Las treinta familias del barrio Cullen que resisten el desalojo del predio que habitan desde junto a Sorrento y el arroyo Ludueña afrontarán esta mañana una nueva audiencia en el juicio entablado por la empresa propietaria del inmueble, Compañía Santafesina de Tierras. Y llevarán una propuesta alternativa para evitar el desarraigo y conformar a la empresa que las demanda.

Esos vecinos del noroeste resisten el desalojo desde 1999, cuando recibieron la primera orden judicial para desocupar esos terrenos, que en total cuentan doce hectáreas. La última ofensiva de la empresa consiste en otra orden judicial con el 15 de abril como último plazo para acatarla.

"Tenemos una propuesta integral de urbanización popular que solucione el conflicto por la titularidad de las tierras en este barrio postergado", dijo la edila Celeste Lepratti (FSyP). La iniciativa consiste en la creación de un fideicomiso popular para la urbanización del barrio. Proponen que la provincia y la Municipalidad se encarguen de la infraestructura urbanística, y que los vecinos paguen una cuota de hasta el 20 por ciento de sus ingresos. A la empresa demandante le sugieren la cesión onerosa de las tierras al fideicomiso que coordinará un plan de autoconstrucción cooperativa de viviendas con el Banco Municipal y el plan Abre.

"Es responsabilidad del estado y compromiso de las organizaciones sociales proponer e implementar soluciones definitivas. No es un problema entre privados, no es sólo una demanda de desalojo. Es una oportunidad para garantizar derechos", concluyó Lepratti.