A tres meses de la muerte de Alejandro Ponce en el río Paraná, tras una persecución policial contra él y su hermano, su familia pide ser querellante para que se investigue a los efectivos involucrados. La presentación se hizo ante el fiscal Miguel Moreno, por abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Juventud, que patrocinan a Mirta, la madre del joven. "El fiscal creyó la versión de que mis hijos habían robado, pero no les encontraron los supuestos elementos sustraídos", dijo la mujer. Para el abogado Salvador Vera, "se intentó justificar (con la denuncia de robo) que lo dejaron ahogarse en el río, mientras pedía ayuda a gritos para que lo sacaran; y el fiscal sólo investigó la versión policial. Es llamativo que esté al frente del caso por la muerte y también por el robo del que acusaron a la víctima".

El 2 de noviembre de 2015, Alejandro, alias Kikí, y su hermano Luis fueron corridos en la barranca de la zona de los silos Davis, acusados de un robo. La familia asegura que los dos estaban pescando y sospecha que el personal los "obligó a tirarse" al agua, y que, después de que Luis saliera, "dejaron morir a Alejandro como a un perro, mientras le tiraban piedras y le decían `morite'", recordó la mamá. Alejandro tenía 23 años.

Según relató su hermano, testigo del hecho, estaban juntos pescando en la zona cuando un grupo de policías los empezó a perseguir. Ambos se tiraron al río para resguardarse y comenzaron a recibir piedrazos por parte de los agentes. Luis pudo salir del agua aunque con heridas cortantes en su cabeza, pero Alejandro apareció cuatro días después, sin vida, flotando en el río Paraná. Cuando la policía se llevó a Luis detenido, le dijeron que su hermano ya había salido y había huido.

Para su madre no están claras las circunstancias de la muerte, ya que hay personas que fueron testigos de lo sucedido y que "están amenazadas, porque vieron lo que pasó realmente: chicos que cuidan autos en la zona y otros que quisieron tirarse a sacarlo del agua, fueron advertidos por los policías de lo que les pasaría si lo hacían".

Tanto Mirta como el abogado señalaron que la billetera perteneciente a la parejita de jóvenes que denunció el robo no fue encontrada en posesión de sus hijos. "La billetera que le sacaron a Luis, con 40 pesos, era la suya", dijo la madre. Mientras que Vera remarcó que la misma no se condice con la descripción que hizo la víctima del robo. Además, se había denunciado el robo de un celular, cuando en realidad "se trataba de una tapita del teléfono, sin más descripción".

Ante ello, Vera criticó la investigación. "Esperamos tener fecha en estos días para la audiencia de constitución de querellante. Nos llama la atención que el mismo fiscal investigue el presunto hecho de robo y también la muerte de Alejandro. Además, es serio que no se haya llamado todavía a declarar a la madre de los dos chicos involucrados. Nos preocupa porque parece desestimarse cualquier otra versión sobre el hecho y quedarse con lo que relató la policía; cuando es totalmente exculpatoria de su accionar en el lugar. Parece que con lo del robo intentan justificar la muerte de la víctima. Y si fuera cierto lo del robo, que no lo es, queremos saber por qué los funcionario policiales omitieron el auxilio que Alejandro pedía a los gritos. Hay testigos presenciales de eso, a quienes la Fiscalía no fue a buscar y permitió que fueran presionados por la propia policía", se quejó el letrado.

Tras la presentación que hicieron la semana pasada, los abogados esperan poder analizar la carpeta judicial y a partir de ahí ver qué medidas se pedirán. "En principio son dos los policías que estarían involucrados", dijo.

Mirta lamentó que "cada día hay que sacar fuerzas de donde sea para afrontar la situación y buscar justicia". A tres meses del hecho, todavía no encuentra respuesta a su planteo acerca de que "si Alejandro robó, por qué no lo llevaron preso, en lugar de dejarlo morir mientras vieron que se ahogaba. Ni siquiera permitieron que un testigo del hecho lo ayudara a salvar su vida, porque lo amenazaron para que se fuera".

El de Kikí es un caso similar a los de Franco Casco y Gerardo Escobar, hallados sin vida en el río Paraná, a la altura del centro de Rosario, en menos de un año, y en los que también está acusado personal policial.