El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de los concejales Héctor Cavallero y Lorena Giménez (PPS) solicitando que los secretarios de Gobierno, Fernando Asegurado, y de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, "contesten concretamente" las contradicciones que surgen del informe enviado por el municipio sobre el bar La Tienda, cuyo personal de seguridad está imputado por la muerte de Gerardo Escobar. Durante la sesión, el concejal socialista Manuel Sciutto confirmó que los funcionarios concurrirán el próximo martes a la Comisión de Gobierno para brindar explicaciones sobre lo ocurrido en el bar de Tucumán al 11000, a partir de una iniciativa presentada por los concejales Roberto Sukerman y Norma López (FpV). Los secretarios irán al Palacio Vasallo luego que la intendenta Mónica Fein decidiera anteayer echar mano a un decreto para que los afters cierren a las 24, en sintonía con un proyecto que se estaba debatiendo en el Concejo.

Los ediles del PPS, al recibir la contestación efectuada por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana en donde se solicitan una serie de precisiones acerca del funcionamiento del bar ubicado en Tucumán al 1100, entendieron que surgen nuevos interrogantes y además, aparentemente faltaría parte de la documentación exigible para la habilitación de La Tienda.

"Se hace necesario explicar en mayor profundidad algunos puntos que no han sido aclarados en la referida comunicación", plantearon los autores de la iniciativa, quienes consensuaron el nuevo pedido de informes con el concejal Diego Giuliano (Rosario Federal), quien había presentado la primera solicitud, en la reunión de Labor Parlamentaria.

Entre otras irregularidades, los concejales precisan que "se evidencia que el bar se hallaba habilitado como un simple bar sin difusión musical pero que las actas de inspección advierten que existía ese hecho. Además resulta sorprendente que un lugar de ese tipo figure en su habilitación que no poseía personal a cargo y que en las actas de la GUM se comprueba no solo la difusión musical sino también la tergiversación de rubro".

También apuntaron que en la licencia de uso y libre afectación, aparece inicialmente como único titular Bautista Yassogna pero en la página posterior del mismo documento asume en ese cargo Carmen Martínez, algo que no figura en ninguna otra parte.

Los ediles quieren saber además por qué dentro de los documentos presentados para la habilitación del local se acompaña la copia del pedido efectuado por el municipio de la planilla prontuarial del único titular legalmente reconocido del bar. "Llamativamente, la fecha de nacimiento es del año 2035, algo que no llamó la atención de nadie".

Durante la semana, el concejal Jorge Boasso reveló que en base a la información remitida por el municipio de 127 actas labradas desde noviembre de 2013, sólo en dos se constataron irregularidades. "La Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios nunca comprobó ruidos molestos ni difusión musical y la GUM en prácticamente todas las verificaciones, salvo cuando el bar se hallaba clausurado, labró actas por ese motivo", plantearon en el proyecto aprobado ayer los concejales del PPS.

"El resumen de faltas comprobadas es casi irrisorio si se tiene en cuenta las informadas (tres actas), una por libretas sanitarias vencidas, otra por falta de fumigación, y una tercera por matafuego vencido, pero no se menciona ninguna otra contravención", consideraron Cavallero y Giménez.

Cuando se debatió el proyecto, Sciutto anunció que el próximo martes, a las 12, Asegurado y Seghezzo concurrirán a la Comisión de Gobierno. "Tendrían que haber venido antes", dijo Cavallero, y reiteró que "hay contradicciones en el propio informe". Sciutto le respondió: "No queremos frenar nada, el martes van a estar presentes en este cuerpo porque se ha actuado correctamente".