Luego de tres intentos frustrados, la investigación por la muerte de Gerardo Escobar pasó a la Justicia Federal, ante sospechas de intervención policial en el hecho. El juez penal Luis María Caterina declaró la incompetencia de la Justicia provincial al considerar que existen elementos "que hacen pensar que hubo participación de fuerzas del Estado", por lo que deberá investigarse como desaparición forzada. Al término de la audiencia oral y pública, que duró más de tres horas, los imputados se quejaron en voz alta porque esperaban que también se trataran los pedidos de libertad planteados, por lo que hubo gritos de familiares y la sala se llenó de policías que la desalojaron. "Pichón" era empleado municipal y fue encontrado muerto en el Paraná la tarde del 21 de agosto pasado tras estar desaparecido una semana, desde que salió de bailar del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100.

Desde el inicio de la investigación los abogados que representan a la familia de Escobar reclaman que la causa sea caratulada como "desaparición forzada", en la Justicia Federal. Ese planteo fue rechazado tanto en primera instancia como en la Cámara Penal, semanas atrás. Pero, en las últimas semanas, se sumaron elementos que reforzaron sus sospechas, y que incluso llevaron a los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria a pedir que se los declare incompetentes, ante la posible intervención policial, en la previa de la muerte del joven de 23 años.

Según recordaron ayer los fiscales y los abogados querellantes, Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet, al menos dos presos que estuvieron en la seccional céntrica la madrugada del 14 de agosto, refirieron que escucharon hablar de la presencia de Escobar en la dependencia. Uno de ellos mencionó que en la comisaría "suelen pegarles a los que llegan borrachos o por robo", expresaron sobre un dato que refuerza la sospecha de los querellantes: que Escobar fue golpeado a la salida del boliche por el personal de seguridad, y que luego fue levantado por un móvil policial que lo trasladó a la comisaría, donde también sufrió violencia, antes de morir por asfixia seca. En ese sentido, los estudios médicos indicaron que el joven no murió ahogado, sino que fue arrojado al río ya sin vida.

Otro de los presos dijo que "se enteró de lo de Escobar porque los policías de la comisaría hablaban de él, del 'quilombo' que estaba haciendo la familia". Ese día, el detenido tenía una salida para visita psiquiátrica y al regresar a la seccional "el personal policial dijo que se cortaba la salida al patio 'por el quilombo con lo de Escobar'". Sin embrago, en el libro de guardia no figuraba su ingreso, y "sospechosamente" dos móviles de la seccional no aportaron información sobre dónde estuvieron a la hora que Pichón salió del bar. De los otros dos patrulleros, se indicó que uno estuvo "estacionado toda la noche en la puerta de la comisaría", y el otro "en Funes", aunque no se indicó por qué.

Otro de los elementos que mencionaron Fiscalía y querella tiene que ver con testimonios que dieron cuenta de otras golpizas en la seccional, tras haber estado en el boliche La Tienda, o en cercanías de éste. "Pude haber terminado como este chico", dijo una de las víctimas.

Más pruebas aportadas tienen que ver con que vecinos de la zona del boliche hablaron de un presunto "acuerdo" entre los dueños de éste y la seccional céntrica, para reforzar la seguridad en la cuadra.

Por su parte, los querellantes hicieron hincapié en que pidieron nuevos informes médicos, porque pese a que el informe de junta médica habla de falta de lesiones y fracturas en el cuerpo de la víctima, su médico de parte advirtió que los genitales estaban inflamados y que tenía fractura peneana. También pidieron analizar el cráneo, ante un desprendimiento nasal y un hematoma en la zona frontal del cerebro. Además, reforzaron los dichos de la Fiscalía y fueron tajantes al decir que a Escobar "lo levantaron y hubo detención ilegal, en Sarmiento y Catamarca". En ese sentido, hablaron de la "máxima vulneración de derechos humanos".

Todas esas cuestiones fueron enfáticamente desmentidas por la defensa de los imputados, quienes hablaron de que "la mayoría de los presos no recordaba haber visto o escuchado a Escobar" en la seccional; negaron un acuerdo entre la comisaría y los dueños de la tienda; y apuntaron a que sus clientes "no pueden seguir presos".

Sin embargo, el juez -quien rechazó el pedido de apartamiento que le hicieron los querellantes- analizó que existen elementos nuevos que llevan a sospechar, tal como expresa la ley, de una desaparición forzada. "Pudo haber participación de fuerzas federales posteriormente a los golpes que recibió Escobar. De alguna manera, hubo una participación del Estado y ocultamiento posterior de la información, aunque esto demandará mayor investigación", señaló. Y agregó que "los planteos de libertad deberán ser revisados por el Federal".

Ante ello, el fallo será apelado por la defensa según adelantaron los abogados del patovica Cristian Vivas, acusados de haber "dado muerte con golpes de puño y de la rodilla" a Escobar; y de los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiceli; y los patovicas César Darío Ampuero y José Luis Carlino, imputados de encubrimiento.