Rocío Gregorio tiene 24 años, está separada desde hace dos meses, desde que denunció a su ex marido, Angel René C., por violencia de género y la justicia libró dos prohibiciones de acercamiento, firmadas por la jueza de familia Andrea Brunetti y la secretaria de Violencia del mismo Tribunal Colegiado número 7, María Teresa Caudana. "Esos papeles no sirven para nada", se despacha Rocío, que ayer fue a la fiscalía especializada en género, a cargo de Fernando Rodrigo, para pedir la detención de su ex pareja. "Desde hace meses no vivo tranquila porque me hostiga, me persigue. Ayer bajó la ventanilla de la ambulancia que maneja y me insultó, antes de decirme 'qué pasa, me querés meter preso'", contó. Según la ley 26.485, el juez interviniente tiene 48 horas para citar al agresor. En el nuevo sistema penal, es el fiscal quien debe pedir la audiencia para que esa medida se realice. El agresor aún no fue citado.

Entre los episodios que Rocío cuenta asustada, al punto que evita volver a su casa, una de las veces que su ex violó la prohibición de acercamiento fue el 20 de noviembre pasado, a las 21.30, cuando en Provincias Unidas y Marcos Paz, muy cerca de la comisaría 14, el agresor la persiguió por una cuadra y luego le impidió la circulación. Rocío iba en su auto y su ex manejaba una ambulancia. Según el relato de Rocío, bajó del vehículo y le gritaba a ella para que también descendiera de su auto. "Me siguió gritando, yo seguí avanzando y me rompió a trompadas el vidrio de la puerta. Avancé 40 metros, a un lugar donde había mucha gente para resguardarme. El se subió a la ambulancia con total impunidad y tranquilidad. Llamé al 911, que llegó 20 minutos después, y me dijeron que no podían hacer nada", relató. Una semana después, el jueves 27, el denunciado volvió a cruzarla por la calle y le gritó desde la ambulancia: "Dejá de provocarme, ya vas a ver lo que te va a pasar".

Rocío confiesa que no puede "andar sola ni tranquila por la calle. No quiero ser una más, no quiero ser un numerito más en las estadísticas de femicidios".

El domingo volvió a cruzarse por la calle con su ex marido. Ella lo divisó en Provincias Unidas y Pellegrini. Al verlo, aceleró y corrió a refugiarse en la estación de servicios de Pellegrini y Perú. Allí llamó al 911, pero le cortaron la comunicación, terminó llamando a la comisaría 17ª, que correspondía a la jurisdicción. Una de las respuestas que recibió en el 911 era que había "grises" en la aplicación de la ley. "No son grises, es un tremendo hueco", implora Rocío.

Acompañada por las activistas Fernanda Serna y Nora Giacometto, Rocío concurrió a la fiscalía varias veces, para pedir la detención del agresor. Sin embargo, le dijeron que sólo podían hacerlo en caso de lesiones. "Tengo que provocar que me golpee", se quejó la víctima.

Lo cierto es que la mayoría de los mecanismos previstos en la ley nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no están vigentes. Según esa ley, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, "los organismos del Estado deberán garantizar" el derecho de las víctimas a "obtener una respuesta oportuna y efectiva", así como a "recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos". La participación en el procedimiento, "recibiendo información sobre el estado de la causa", el trato "humanizado" que evite la "revictimización" y "la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados" son otras de las garantías de la ley nacional.

La semana pasada, temerosa por su vida, Rocío mandó un mensaje a todos sus contactos, antes de ir a la fiscalía. "La Justicia no me inspira seguridad, no veo que tengan forma de frenarlo, tengo mucho miedo. Es desesperante", decía esa comunicación por whatsapp.

También solicitó asistencia psicológica, uno de los derechos previstos por la ley nacional. "Me dijeron que el Teléfono Verde ofrecía asistencia y tratamiento, y se lo pedí. La secretaria de Gestión de la Fiscalía Regional Rossana Tombetta, puso en el papel que hacía falta seguimiento, apoyo psicológico y botón antipánico. Más tarde, me dijeron que no existe tratamiento gratuito, sino que puedo pedir ayuda cuando me pase algo. Luego, Tombetta, se comprometió a gestionarlo personalmente", relató la joven.