La jueza penal Marcela Canavesio hizo lugar (parcialmente) al habeas corpus presentado por el defensor público provincial Gabriel Ganón, a favor de las mujeres detenidas en la Unidad 5, que protestaron por las condiciones de detención y ayer protagonizaron una huelga de hambre. La queja llegó a la Justicia a fines de abril pasado, ante una serie de "irregularidades" como "requisas nocturnas" que denunciaron como "violatorias de la intimidad" de las más de 40 internas; cuestiones de atención en la salud y mala alimentación, entre otras. En ese sentido, previo a la resolución de ayer, las partes abordaron cuestiones "urgentes" en un convenio, para iniciar las mejoras. El mismo fue revisado ayer por la jueza y oficializado en su fallo. La semana pasada comenzó a funcionar la guardia de atención médica permanente en el penal, aunque deben iniciarse los trámites para la adquisición de una ambulancia; y la magistrada ordenó que las internas reciban las cuatro comidas diarias; y que se mejoren la herramientas para requisar y revisar los protocolos contra incendios.

En mayo, dos semanas después de la presentación del recurso que ataca las "violaciones de los derechos humanos tanto de las internas como de los menores que están en el penal con sus madres presas", la magistrada citó a audiencia a tres detenidas de diferentes sectores del penal, que se encuentran en distintas situaciones: una mujer enferma, una madre que está presa con su hija de tres años y una embarazada. En aquella oportunidad, las internas dieron a conocer los "avasallamientos" que sufrían dentro de la unidad. Luego, Canavesio llamó a las audiencias a diferentes actores del sistema para que dieran respuestas a los planteos que dio a conocer Ganón.

En el acuerdo entre la Defensoría, el Servicio Penitenciario y la Fiscalía resolvieron la cuestión de la guardia médica permanente, que haya una sola recorrida nocturna, los protocolos de incendio, un reglamento para requisa de visitantes y capacitación al personal, con una base de aplicación progresiva de detectores de metales y escaners. Con el convenio, también hubo mejoras en el registro de medicación e insumos que ingresan y egresan a la unidad, que era otro de los puntos críticos.

En tanto, ayer, frente al director del Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni, el fiscal Rafael Coria y el defensor Ganón, la jueza resolvió sobre cada uno de los puntos puestos en crisis.

En cuanto a la alimentación, la magistrada ordenó el inicio de los trámites pertinentes para que se suministre a las internas las cuatro comidas diarias obligatorias; y apuntó a que se tomen en cuenta las recomendaciones efectuadas por personal de la Coordinación de Alimentación y Nutrición de la Secretaría de Salud Pública municipal.

Sobre sanidad, de acuerdo a lo acordado por las partes, ordenó el inicio al trámite para la adquisición de una ambulancia; y recomendó que se agilice el estudio de la adhesión a un programa de salud mencionado en las audiencias. También ordenó que se garantice la obtención de turnos para atención de especialidades, y la realización de estudios de alta complejidad.

En relación al reclamado trato digno, y sobre las requisas a las visitas de las internas, la jueza apuntó a conservar la "dignidad humana", y ordenó la "inmediata capacitación" del personal del Servicio Penitenciario para la utilización de los elementos a utilizar en las requisas. También bregó para que "no exista agravamiento en las condiciones de detención por molestias indebidas ocasionadas a las visitas".

Sobre las controvertidas recorridas nocturnas, que incluían a personal masculino, las partes estuvieron de acuerdo en que los equipos estén formados por personal femenino, para "garantizar los derechos de las internas" que muchas veces estaban sin prendas o en una situación incómoda, antes de dormir.