La justicia federal rosarina allanó ayer durante más de seis horas la comisaría 7ª, en el marco de la investigación por la muerte de Franco Casco, el joven bonaerense que estuvo detenido a principios de octubre de 2014 en esa seccional. Del procedimiento participaron Gendarmería Nacional, la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Fiscal (Datif) y los abogados querellantes, Salvador Vera por la madre de Casco y Elsa Godoy y Santiago Bereciartúa, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Este último reveló a Rosario/12 que la medida fue solicitada por el fiscal anterior Marcelo Degiovannis, y fue concretada por el fiscal a cargo Santiago Marquevich. En el allanamiento, ordenado por el juez federal Carlos Vera Barros, fueron secuestradas las computadoras de todo el personal de la comisaría, libros de guardia y de sumarios, así como los teléfonos celulares del personal policial que estaba de turno en la comisaría el 6 de octubre.

Esto es importante porque en el secuestro anterior realizado por la entonces secretaria de la fiscal Mabel Colalongo, habían sido incautados los celulares de los efectivos que prestaron servicio el 7 de octubre cuando oficialmente se informó que fue detenido. Allí puede estar al clave, entiende el abogado. Los móviles van a ser peritados de forma completa. "Se revisarán las llamadas, mensajes de texto y las fotos", dijo el representante de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional.

Respecto del material informático obtenido a partir del allanamiento, Bereciartúa opinó que "aunque las cosas se borren, la información perdura y con un buen software vamos a ver qué hay".

Semanas atrás, la querella adelantó que tenían identificados a los policías que estuvieron en contacto con Casco por lo que pidieron la indagatoria de los policías involucrados.

Durante el allanamiento se aprovechó a concretar una inspección ocular ya que el flamante fiscal federal Nº 2 Santiago Marquevich, no conocía la dependencia. "Conocer el inmueble puede ayudarlo a comprender la mecánica del hecho", apostó el letrado.

Los jefes policiales al igual que parte del personal que se desempeñaban en la comisaría séptima cuando ocurrió la desaparición fueron trasladados.

"Es importante que el juez Vera Barros haya ordenado un nuevo allanamiento, porque denota que las pruebas sumadas a la causa han sido convincentes. De todos modos no vamos a develar estas pruebas hasta que estén firmadas las indagatorias, pero no menos importante es el material incautado, sin dudas de este análisis se sumarán elementos", remarcó.

Hace sólo unos días Bereciartúa había afirmado que "cualquier personal policial que haya estado en la comisaría durante la detención de Casco tienen algún grado de participación y responsabilidad".

Además, las querellas habían informado que el juez había habilitado una nueva autopsia sobre el cuerpo del joven, ya que la primera que se practicó fue considerada "deficitaria". Según la hipótesis de los abogados de los familiares de Casco, el joven fue detenido cerca de la estación de trenes el 6 de octubre del año pasado y no el 7, como sostuvo la versión de la Policía, y pasó dos días detenido en la comisaría 7ª. Su cuerpo fue encontrado en el río Paraná.