La Cámara Penal confirmó las condenas de entre 3 y 2 años de prisión condicional a un comerciante, un empleado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a la propietaria de un domicilio particular, por adulterar los medidores de luz y generar menor consumo, para favorecer la facturación. En la misma resolución, fueron sobreseídos dos empresarios y dos trabajadores de la compañía provincial. La causa llevaba diez años en Tribunales, donde es conocida como "operación cangrejo".

Los jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Luratti y Georgina Depetris confirmaron ayer el fallo del juzgado de Sentencia Nº 2, por los delitos de defraudación contra la administración pública, hurto de electricidad y daño de medidores, que alcanzó a Manuel García, propietario de un comercio, Humberto Muriel, empleado de la EPE y Graciela Scharr, quien vivía en una casa donde se detectaron irregularidades.

Los acusados usaban aparatos apócrifos para hacer retroceder el consumo que figuraba en el medidor, y así pagar menos. En su momento, el expediente fue una megacausa instruida por el entonces juez de instrucción Carlos Carbone, quien procesó a 18 personas, entre técnicos de la EPE, comerciantes y particulares. Fue luego de constatar el ardid, en 2006.

La causa se inició con la denuncia de una usuaria y también por un anónimo, en octubre de 2004. Las acusaciones daban cuenta de que los empleados de la EPE manipulaban los medidores o montaban conexiones ilegales, a cambio de dinero: se contactaban con clientes deudores y les ofrecían una supuesta solución, a partir de los medidores adulterados, que impedían registrar los consumos reales.