La familia de Jonatan Herrera, asesinado por la Policía de Acción Táctica (PAT) mientras lavaba su auto, reclamó que se anule el trámite del juicio abreviado para tres de los cuatro policías acusados y exigió reunirse con el fiscal regional Jorge Baclini. La movilización llegó ayer a Tribunales, una vez más, ante la cercanía con la fecha para revisar nuevamente las detenciones de tres de los imputados por tentativa de homicidio contra el chico de 23 años, que recibió tres disparos tras la persecución a un ladrón, en barrio Tablada, en enero de 2015. Para su familia, que es querellante en la causa, el acuerdo presentado por el fiscal Adrián Spelta, con un cambio de calificación --a abuso de armas para tres de los implicados--, es "bochornoso". La abogada de la familia, Cintia Garcilazo, expresó que el cuerpo de la víctima presentaba dos disparos mortales: uno en el abdomen, cuya pericia reveló que partió del arma de Ramiro Rosales, acusado de homicidio y cerca del juicio oral; y otro en la cabeza, que no se pudo determinar quién lo disparó. "Pudo ser cualquiera de estos tres policías con los que se quiere cerrar un abreviado a tres años de prisión", dijo. María Elena, la madre de Jonatan, se quebró: "Tengo derecho a saber cómo murió mi hijo y este sistema es oral".

Desde finales del año pasado, la fiscalía recibió un pedido de la defensa de los tres policías acusados por intento de homicidio, para cerrar un juicio abreviado. El fiscal atenuó la acusación para los efectivos a abuso de armas y la querella que representa al hijo de Jonatan --menor de edad-- aceptó los términos.

Sin embargo, la otra querella por parte de la madre del joven no acepta el acuerdo, por lo que éste deberá ser revisado por el jefe de los fiscales de la regional.

Ante ello, la familia presentó un pedido de audiencia con el funcionario judicial y pretende reunirse antes del 15 de febrero, fecha en la que se revisarán las prisiones preventivas de los tres imputados que contempla el acuerdo y se planteará ante el juez Gonzalo López Quintana la posibilidad del abreviado.

En diciembre pasado, el fiscal Spelta presentó la acusación contra el principal acusado, que irá a juicio oral y público, y pidió la pena de prisión perpetua.

"Pese a las reiteradas amenazas recibidas para que claudiquemos en la lucha por justicia, buscamos el esclarecimiento de los hechos. Me parece que como madre tengo derecho a saber cómo y por qué mataron a mi hijo, y para ello es necesario un juicio oral y público; porque a eso apunta este nuevo sistema penal", expresó la mujer.

Su abogada agregó que la decisión del abreviado "es violatoria porque se impide la acusación alternativa que permite el código, de esta manera se está vulnerando el principio de congruencia y búsqueda de la verdad debido a que aún restan realizarse innumerables medidas probatorias".

"En momentos en los que la provincia está discutiendo las facultades de los fiscales para realizar juicios abreviados, evitando los orales y públicos, esto resulta más que cuestionable; sobre todo en casos de violencia institucional en los que se investigan graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y sanción de estos hechos no sólo garantizan el derecho de las víctimas a saber la verdad y el acceso a la justicia, sino que ayuda a que no haya una repetición. Es grave que el fiscal en su rol como funcionario del Estado trate de cerrar un juicio abreviado en un caso emblemático de violencia institucional; la que tanto padecen los jóvenes de barrios populares y que afectan permanente y sistemáticamente a los derechos humanos de la población".

La familia --estuvo acompañada por los concejales Norma López, Eduardo Toniolli y María Eugenia Schmuck-- cuestionó "la intervención del director del Instituto Médico Legal, Raúl Félix Rodríguez, quien firmó la autopsia de este caso y también fue públicamente denunciado por su incorrecta intervención en otros casos de gatillo fácil como los de Franco Casco y Gerardo Escobar". "Se desempeñó 30 años como médico policial", recordaron.

El domingo 4 de enero de 2015, Jonatan lavaba su auto cuando una persecución a cargo del personal del Comando Radioeléctrico irrumpió en la cuadra de Seguí y Ayacucho. Los efectivos intentaban atrapar al ladrón de una juguetería cercana cuando cuatro agentes de la PAT bajaron de un colectivo y comenzaron a disparar. Tres balas terminaron con la vida de Jonatan, quien tenía 23 años, un hijo de pocos meses y un nuevo trabajo en el depósito de Falabella.