El juez de Menores, Juan José Carmona, nuevo titular de la 4ª Nominación del fuero, espera que el poder político considere a los chicos como personas completas y formule políticas sociales para que sean sujetos de derecho. Esa idea la formula para Santa Fe pero sostiene que la provincia "no puede sola" y que debe haber políticas nacionales que comprendan a todos los estados, incluidos los municipios. Carmona lleva 27 años de trabajo en el Poder Judicial y desde 1995 fue juez de Menores en Villa Constitución. Desde su nueva responsabilidad sostiene que el juez no puede ser productor de las políticas sociales que invoca como necesarias y en cuanto al reclamo de algunos sectores sociales en cuanto a la baja de la edad de la imputabilidad de los menores explica que no es un tema que él discutiría si por el contrario no existe un nuevo sistema penal juvenil que incluya instituciones socioeducativas y la prevención política y social que permita sacar gran parte de la población de niños y adolescentes de todos los bordes en los que se encuentran. Sobre el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario y el Centro de Alojamiento Transitoria (CAT) opina que no son los lugares adecuados.

--¿Cómo encuentra al fuero de menores de Rosario?

--Creo que en el tema de la Justicia de Menores, no sólo en Rosario, sino en Villa Constitución, en Santa Fe, en Entre Ríos, la queja es igual por parte de la sociedad civil como de los actores que están en el Poder Judicial. Esto es que los jueces no cuentan con recursos y los chicos entran por una puerta y salen por otra. Y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, el lugar más fuerte de la Argentina en cuanto a la situación de crisis que tiene mucho que ver con las grandes concentraciones urbanas, la exclusión y la des-ciudadanización. A veces dicen que un juez habla mucho de política, pero hay que hacerlo porque de lo contrario hay cosas que no se pueden explicar. La situación que tenemos hoy se veía venir hace mucho tiempo porque le dieron al juez de menores un rol de productor de políticas sociales y no puede serlo.

--¿Se le pide más de lo que puede hacer?

--El juez está en medio de la noche lidiando, consiguiendo camas, respiradores artificiales, lugares. La demanda social le pedía que resolviera la situación de un chico de la calle, de uno que delinque, de otro en estado de abandono cuando se debería contar con políticas sociales para que tantos sectores no estuvieran en la calle o no estuvieran tan desposeídos. Entonces convendría preguntarnos cómo definir al Estado y es justamente el que puede inscribir legalmente a los niños, no en los Tribunales, sino en las escuelas. Allí es donde se aprenden las reglas del vivir juntos y formar ciudadanos. Había un sistema educativo formal que permitía el pasaje de la niñez a la adolescencia para a aprender a vivir juntos. Algo tan simple como decir 'no avancés sobre el cuerpo de tu compañerito', una regla que nos atraviesa y que se enseña en el sistema educativo formal. Una de las pérdidas muy graves en la formación de los niños es el sistema educativo que fue derrocado, o se descentró y ocurren estos pasajes tan raros como que hay un Ministerio de Educación nacional cuando la educación está en manos de las provincias... No sé de qué estamos hablando. Hay un sistema simbólico y otro que tiene que poner los bienes materiales. ¿Es lo mismo una escuela en Quitilipi que otra en el centro de Rosario, es lo mismo el que va que el que no va a la escuela? ¿Podemos hablar de deserción o debemos hacerlo de expulsión escolar?

--¿Y qué propone, en qué piensa?

--Estamos hablando de niños que producen un hecho o hechos graves y no hablamos de por qué llegaron a esa situación. Y hay que pensarlo si no queremos volver al Medioevo y hacer murallas. Hay que empezar a invertir en educación pero también en todo lo que signifique políticas sociales que hagan que no esté tanta gente fuera del borde. En general no se sabe lo que se ve en los juzgados que son personas que llegan y hace dos días que no comen. Entonces hay muchos niños que, una vez instalado el deseo como ocurre con cualquier adolescente, necesita agua, va y la procura. De la manera que puede, sin ningún registro de angustia y sin ningún registro de legalidad. Está bien que cuando ocurre el hecho intervenga la Justicia pero ¿qué hacemos hacer para que no se llegue a esa situación con pibes que están totalmente por fuera de todos los elementos para vivir dignamente?.

-Usted habla de un nuevo sistema penal juvenil distinto al actual. ¿A qué se refiere?

--A que el juez es un funcionario jurista, cumpliendo el debido proceso y que actúa de manera posterior al hecho, con lugares de alojamiento de contenido socioeducativo. El pibe ya no tiene angustia porque a él le ha ocurrido toda la violencia del mundo y devuelve violencia. No puede registrar estas reglas del vivir juntos en un lugar que le paga con tanta violencia.

--¿Qué piensa de lugares como el IRAR o el CAT (Dorrego 950)? Sobre este último el Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación aconsejó al gobierno provincial que lo desmantele.

--Que no son los lugares adecuados... De todos formas hay que aclarar que cuando hay pibes que cometieron hechos graves -lo aclaro porque a veces roban una manzana y quieren matarlos- tienen que ser reinstalados en la ciudadanía con su período de pérdida de la libertad. No hay otra. Pero el juez está en una disyuntiva. Hay dos clases de equilibristas en la sociedad. Uno es el pibe que no tiene nada, el otro es el juez que está entre la impunidad del chico, algo que es terrible para ese mismo chico, porque no lo hace sujeto de derecho -sino que lo constituye en alguien que es pura máquina de deseo y de actos- o el encierro infrahumano. Están esas dos líneas. Si decimos que el chico no puede quedar afuera para que adquiera ese registro de la legalidad con un conjunto de saberes y de profesionales que lo ayuden, debe hacerlo en lugares socioeducativos.

--Cuando hay víctimas como en el caso del asesinato de Luciano Drovandi se escucha el pedido de una parte de la sociedad por Justicia y por más castigo, en general para los menores.

--Hay que pensar en lo que habría que hacer antes para que no ocurran estos hechos. En un caso como el de Drovandi hay mucho dolor y está bien que se pida justicia pero está también la 'sociedad sacrificadora' que es la que cree que todo se resuelve con más policías y con penas más duras. No creo que sea de ese modo.

--¿Qué espera del poder político desde su lugar de juez de Menores de Rosario?

--Conozco algunos funcionarios y a otros autores que estamos tratando de sensibilizar al poder político para que asuma otras decisiones. Yo me refiero a Santa Fe pero creo que Santa Fe sola no puede sino que es una política que tiene que nacer del estado nacional y ser diagramada como para que participe el Estado provincial, municipios y comunas. De lo contrario no se puede. Hay tantos actores y tan superpuestos que no sirve. Porque atienden a un chico desde Salud Pública que tiene agujereado el intestino y es el mismo niño que no pudo ir a la escuela o que a lo mejor está embretado en un conflicto con la policía y está en el juzgado. No hay que tomar pedacitos del niño sino tomarlo entero para que sea un sujeto de derecho. Yo estoy convencido además que desde el poder político necesitarían menos dinero si tuvieran un mapa de los lugares más conflictivos, de las familias que más problemas tienen y allí vamos. Con educación, con formación, con trabajo para las familias. Esa es la forma de prevención.

--¿Y qué piensa de los pedidos de baja de la edad de imputabilidad del menor?

--En un nuevo sistema penal juvenil y donde haya lugares de capacitación, ocupación y responsabilización no tendría problemas con la baja de la edad de imputabilidad. Pero yo ni siquiera lo discutiría en tanto no esté todo lo otro. Pero no así, no en la realidad actual, porque los pibes tendrían como final la policía.