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Como argumentos para impulsar un cambio en la ley nacional de alquileres, el Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular reveló que en la renovación de contratos de locación comercial se están exigiendo aumentos de hasta el 50 por ciento, y que incluso hubo casos en los que el nuevo canon pretendido duplicó al anterior. El resultado ha sido la existencia hoy de 1.500 locales comerciales vacíos por la elevada ambición de sus propietarios. Para esta ONG, esta situación es el reflejo de "los abusos que hacen posible una ley superada y un Estado que no controla", alertaron.

Esta entidad mantiene un relevamiento constante sobre el panorama local de alquileres. El año pasado promovió la creación de un registro único de inquilinos a nivel municipal, y ahora fogonea una ley nacional que reemplace a la 23.091, para lo cual acaba de constituirse el Frente de Inquilinos Nacionales.

Mientras tanto, sus referentes Nire Roldán y Ariel D'Orazio revelaron ayer en conferencia de prensa algunas situaciones que llegaron a su mesa. "Sabemos de comerciantes que han tenido que enfrentar aumentos de 40 a 50 por ciento al renovar el contrato de alquiler, y el locatario es rehén de ese chantaje porque ha construido en ese inmueble un valor de marca, una cartera de clientes, y de esa manera tiene que evaluar irse o aceptar semejante incremento", denunció Ariel D'Orazio, miembro de Concejalía Popular y precandidato a concejal por el Partido Social Metropolitano, en el Frente Progresista.

Los últimos casos que ayer se ventilaron fueron el del restaurante Sara de O, en bulevar Oroño 1425, donde los dueños, tras haber invertido una cuantiosa suma en reacondicionar el inmueble alquilado, se encontró con la exigencia de aumentar la locación de 15.000 a 36.000 pesos mensuales. El resultado fue el cierre del emprendimiento. Otros casos por el estilo han sido el de la disquería Zivals, en Corrientes al 800, y La Vie en Rose, en Pichincha. La misma exigencia encontró la Cooperativa El Nuevo Mejor, de Santa Fe al 1100.

"Aunque la ley lo prohíbe, imponen cláusulas de indexación cada cuatro meses, y eso ocurre porque falta el control del Estado", observó D'Orazio, quien aclaró además que esta transformación del mercado se percibe en todos los centros comerciales y corredores gastronómicos de la ciudad.

"Esto demuestra la necesidad de una legislación nueva que contemple la situación de las pymes, de los pequeños comerciantes", señaló Nire Roldán, uno de los autores del estudio, y precandidato a diputado provincial del Frente Progresista. "El boom del consumo no ha sido un boom para los pequeños actores, sino para las grandes cadenas, y los costos de alquiler y la dinámica de actualización de contratos no contempla esa realidad. El resultado se traduce en 1.500 locales cerrados. No debe ser el mercado quien imponga las reglas, por eso insistimos por una nueva ley", expuso Roldán.