La jueza Stella Maris Bertune decidió ayer volver a postergar el desalojo de las 400 familias que ocupan un terreno de doce hectáreas en Cullen y Sorrento, previsto para el 15 de abril. La resolución surge porque los abogados de las familias y de la Compañía Santafesina de Tierras, propietaria del terreno, junto a la provincia y el municipio, llegaron a un principio de acuerdo, a partir de la propuesta acercada por los vecinos para adquirir el predio a través de un fideicomiso en el marco de un plan de urbanización integral. En la audiencia de mediación, las familias estuvieron acompañadas por los concejales Celeste Lepratti (FSyP), Eduardo Toniolli y María Magnani (PJ), quienes presentaron iniciativas tendientes a resolver el conflicto. Las partes volverán a reunirse el próximo 15 de marzo para analizar un borrador del acuerdo, y un mes más tarde se rubricaría, caso contrario los propietarios podrán pedir una nueva fecha de desalojo.

El proyecto de urbanización integral de barrio Cullen, un fideicomiso que tiene como objetivo considerar el espacio como un loteo social, presenta varios puntos básicos, entre los que se cuentan los aportes que va a hacer el Estado para ejecutar las obras públicas que garanticen la apertura y pavimentación de calles, forestación, trabajos pluviales, red de agua y cloacas, red eléctrica y de alumbrado público, red de gas, forestación y espacios verdes.

También incluye el compromiso que harán los vecinos del pago del 20 por ciento de sus ingresos como cuota, y la obligación de no ingresar nuevas familias. De esos aportes, un porcentaje estará destinado a pagar el terreno, otro será para un fondo de previsión por posibles incumplimientos, mientras que un porcentaje se destinará a la autoconstrucción de viviendas sociales.

"Es una propuesta elaborada por los vecinos, que no se hace encerrada en un escritorio si no viviendo en un asentamiento irregular, padeciendo no tener servicios. Con estas bases le decimos al Estado que hay posibilidad de hacer un plan de urbanización popular, afectando el 20 por ciento de los ingresos para el pago de la tierra", dijo a Rosario/12 Analía Carrió, quien junto a Analía Abreu patrocina a un grupo de vecinos.

"Si se aprueba el proyecto, el dueño de la tierra tiene que reconocer que la vende en mayor área; es decir, como está. Esto es muy importante porque lo que encarece cualquier loteo es la obligación del loteador, mientras que la provincia junto al municipio se responsabilizan de hacer la urbanización", agregó.

Carrió explicó que si no se logra un acuerdo los propietarios pueden volver a pedir una fecha de desalojo. En ese caso, planteó, el plan B es avanzar con la expropiación, cuya ley fue presentada por los diputados Carlos del Frade y Mercedes Meier (FSyP) en la Legislatura provincial.

La abogada destacó la intervención tanto de la provincia, el municipio y el Concejo Municipal en un conflicto por las tierras que tuvo una sentencia de desalojo hace más de 10 años. Además, indicó que el Servicio Público de la Vivienda (SPV) realizará un censo que se trabajará en forma conjunta con los vecinos y las organizaciones sociales. "Las familias no quieren regalos, van a pagar los terrenos con su ingresos", planteó Carrió.

"Después de tantos años nos vamos con algo bueno", resumieron Marcela y Ana Lía, representantes de los vecinos. En relación al cronograma que dispuso la magistrada para sellar el acuerdo, Abreu precisó que el 15 de marzo se reunirán las partes, extrajudicialmente, junto a las autoridades en la secretaría de Hábitat para afinar los alcances del acuerdo. El 15 de abril, fecha en la que estaba previsto el desalojo, presentarán el proyecto a la jueza Bertune con la expectativa de firmar un acuerdo entre la empresa, el Estado y los vecinos.

"En principio, lo que se puede rescatar es que se llegó a un acuerdo entre todas las partes afectadas, aunque seguramente habrá mucho trabajo para poder llevarlo a la práctica", consideró la concejala Lepratti, autora de la iniciativa para crear un fideicomiso. administrado por el Banco Municipal. "Para los vecinos es bueno saber que hay una posibilidad de que se desestime el desalojo después de más de 20 años de conflicto. También es muy importante que provincia y municipio se comprometan para llevar adelante una urbanización en serio para todos las tres mil personas afectadas", agregó la edila.

Antes de la audiencia, los concejales Toniolli y Magnani, quienes también presentaron un proyecto en el Concejo solicitando que el municipio elabore un Plan Especial, tal como lo establece el Código Urbano, mantuvieron una reunión con la jueza Bertune a quien le explicaron la iniciativa.