El Estado provincial reconoció ayer su responsabilidad en la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de Santa Fe, donde le negaron el tratamiento para el cáncer de maxilar que padecía ya que la joven estaba embarazada y los médicos que la atendieron se negaron a realizar el aborto legal que correspondía según el artículo 86 del Código Penal. Además, el gobernador Antonio Bonfatti pidió disculpas con un decreto. El fiscal de Estado Pablo Saccone firmó el convenio de reparación integral con los padres de Ana María, Norma Cuevas y Haroldo, acompañados por los tres hijos de la joven. Uno de ellos llevaba una remera que decía: "Mamá, que paguen los culpables por habernos dejado solos". Saccone firmó el acuerdo que incluye un resarcimiento económico.

Saccone, en diálogo con LT10, explicó que el dictamen implica dar lugar al reclamo por una reparación económica, aunque admitió que "poco puede reparar el dinero" ante la situación vivida. Asimismo, reconoció que "el Estado no dio la respuesta que tenía que dar y por eso se asume la responsabilidad".

Después de la firma, en la plaza Ana María Acevedo, al lado del hospital Iturraspe, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe hizo otro acto. "En un contexto en donde venimos a conmemorar el reconocimiento de los derechos postmorten de la ciudadana Ana María Acevedo, que implica avances en el ejercicio de los mismos, nos seguimos encontrando con prácticas feudales en relación a los cuerpos de las mujeres", dijo Paula Condrac, integrante de la Multisectorial y abogada que representa a la familia de Ana María. La activista subrayó que "en numerosas situaciones, que hemos podido comprobar, en este efector público se les ha impedido el libre ejercicio de sus derechos a muchas mujeres, principalmente en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, de las cuales citaremos las que consideramos más violatorias".

Por eso, Condrac recordó que "las organizaciones de mujeres tenemos la posibilidad de tener conocimiento de lo que sucede, pero no tenemos la responsabilidad que le cabe al Estado de garantizar prácticas enmarcadas en las leyes antes mencionadas".

Condrac, en nombre de la Multisectorial, preguntó: "Ante las declaraciones públicas del Ministro de Salud de garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿Por qué se sostiene al jefe de Ginecología de este hospital, declarado objetor de conciencia y que al definirse como tal, es una barrera para garantizar los mismos?".

La diputada provincial del Partido SI, Alicia Gutiérrez, presente en el acto, pidió que "no haya nunca más una Ana María Acevedo" y reclamó que la Cámara Penal "se expida sobre el requerimiento de elevación a juicio que efectuó oportunamente el fiscal Carlos Stegmayer" en la causa que tiene al ex director del hospital, Andrés Ellena, y los jefes de Oncología y Ginecología, César Blajman y Raúl Musacchio, procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por este último delito están imputados también el radioterapeuta Jorge Venanzi, la titular del Hospital de Vera Sandra Barbieri y el integrante del Consejo de Administración de ese Samco, José Manuel García. Los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Jaquelina Balangione y Oscar Burtniky tienen el pedido pendiente de resolución.