El oficialismo se impuso de manera pírrica en el Concejo, donde ayer se aprobó la nueva tarifa de colectivos, por 10 votos contra 8 opositores debido a la abstención del bloque del PRO y del concejal Osvaldo Miatello. También el cuerpo sancionó dividido una ordenanza que establece desde el año próximo dos actualizaciones automáticas -en marzo y setiembre- según el índice salarial del Indec como tope para futuros aumentos. Lo que sí votaron por unanimidad fue otra norma por la que se alimenta el Fondo Compensador del Transporte con la recaudación por multas sobre infracciones graves de tránsito, lo que sirvió para atenuar 30 centavos el incremento del boleto y redondear el precio final acordado que se terminará de conformar en diciembre. Desde hoy, el viaje en el transporte urbano de pasajeros (TUP) cuesta 5,75 pesos; la tarifa laboral, 4,90; la tarifa de uso frecuente, 4,60; 6,50 el viaje con cambio justo; y el boleto estudiantil, 2,90. El 1º de diciembre, esos valores se retocarán de la siguiente manera: tarifa de $6,30, y variantes a 5,55 (laboral); 5,05 (uso frecuente); 7 (cambio justo); y 3,15 (estudiantil).

El debate en el recinto reflejó el tenor del enfrentamiento entre la aprobación y el rechazo al aumento que prolongó más de dos semanas la previa en la comisión de Servicios Públicos y que se destrabó recién ayer un par de horas antes de que el timbre del Palacio Vasallo convocara a sesionar. "Hoy (por ayer) será un día negro para este Concejo", coincidieron el kirchnerista Roberto Sukerman y el radical en el PRO Jorge Boasso.

Boasso por izquierda

El interbloque del Frente Progresista no gastó pólvora argumentativa ni aún cuando Boasso los corrió por izquierda y les enrostró haber convertido la tarifa de un servicio público en "un precio de mercadería con criterio economicista". "La actualización automática no es nada progresista, es del conservadurismo más recalcitrante", lanzó el edil, y pidió en vano a los cinco colegas del PRO que recapaciten y se pronuncien por sí o por no, en lugar de abstenerse. Nadie le contestó desde el oficialismo, que ya tenía acordado el trámite de la sesión para arribar al difícil objetivo.

Boasso les recordó a los socialistas y sus aliados que su pretensión inicial era un boleto de $6,65, y que la fueron menguando hasta el acuerdo aprobado. "Pusieron la tarifa a remate", menospreció. Y chicaneó a Miatello, autor de la ordenanza de la actualización automática. "Me extraña, Osvaldito, vos que venís del peronismo", lo provocó. Sukerman entendió que la actualización fija implicará "nunca más discutir los subsidios, la integración del Fondo Compensador en la que la provincia está ausente: Miguel Lifschitz se los está agradeciendo -les dijo a los bloques que abrocharon el acuerdo- porque ya nadie podrá ir a reclamarle en su gobierno que aporte al transporte de esta ciudad metropolitana". "La tarifa es política, no debe ajustarse automáticamente, porque quienes usan el servicio son los de menos recursos", enfatizó el concejal del Frente para la Victoria. "Le estamos quitando a la intendenta la responsabilidad política de fijar la tarifa. Acá no hay consenso, esto sale con fórceps", se alarmó. Y replicó Sukerman que en lugar de que sea el usuario quien pague el aumento de costos, se ponga el esfuerzo en acrecentar el Fondo Compensador.

"Es un límite"

Miatello se sintió tocado por la recepción adversa y las chicanas que le prodigaron el radical y el peronista y aclaró que su propuesta "es un límite a lo que se pretenda aumentar en el futuro". Es que la ordenanza actual del TUP impone que el boleto debe fijarse según lo que mande el estudio de costos. "Con mi proyecto, se le pone un límite a lo que diga el estudio de costos porque no podrá exceder el índice de salarios del Indec. Y por otra parte, es insoslayable que un empresario se presenta a licitación en base a lo que dice la ordenanza y el pliego. Hay que darle previsibilidad al sistema, no subjetividades", contestó el edil reelecto por el Frente Renovador. Y con serenidad devolvió las ironías: acusó sin mencionar a nadie que "alguien se opone porque lo dejaron afuera" y que alguien más "planteó acá mismo que se delegue el poder a la intendenta".

La iniciativa del Ejecutivo de sacar de Rentas Generales y pasar al Fondo Compensador unos 30 millones de pesos anuales que se recaudan por multas de tránsito sí mereció el OK de todos. Eso permitió descontar unos 30 centavos de la tarifa pretendida. El peronista Diego Giuliano (Rosario Federal) no la dejó pasar: "Nos criticaron porque se dilataba la discusión, pero fue así que el Ejecutivo trajo al fin la idea de aportar esos 30 millones al TUP. No nos oponemos por capricho, sino porque pedimos calidad de servicio y no la hay, y porque la provincia sigue ausente", facturó.

El macrista Carlos Cardozo se hizo eco de ese mismo reproche. "El gobernador Bonfatti ha dicho que el transporte no le compete a la provincia, desconoce este servicio de su principal ciudad metropolitana", dijo.

En la misma línea, Lorena Giménez (PPS) puso en duda la veracidad del estudio de costos del Ente de la Movilidad Rosario que determina cada aumento, y comparó: "El gobierno provincial aporta a la salud pública de Rosario 37,5 millones de pesos al mes, y para el TUP sólo 3,125 millones; mientras que la Municipalidad pone 11 millones, y la Nación, 33,4 millones".

La argumentación del PRO en cuanto a su abstención no quedó expuesta. María Julia Bonifacio desgranó críticas comunes a la oposición, pero también contempló el factor inflación y pidió "no esperar que el sistema se caiga". En los pasillos del Vasallo se comentó anoche que para conseguir la abstención de los cinco macristas, el oficialismo le prometió apoyo en el tratamiento de cuatro proyectos de ordenanza cuya autoría es de aquellos.

Carlos Comi y Martín Rosúa, por el Frente Progresista, se encargaron de argumentar el aumento y las dos ordenanzas complementarias. Consideraron que el incremento tarifario y su modalidad resultó lo más atenuado posible, valoraron la alternativa del Ejecutivo de asignar la recaudación por multas, y defendieron el proyecto de Miatello como "un mecanismo que aporta previsibilidad, reglas claras para los inversores que estudien el pliego del nuevo sistema". El presidente Miguel Zamarini hizo votar nominalmente, se sumó también con el oficialismo, y liquidó así una polémica de dos semanas en torno a la nueva tarifa del transporte.

Fernanda Gigliani, concejala del bloque Iniciativa Popular, rechazó el aumento de la tarifa del colectivo, argumentando que "se pretende aumentar un servicio cuya calidad se encuentra muy cuestionada, cargándole además, la ineficacia en la administración del sistema a los vecinos".