El pasado 18 de octubre Rosario/12 publicó la historia de una adolescente de 15 años que se encontraba internada en un psiquiátrico privado, caso a través del cual se desprendían distintas denuncias de trabajadoras de la Dirección Provincial de Salud Mental. La historia de esta menor no es la única, sino que se ubica en una problemática de contexto que para los trabajadores del Estado provincial tiene su origen en la desarticulación entre las direcciones de Niñez y Salud Mental. Por su parte, Fabiola Piemonte, directora provincial de Niñez, argumenta que se trata de un proceso de adaptación desde la puesta en marcha de la Ley 12.967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que por lo tanto "hay cuentas pendientes".

La historia abordada en el artículo anterior se planta como paradigmática porque reúne una serie de características que según los trabajadores se repiten en la cotidianidad. Se trata de una joven víctima de distintas situaciones de violencia, que en un primer momento fue acompañada por las áreas de primer nivel de intervención estatal, que son el centro de salud barrial, trabajadores de la Dirección de Salud Mental, y la escuela. Desde estos sectores se elaboraron estrategias para tratar el caso con recursos públicos, en un hospital y con la intervención de la Dirección Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pero a raíz de demoras en la puesta en práctica de esta medida excepcional, y como producto de una profunda crisis subjetiva, debió intervenir bajo urgencia el área de segundo nivel, que comprende a la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, enviando a la chica a la clínica psiquiátrica privada IMPAR. Los trabajadores denunciantes aseguraron que allí adentro la joven era sobremedicada y sometida a un tratamiento sin perspectivas de recuperación. En los últimos días la chica fue trasladada, pero asimismo continúa habiendo irregularidades en las condiciones estructurales de intervención estatal en casos con este tipo de complejidad.

La Ley 12.967 plantea que la intervención de las áreas de segundo nivel es necesaria cuando las de primer nivel se encuentren agotadas. Esta intervención está caracterizada por la aplicación de medidas excepcionales que según la misma ley deben llevarse a cabo por poco tiempo, para evitar la institucionalización de los menores de edad y procurar la plena recuperación del sujeto y goce de los derechos vulnerados que lo habían llevado a esa situación, como así también el reparo sobre las consecuencias que implica atravesar este tipo de procesos. Tanto los trabajadores de Salud Mental como de Niñez, acuerdan en que es necesario una mayor articulación, integral y comunitaria, que se dé sobre todo en los territorios, generalmente caracterizados por ser los sectores más vulnerables de la ciudad.

"En los barrios, todos los recursos están puestos en los dispositivos que tienen que ver con medidas represivas", expresó ante este diario uno de los trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia. En este sentido, remarcaron como ejemplos los recursos destinados a espacios ampliamente cuestionados como lo es el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) y las grandes inversiones en patrullajes de fuerzas de seguridad en las calles.

Siguiendo esta línea, plantean que en los territorios, donde muchas veces tienen su origen las problemáticas abordadas, por falta de recursos y coordinación se trabaja constantemente desde la urgencia. Esto se expresa en que no hay condiciones para trabajar desde una perspectiva ligada al fortalecimiento del vínculo con cada chico, su cotidianidad, su entorno familiar, cultural y barrial, sino que por el contrario se establece el contacto cuando el desborde de la situación es urgente. "Si no hay tiempo para construir desde la comunidad y conocerse para poder adoptar y construir las medidas de protección integral de derechos, todo se vuelve urgente", explican.

En esta sintonía, los trabajadores de Salud Mental expresan necesidades similares. "Se necesita más gente laburando y recorriendo las calles. No se debería trabajar con propuestas prefiguradas, sino que hay que hablar con los pibes, y conocer qué quieren hacer de su vida", expresó a Rosario/12 una trabajadora del territorio dependiente de la Dirección Provincial de Salud Mental. Esta inquietud va de la mano con la ley 26.657 Nacional de Salud Mental, que busca trabajar consolidando los vínculos comunitarios. En este sentido, remarcó la necesidad de que se fortalezcan las relaciones con las organizaciones sociales, centros barriales y distintos espacios que no estén vinculados a la institucionalización de los niños y jóvenes.

Los trabajadores, tanto de Niñez como de Salud Mental coinciden en que "a ambos ministerios los caracteriza la flexibilización y precarización laboral". En la segunda mitad de 2014 se decretó el pase a planta de trabajadores dependientes de los ministerios de Desarrollo Social y Salud, pero sin embargo todavía hoy muchos esperan que se concrete la medida. De esta forma es que se da lugar a los problemas en el territorio. "Se acude a los acompañantes de ambas direcciones como último recurso, no permitiendo participar de los procesos de trabajo y recorridos territoriales necesarios para un abordaje amplio de casa caso", describieron.

Esta situación es admitida por la directora provincial de Niñez, Fabiola Piemonte. "Sin ellos no somos nada. Si no tenemos un trabajador con condición estable de laburo y arraigada en el lugar, conociendo todo el territorio, las medidas se toman a ciegas", expresó a Rosario/12. Asimismo, planteó la necesidad de que el total de los trabajadores asuma el compromiso "y tome la responsabilidad que implica conocer el territorio y las problemáticas de cada una de las familias con las que se trabaja". Para Piemonte no faltan recursos, sino que "hay agotamientos de las intervenciones y todo es medida excepcional". "A veces los compañeros de territorio, por la complejidad de las situaciones, entienden que tienen limitada su intervención y ya hicieron todo lo que podían", argumentó la directora. Por su parte los trabajadores insisten en sus reclamos: "Son imprescindibles las condiciones dignas de trabajo que nos permitan participar de procesos a largo plazo".

Sobre la desarticulación entre las direcciones de la cual hablan los trabajadores, Piemonte explicó que se trata de un proceso encarado a partir de la implementación en 2010 de la Ley 12.967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. "Es difícil trabajar esta transición, la realidad va superando la puesta en vigencia de la norma y la preparación de los profesionales", sostuvo. "La Dirección es la excepcionalidad, primero tiene que haber un agotamiento del trabajo en el territorio, y recién ahí entramos nosotros con una separación del niño de su centro de vida", apuntó. Además, se refirió a la relación con las áreas de Salud: "Cómo trabajamos cada medida depende de acordar todo el tiempo, y a veces es muy difícil porque Salud y Discapacidad manejan una realidad desde el perfil de trabajo que ellos hacen y nosotros nos tenemos que acoplar". De esta manera Piemonte admite la desarticulación, e insiste en "unificar criterios de intervención y ver si vamos todos para el mismo lado".

Cuando Piemonte explica porqué en casos puntuales se toman medidas excepcionales vinculadas al sector privado, deja ver los problemas estructurales de los que hablan los trabajadores. En casos de adolescentes en situaciones de alta complejidad, la provincia no cuenta con espacios públicos para poder ofrecer un abordaje a largo plazo. A veces ni siquiera desde la urgencia, porque tal como explica Piemonte "las guardias tienen capacidad restringida". "En situaciones que necesitan tratamiento a largo plazo, las recomendaciones de Salud son efectores privados pagando la plaza desde el Estado", remarcó.

De cara al futuro, y en perspectivas de solucionar los obstáculos que se presentan para el pleno funcionamiento de estos sectores, la directora analizó: "Es una necesidad la creación de dispositivos específicos en el marco de la nueva Ley de Salud Mental para adolescentes, para tratar adicciones, patologías complejas. Que se garantice el tratamiento adecuado en el contexto de lo público". En este sentido, adelantó que se está trabajando en "la creación de nuevos espacios de alojamientos para adolescentes que quedan dentro del sistema de protección hasta que cumplen la mayoría de edad".