"Al año de estar juntos, él creyó que yo tenía relaciones con el padre de mis hijos mayores y una noche me tomó de los pelos contra el portón. Me gritaba `prostituta' mientras me sostenía las manos por la espalda, como a un preso". Ese fue el primer hecho de violencia que recuerda haber sufrido Graciela, por parte de un ex policía funense al que padece hace trece años. Luego de hacerle varias denuncias en la seccional 23º de Funes ﷓que según dijo "nunca llegaron a la Justicia"﷓, la semana pasada lo acusó en la Fiscalía Regional, donde tienen denuncias cruzadas. Allí se investiga el caso. Graciela pidió un botón de alarma, pero el sistema de seguridad no llega Funes, donde vive con su hijo de nueve años. Como paliativo, el fiscal de la oficina de género, Fernando Rodrigo, puso una custodia policial. Sumado a ello, el viernes Graciela recibió la mala noticia de que "fue revocada" la exclusión de hogar para su ex, que había logrado después de mucho trajinar. "Mi defensor, Alberto Planas, me dijo que así como yo pedí la exclusión, él puede pedir volver", dijo angustiada. Hoy tiene una audiencia para pautar la cuota alimentaria, pero teme que el hombre vuelva a la casa. Graciela está "desesperada" y se apoya en el grupo de consejeras de Fernanda Serna y Nora Giacometto, quienes denunciaron la falta de botones de alarma para las víctimas, cuestionaron la "inacción" de la Fiscalía Regional, en la materia; y lamentaron que "el Estado está ausente".

Luego de una relación de 18 años con el padre de dos de sus hijos, Graciela se separó. En 2001 conoció a Ricardo A., quien hacía tres años había dejado de prestar servicios en la policía, y tenía un remís. "Con cada discusión me trataba como a una detenida", contó Graciela. Luego del primer episodio de violencia, ella lo echó de la casa donde vivía con sus hijos de cuatro y cinco años. "Me esperaba con el auto durante horas. Mis hijos lo veían y se largaban a llorar. El me repetía que me amaba, y yo en cierta forma lo quería y cedía", rememoró. La relación llevó a que perdiera su trabajo y le remataran la casa. Entonces, vio la posibilidad de irse con sus niños a Neuquén, donde vive su hija mayor.

"En seis meses conseguí un trabajo, un lugar para vivir y hasta estaba en pareja con un abogado. Pude rehacer mi vida", dijo. Sin embargo, Ricardo viajó a buscarla, le prometió que cambiaría y le pidió casamiento. "Nos casamos y a los dos días me enteré que no se había divorciado de su ex mujer, con quien tiene dos hijos". Frente a ello, ahora reclama una nulidad de aquel matrimonio. "Todo fue una mentira, estaba llena de dolor y bronca", relató. Por esos días, fue atacada otra vez y terminó lastimada luego de que él la estampara contra un vidrio. La salvaron los vecinos. Ricardo, quien debió irse por orden de la policía neuquina, la acusaba de "loca" porque había perdido un embarazo.

A finales de 2003, ella volvió a Rosario para pasar las fiestas de fin de año. "No sé cómo se enteró que yo había vuelto y me fue a buscar". Días después, decidió volver a Funes y al tiempo quedó embarazada. "Fue un calvario. Vivíamos con sus padres, que eran tremendos, y él no estaba nunca, pero cuando estaba me reprochaba que ese hijo no era suyo. A los cinco meses de embarazo, el bebé se dio vuelta por lo mal que yo estaba", y nació con síndrome de Down. "Me las arreglaba como podía, y aguanté pensando que las cosas iban a cambiar. Aunque hacía presentaciones en la Justicia, él incumplía". Sus otros dos hijos ahora viven con el padre; y Graciela asegura que el acusado "es violento hasta con el nene", y que lo usa para lastimarla. En agosto, se lo llevó durante tres días. Cansada, Graciela consiguió dinero para una nueva exclusión de hogar ﷓de la casa que era de los padres del agresor, donde vive ella﷓, pero ahora está en riesgo. La semana pasada, él la interceptó cuando bajó del colectivo; y ella llamó al Comando Radioeléctrico ﷓porque en Funes "tampoco funciona el 911"﷓. La policía los llevó a ambos a la comisaría 23º, donde el hombre "tiene conocidos". Allí fue maltratada y la dejaron demorada varias horas.

El relato de Graciela continúa en torno a las estrategias del agresor para mantener el contacto, pese a las órdenes judiciales que comenzaron en 2007. También se quejó de la comisaría, que no giraba las denuncias porque el hombre "tiene un amigo ahí"; y apuntó al Juzgado de Familia Nº 5, donde "demoraron un mes en firmar" la última exclusión; a la Fiscalía Regional, al defensor público Planas y a una abogada particular. "Sandra Villafañe se vendió y no me defendió más", sostuvo, como el colmo de la situación.

Fernanda Serna, que también fue víctima de violencia género, se quejó. "Le pedí a la Fiscalía un botón anti﷓pánico para ella; pero no hay. De ahí nos fuimos al Teléfono Verde de la Municipalidad, y me dijeron que para casos de extrema urgencia, se consigue en un mes. Y si hubiera, no llega a Funes. Tampoco hay refugios". Las voluntarias, Serna y Giacometto, atienden casos y guían a las mujeres agredidas. "Hay mujeres que fueron solas a hacer denuncias a Fiscalía y se les rieron en la cara", aseguró Fernanda.

En el Ministerio Público de la Acusación hay cuatro causas contra Ricardo A., incluso, de una pareja anterior. Se trata de amenazas y desobediencias, por los reiterados incumplimientos a las órdenes de exclusión que se sumaron a la nueva denuncia de Graciela.

Para fines de octubre, habían ingresado más de mil denuncias por violencia de género a la Fiscalía Regional. En ese período, se entregaron cinco botones de alarma. El sistema -aclararon- no depende de la Justicia, sino del Ejecutivo.

Rodrigo, a cargo de la oficina de género, negó que las mujeres reciban el trato denunciado por las voluntarias, y aseguró que "es mejor tomar las denuncias a las víctimas, porque si no el relato se ve interrumpido por otra persona".

La semana pasada lograron sortear el paso de darle intervención a la Municipalidad -mediante el Teléfono Verde- para la tramitación del botón, y lo harán directamente con la Secretaría de Políticas de Género de la provincia (que lleva 35 entregados), desde donde indicaron no tener conocimiento de que falten esos adminículos.

En tanto, la oficina busca alternativas con dispositivos que funcionan desde el celular. "Hay dos posibilidades para implementar: una que se usa en Buenos Aires, que es una aplicación que se baja desde el celular; y otra que fue creada por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, que funciona apretando un solo botón del teléfono y se manda una señal de alerta a tres personas que la mujer determine previamente", reveló Rodrigo.

Para los próximos días, la Fiscalía planea poner en funcionamiento un teléfono de turno específico para la problemática y para dar instrucciones a la policía con un protocolo especial de actuación.