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B. es menor de edad, vive en un periférico barrio de la ciudad. Hace tres meses su ciclo escolar se vio interrumpido y su vida cotidiana fue sacudida por el narcotráfico firmemente instalado en la zona. Participó un tiempo en una de las bandas que se disputan el negocio y partir de aquel momento su vida entró en riesgo por la amenaza de muerte de quienes quieren monopolizar el comercio en ese sector. Por estos días, B. tuvo que irse de su barrio y se encuentra transcurriendo por distintos espacios de la ciudad, en soledad y alejado de todos sus afectos. Está siendo acompañado por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud y desde allí denuncian que las instituciones del Estado provincial no están preparadas para abordar este tipo de situaciones problemáticas en los barrios. Hablan del exilio obligado de los pibes, mientras el narcotráfico continúa desarrollándose impunemente, ganando territorio y seduciendo con armas, drogas y dinero la vida de los jóvenes que no encuentran otras oportunidades en una ciudad que parece empeñarse en excluirlos.

La historia de B. es una de muchos de los casos que se encuentran en la misma situación por distintos barrios de la ciudad. Es paradigmático porque refleja en distintos aspectos el reclamo de las organizaciones barriales. Los pequeños focos estatales en el territorio, como ser los centros de salud, el Centro de Convivencia Barrial y la escuela, carecen de recursos sociales y económicos para abordar semejante conflictividad, muchas veces a pesar del empeño de sus trabajadores. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que trabaja en barrios como Ludueña, Villa Banana, Cabín 9, Santa Lucía, Empalme Graneros y Fuerte Apache, denuncian con ejemplos concretos el abandono del Estado hacia los jóvenes. En el barrio en cuestión, del cual se mantiene reservado su nombre por seguridad, no hay un club que los contenga con actividades culturales, sociales y deportivas.

El exilio comienza cuando las mencionadas instituciones, que intervienen en un primer nivel de conflicto, no pueden garantizar la integridad física de los jóvenes. En el caso B. tomó cartas en el asunto el equipo de crisis de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia que actúa en situaciones de alto riesgo y desde hace tres años tuvo contacto con aproximadamente treinta experiencias similares. La falta de recursos se traduce en el sin rumbo que se le destinó a este joven. En término de tres meses, primero paró en un hotel, después una pensión, luego se hospedó en un hostel y recientemente fue derivado a un Hogar de Protección al Menor. "Lo que da cuenta esto es que ni la Dirección de Niñez ni el Sistema de Protección de Derechos cuentan con lugares para alojar a pibes en este tipo de situación", afirman desde la Asamblea de Niñez. La inestabilidad continúa en otros aspectos. Si bien los gastos económicos de los hospedajes estuvieron a cargo del área de juventud de la municipalidad, los integrantes de la Asamblea denuncian que el chico carece de una seguridad económica que por lo menos le garantice la alimentación básica a diario.

B. por su parte hoy intenta reconstruir su vida participando de un taller de oficio, retomando sus estudios y siendo acompañado por un trabajador del equipo de crisis cuatro horas diarias de lunes a viernes. Pero los cuestionamientos continúan abordando la problemática desde aspectos generales. Es decir, se intervino sobre el caso de emergencia de un joven en conflicto, pero el verdadero problema continúa afirmándose. "Esta salida obligada para resguardar la vida del pibe no tiene que plantearse en términos definitivos porque así la situación que da origen al problema no se modifica", expresan desde la Asamblea, organización que agrupa a trabajadores de distintas áreas del Estado provincial y militantes de organizaciones sociales. En este sentido, critican que la intervención estatal aparece para trabajar sobre las consecuencias, sin impulsar soluciones a la causa de estos conflictos.

Desde el equipo jurídico de la organización estiman: "La estructura del poder judicial y político no tiene capacidad de responder, de realizar investigación, no están conformados completamente los equipos de trabajo". Si bien el narcotráfico propiamente dicho es un delito federal, muchos de los conflictos interpersonales que lo rodean y conducen a su núcleo son investigados a nivel provincial. Respecto de esta mención, aparece como ejemplo la ausencia de un cargo fundamental en el Ministerio Público de la Acusación, que es el de Auditor General de Gestión. En un artículo del portal digital RosarioPlus publicado en junio pasado, se evidenció el vacío de este cargo designado por la Ley provincial 13013 contemplada en la última reforma de la Justicia Penal, y que por concurso había designado en 2012 al abogado y criminólogo Enrique Font. Volcando este contexto a la vida de los pibes, desde la Asamblea explican: "Las bandas que se disputan el territorio para gerenciar el circuito delictivo del narcotráfico y el comercio de objetos móviles sigue intacto y no hay posibilidad de pensar en términos reales de que haya un retorno al centro de vida de los pibes, ni a corto ni a mediano plazo. Lo único que puede haber es una reconfiguración de las disputas de las bandas que van renovando los liderazgos".

