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La denominada causa de los trabajadores del cordón industrial que investiga crímenes de lesa humanidad en esa región, comenzó ayer en los tribunales federales de Rosario. Se juzga los crímenes cometidos contra diecinueve víctimas, antes y durante la dictadura militar. Con la presencia del abogado Martín Livolti, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ayer declaró Mirta Castellini sobre el secuestro y desaparición de su hermana, delegada de la comisión interna del gremio de ceramistas. Para hoy se espera la declaración de familiares de José Polenta y Hugo Parente y así sucesivamente hasta la totalidad de los alrededor de 30 testigos.

La causa comenzó luego de que el juez federal Marcelo Bailaque aceptara la querella presentada el año pasado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se presentó como querellante, haciendo una recopilación de testigos, familiares, sobrevivientes y datos que aportó el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial a la fiscalía de Mabel Colalongo, quien por entonces tenía la causa Casado.

Cabe recordar que en 2013 hubo una sentencia contra Pedro Alberto Pili Rodríguez, Horacio Maderna y Osvaldo Cervera en la que los represores fueron condenados por torturas y secuestros cometidos contra el dirigente sindical de San Lorenzo, Manuel Casado. El paso siguiente de las organizaciones de derechos humanos y familiares fue intensificar el pedido de justicia por todos los asesinados y desaparecidos de la región, para que también esos crímenes puedan ser juzgados.

Según Soledad Chiodin, del Espacio por la Memoria, "el año pasado se presentó la querella, es un cuento cerrado, porque tiene toda la recopilación histórica de la situación del cordón industrial y del movimiento obrero, desde muchísimo antes del golpe, con todos los datos sobre por qué el Terrorismo de Estado actuó como actuó en esta región".

En esta recopilación histórica figuran las diecinueve víctimas de la región, consideradas desde 1975 en adelante.

El juez Bailaque ahora convocó a declarar a todos los testigos, que serán cerca de 30, entre familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos como vecinos o compañeros de militancia de aquellos años, que aportarán datos sobre la vida de sus compañeros. Entre los testigos hay delegados sindicales, el antropólogo Juan Nóbile y periodistas como Carlos del Frade y José Maggi.