Desde el viernes pasado, la ciudad cuenta con una sede del programa Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo), que dirige Julián Axat a nivel nacional, con el "objetivo de acercar la justicia a la comunidad, no desde la lógica de la persecución penal sino de la restitución de derechos", según adelantó uno de los responsables del Programa en Rosario, Pablo Codarín (foto). Junto a Martín Gambacorta (foto) llevarán adelante esta iniciativa que comienza su acción en un barrio emblemático, Las Flores Sur, y con una forma de atención, al menos, novedosa: hasta que tengan sede propia, estarán en la plaza Nuestra Señora de Itatí del barrio Las Flores (Rosa de Nácar y Flor Silvestre), adonde los vecinos pueden recurrir para consultarles sobre sus dificultades. "Trabajamos con población en condición de vulnerabilidad, y por esto se entiende a niñas, niños, adolescentes, ancianos, mujeres, discapacitados. Son personas que tienen dificultad para hacer valer sus derechos en el sistema de justicia y nuestro rol es el de acercarlos, facilitarles las cosas", agregó Codarín.

En sus recorridas previas descubrieron, por ejemplo, que muchas de las personas con alguna discapacidad desconocen los derechos que les corresponden. "La lógica del programa es facilitar el camino que lleva a un ciudadano común, muchas veces de manera burocrática o engorrosa, a la resolución de conflictos y acortar esa brecha", agrega Gambacorta. Por su experiencia previa de trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, sabe que "al ciudadano común, cuando lo mandás a Tribunales, al centro, ya no sabe cómo llegar, no sabe dónde ser atendido, no sabe qué trámite llevar a cabo, es mal atendido, se frustra. Nuestra tarea es allanar el lenguaje y facilitar ese tránsito". Por eso, consideran que una pata fundamental del programa es la difusión de los derechos de la ciudadanía.

Atajo surgió de "una herramienta internacional de Derechos Humanos que se llama las Cien Reglas de Brasilia, que establece las condiciones de vulnerabilidad y la obligación de los estados de tomar acciones positivas. En ese marco, la Procuración General de la Nación toma este programa.

Se trabaja en conjunto, nuestro trabajo depende mucho de la articulación. El caso puede llegar a conocimiento nuestro, tenemos la potestad de recibir denuncias o noticia críminis (que nos informen algún hecho delictivo) y desde ahí coordinar, con las fiscalías de Rosario o directamente con las Procuradurías, de Trata de Personas y de Narcocriminalidad por ejemplo, que no tienen sede física fuera de la Capital Federal".

Si bien se trata de un programa de la Procuración General de la Nación, que pertenece a la justicia federal, la intención es "abordar cualquier conflictividad o problemática relacionada con estos sectores vulnerables. Si no es competencia nuestra, asesoraremos, orientaremos y derivaremos en forma responsable al área que corresponda para el abordaje de esta conflictividad", puntualizó Codarín. Orientar a la víctima será una premisa. Cuentan, como ejemplo, la situación de una mujer que quiso denunciar a un hombre por abuso sexual en la comisaría, pero en el lugar, el agresor se le había adelantado.

"Nosotros orientamos jurídicamente y también hacemos un seguimiento. No le decimos a la gente que vaya a tal o cual edificio, si no que emitimos una nota de derivación responsable", agregó Gambacorta.