricamente la estadía de estas familias está legalizada por el Estado santafesino, recién en las últimas semanas el tema ingresó a la agenda política en búsqueda de una solución.

Oficialmente, el territorio que comprende El Espinillo pertenece a la provincia de Entre Ríos, con excepción de un pequeño sector. De las más de 250 hectáreas que tiene el terreno, sólo diez fueron expropiadas por el gobierno de Santa Fe en 1947, bajo el mandato de Waldino Suárez. Esta parcela fue otorgada al Ministerio de Educación en una campaña contra el analfabetismo, que también incluyó la creación de otras escuelas rurales, con el fin de que se fundara allí un establecimiento educativo para los niños que habitaban la isla. Fue entonces que se creó la escuela Nº 1139 "Marcos Sastre", la misma que hoy sigue funcionando con apenas 22 alumnos. En diálogo con Rosario/12, Rubén Ferreyra, director de la escuela, explicó que a partir de aquella expropiación se le dio la potestad a la cooperadora escolar para que se otorgaran permisos precarios a las familias isleñas con el fin de que se asentaran allí y se garantizara el proceso educativo de los niños. Es allí, dentro de esas diez hectáreas, donde conviven estas familias que hoy intentan resistir al conflicto.

Ferreyra ocupa el cargo de director desde hace tres años, sin embargo está al tanto de la historia del apriete que hoy padecen los vecinos de El Espinillo. "El conflicto lleva más de quince años. Este hombre de apellido Acosta dice ser el dueño de la isla por haber pagado los impuestos", explica el docente a la vez que justifica que el supuesto propietario nunca presentó argumentos legales que avalaran su postura. Según el relato de Ferreyra, Acosta, que posee un rancho del otro lado de la isla sobre la costa del Paraná Viejo, se traslada a caballo junto a dos hijos adultos para amenazar a los habitantes del terreno, pidiéndoles el pago de un alquiler a cambio de que puedan permanecer allí. "Ha estado acosando permanentemente a las personas de la isla, cometió atropellos atacando a la gente cuando intentaba hacer un rancho o mejorarlo, incluso quemó un rancho cuando sus dueños no estaban", aduce el director de la escuela.

En este sentido, una de las razones que argumentan los isleños amenazados, es la antigüedad de sus familias. De los sesenta habitantes que tiene el terreno hoy en día, algunos son parte de la séptima generación que viene heredando esta forma de vida. "Sus abuelos vivían ahí y están pretendiendo desalojarlos, no tiene sentido moralmente ni legalmente, porque esa tierra tiene dueño y es el gobierno santafesino, que tiene que plantar la pata fuerte y se acabó la historia", analiza Ferreyra.

A nivel político, en la provincia de Santa Fe este conflicto llegó a la legislatura a través del diputado de Nuevo Encuentro José María Tessa. El legislador explicó que la cesión de las islas a la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos se dio como parte de las políticas impuestas por el gobierno de facto de la última dictadura cívico militar, y que por dicho motivo no se tuvo en cuenta la postura de los pobladores del territorio ni hubo con ellos acuerdos de ningún tipo. "A casi 40 años de recuperación de nuestra democracia, es deseable que instituciones como la Cámara de Diputados, que es conformada por mandato del pueblo, comencemos a ocuparnos de este tipo de acciones, medidas y políticas aplicadas durante el terrorismo de Estado", argumentó Tessa, mientras instó al gobierno provincial a tomar cartas en el asunto con la presentación de un informe que explique las medidas a implementar en pos de la solución del conflicto.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, se reunió en la ciudad de Santa Fe con sus pares entrerrianos de Gobierno y Justicia, Adán Bahl, y de Producción, Roberto Schunk. El encuentro se dio a partir de las intenciones de mediar en el conflicto, para que a través de convenios de colaboración se apliquen políticas conjuntas con el fin de regularizar la situación de los isleños que mandan a sus hijos a la escuela de El Espinillo. Para esto, se contempla la posibilidad de llevar a cabo un relevamiento de los establecimientos y viviendas existentes en la isla.