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La Municipalidad de Granadero Baigorria emplazó a los propietarios del predio conocido como La Calamita a retirar un stock de garrafas depositadas allí, debido a la vigencia de una medida cautelar de no innovar dispuesta por el juez federal Marcelo Bailaque. "No hay ninguna habilitación municipal para realizar ningún emprendimiento comercial en ese lugar", afirmó el secretario de Gobierno, Adrián Playa, luego del alerta emitido por militantes defensores de derechos humanos para preservar el ex centro clandestino de detención que funcionó allí durante la dictadura cívico militar.

Desde la Red Federal de Sitios de la Memoria consideraron, no obstante, que el espacio de interés para la investigación del accionar del terrorismo de Estado en La Calamita está preservado y sin riesgo de ser alterado a pesar de las actividades comerciales que denunciaron en el predio. Así lo transmitió la titular del organismo nacional, Judith Said, ante la consulta de este diario. La semana próxima se reunirán las partes involucradas en el asunto, incluidos los propietarios de la finca que exigen la libre disponibilidad del predio, afectado en una parte por una medida judicial de no innovar.

Desde la Municipalidad de Granadero Baigorria ordenaron una inspección la semana pasada a partir de que la ONG Documenta Baigorria denunciara intervenciones privadas en el predio, a pesar de la vigencia de la medida cautelar de no innovar emitida por Bailaque para preservar pruebas. El organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le había planteado el mes pasado al municipio baigorrense la información que le hicieron llegar vecinos acerca de "maniobras de un camión que descargó garrafas" en esa finca de 24 hectáreas en las afueras de la ciudad, hacia la autopista a Santa Fe.

Consultado por Rosario/12, el secretario de Gobierno sostuvo que desde el municipio habían informado a la Justicia sobre esa situación "un par de meses antes" que lo denunciaran los organismos de derechos humanos, y que la semana pasada recibió desde el juzgado de Bailaque la orden de actualizar ese informe. "En principio, no hay un negocio allí, sólo que el hijo del cuidador le llevó a su padre esas garrafas para que se las pinte. Nada más. Pero de todos modos, tampoco corresponde y por eso ordenamos que las retiren en forma urgente. Esta semana se cumplirá el plazo", afirmó Playa, que descartó de plano la existencia de habilitación municipal otorgada a la familia Benzadón para que emprenda una actividad económica en La Calamita.

Said, en tanto, se manifestó conforme con el informe brindado por el municipio e interpretó que el sector de la finca de interés para el programa de Sitios de Memoria no corre riesgo de sufrir alteraciones, porque lo que se usa es externo al emplazamiento del ex centro clandestino. La funcionaria nacional adelantó que solicitó para "los próximos días" una reunión con representantes del municipio, del juzgado federal nº 4 y con la familia propietaria del predio, con el propósito de arribar a un acuerdo que permita "en un corto plazo" formalizar la nominación de La Calamita como Sitio de la Memoria, tal como se hizo en setiembre con dependencias del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, y como se hará también con la escuela Osvaldo Magnasco y el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán.