El crimen del taxista Eduardo Piris puso otra vez sobre la discusión sobre la imputabilidad de los menores. El titular del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, Julio de Olazábal, definió ayer su posición: "No podemos seguir tratando a los menores como en la época del 78. Los legisladores nacionales se tienen que poner a trabajar en una ley de responsabilidad del menor. No puede ser que un menor cometa un hecho y no ocurra nada", afirmó el jefe de los fiscales santafesinos.

La ley 22.278, que establece el régimen penal de los menores de 18 años -que son niños según la Convención Internacional de los Derechos del Niño-, fue sancionada y promulgada por la dictadura militar el 20 de agosto de 1978. En su artículo primero dice que "no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad" y que tampoco lo es "el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación". Olazábal instó a "reconocer" lo que ocurre con los jóvenes en conflicto con la ley penal y empezar a modificar estas normas en términos de aplicación de penas.

En el mientras tanto, explicó, y en acuerdo con el gobernador Miguel Lifschitz, emitió "órdenes internas" a los fiscales para que las leyes existentes "se cumplan con el mayor rigor posible".