Las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini pidieron esta semana la elevación a juicio oral del ex capellán de la policía rosarina Eugenio Segundo Zitelli por el delito de genocidio. En la presentación lo consideran "coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas con la agravante en concurso real con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos". Para las letradas "el apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II tuvo nombre y apellido: Eugenio Segundo Zitelli".

Al momento de los hechos Zitelli- de 82 años y que habita en el Instituto Cristo Rey de Roldán- se desempeñó como Capellán de la UR II, cargo que ocupó hasta diciembre de 1977, ascendido al grado de Oficial Principal y luego trasladado a la Unidad Regional IV de Casilda. Previamente revistó como agente, presbítero, cabo y cabo primero de la Jefatura de Policía de Rosario.

En su función, habría participado de las "misas, confesiones y entrevistas" con los detenidos y detenidas en la mencionada dependencia, en su carácter de capellán de la Policía, de lo cual resultaría una pieza más para el funcionamiento y sostén del mecanismo represivo existente en ese sitio, rol relevante en el engranaje represivo como veremos en base a las declaraciones de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones.

Las víctimas fueron Patricio Downes, Tomasa Verdúm, José Raúl Villarreal, María del Rosario Ortíz de Villarreal, Miguel Angel López, María de las Mercedes Sanfilippo, Olga Delfina Cabrera Hansen, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Darío Castagnani, María Herminia Acevedo de Fernández y Mónica Cattoni.

En el pedido de elevación a juicio las abogadas hacen mención al caso de otro sacerdote: Santiago Mac Guire, víctima en la causa Guerrieri. quien dio cuenta que "Zitelli además de su actuación en el SI, concurría al Destacamento de Inteligencia 121 junto con los miembros del aparato represivo, Destacamento que cumplió un rol esencial en la masacre de nuestro pueblo en esta región".

La abogada Durruty expresó a Rosario/12 que "es un día trascendental para la justicia rosarina, llevamos a juicio al ex capellán de la policía, todo un emblema de la responsabilidad eclesiástica en el genocidio dada su función como integrante de la patota de Feced. Lamentamos que no haya habido un claro mensaje de la iglesia local, que hasta ahora mantiene su derecho al trato de monseñor, a dar misa y escuchar confesiones, a pesar de los pronunciamientos de la justicia. La cámara tuvo por acreditado que Zitelli conocía todo lo que ocurría en el SI, e incluso el destino seguido por las víctimas, dando el ejemplo de César Tabares, dado que Zitelli fue quien notifica al padre Cantilo de su asesinato, e él se lo transmite a su esposa, hoy querellante, Alicia Ferrero".

En igual sentido la otra abogada querellante Jesica Pellegrini explicó a este diario que " requerimos la elevación a juicio de Zitelli como coautor de los delitos de privación de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita calificada, todos ellos modos comisivos del delito de genocidio y de asociación para cometer genocidio. Su rol dentro de la patota era aprovechar su situación de sacerdote para perpetuar el sufrimiento de las víctimas, que se esperanzaban ante la aparición de una sotana en el centro de detención. Era uno más de la patota".