"La realidad es que no hay capacidad de respuesta, ni económica ni intelectual para estar al día en la problemática territorial. No hay decisión de llegar con políticas públicas a algunos sectores, porque implica muchísimo recurso, tiempo, y decisión política para sostenerlas", agregan. En esta línea, ven como un factor fundamental la participación de los jóvenes en el proceso escolar: "Hay que hablar de que esto sucede en el margen de la ciudad, en la periferia, donde se sostiene a los pibes afuera de la escuela y no hay reacción del Estado. Si el pibe no está en la escuela no puede construir una proyección vital saludable. La escuela construye autonomía y saberes, y si eso no está la construcción de identidad se construye por afuera". Asimismo creen necesario que se repiensen las currículas escolares para lograr "otro tipo de experiencias educativas" vinculadas al contexto social actual.

Madres al frente

Cuando la desprotección sacude a una familia, son las madres las que muchas veces se empoderan de las pocas herramientas al alcance para intentar revertir los conflictos que atraviesan los jóvenes. F. es la mamá de B. y cuenta que cuando se va a ver a su hijo y le lleva bolsas con ropa o comida, el rumor del barrio supone que lo va a visitar a la cárcel. "El está bien, está ocupado, pero quiere estar en su casa con nosotros. Tiene el derecho de estar conmigo y sus hermanos", comenta F. agrega que cuando comenzaron los problemas con su hijo le ofrecieron una casa en otro barrio. Hoy se cuestiona disgustada por qué se deberían ir de su casa. "A mí me gusta mi barrio y el tema de la droga está en toda la ciudad", dice.

F. conoce todos los movimientos del barrio y qué sucede verdaderamente cuando las crónicas policiales hablan de ajustes de cuentas o intentos de robos. "Yo que soy una mamá sé todo, y ellos que tienen todas las herramientas no hacen nada", declara haciendo referencia a la inacción judicial y política. Hoy está más tranquila por la seguridad temporal de su hijo, pero no deja de preocuparse por la realidad que afecta a otros pibes del barrio. "Hay chicos que quieren salir y no tienen cómo, no hay nada para los pibes acá. Quieren tapar agujeros con talleres y cursos pero cuando los pibes salen de ahí siguen con su vida y a eso no le dan solución". El grito de F. es el reflejo de una preocupación que va más allá de la problemática individual y apunta a un contexto del cual es muy difícil escapar. Entre anécdotas, nombra a un adolescente pequeño del barrio que pasa su tiempo en la esquina de su casa y se pregunta: "¿En qué pensará solito en la esquina, qué ve, qué le van a ir a ofrecer?".

M. es otra mujer madre de un chico que atraviesa una situación similar. "Quiero que salga a la luz todo esto, no es bueno que una criatura de 16 años esté vendiendo y consumiendo porquerías. La justicia apaña todo esto porque si denunciás terminás muerto. No hay medio para decir basta", enfatiza. Sobre el caso de su hijo la intervención del Estado provincial ofreció mandarlo durante la semana a una escuela rural. "¿Y el fin de semana? Si el pibe viene entrando al barrio y lo matan qué me van a decir", reflexiona al respecto. Ella también cree que la solución no se encuentra en expulsar del barrio a los jóvenes: "Ojalá que las criaturas no se tengan que ir y que al propio barrio le apliquen cosas". Los integrantes de la Asamblea de Niñez consideran fundamental el resguardo de las madres, y como tal exigen a las autoridades políticas y judiciales que lo garanticen. "Ha habido madres y vecinos que denuncian y fueron víctimas de las balas de los propios narcotraficantes. Eso da cuenta de la complicidad del poder ejecutivo y judicial", afirman.

El exilio de los pibes es un problema invisibilizado que descubre un Sistema de Protección de Derechos con más falencias que aciertos. "El resguardo de estos chicos tiene que ser absolutamente temporario y es necesario desplegar estrategias definitivas de restitución de derechos. Se debe intervenir con políticas de infancia y juventud que además de seguridad garanticen educación, salud y cultura", consideran desde la Asamblea, aclarando además que dejan abierta la posibilidad de exponer sus denuncias ante los funcionarios que correspondan.